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El veto, la vigilancia constitucional y la antipolítica

La sede del Tribunal Constitucional en Madrid.

Gaspar Llamazares

Después de años de legítima crítica por el veto y el consiguiente bloqueo a los nombramientos para la renovación de los órganos constitucionales del Estado, y del consiguiente deterioro de la imagen y el funcionamiento que éste ha supuesto, ahora, una vez despejado salvo para el Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, parece que toca escandalizarse y poner el grito en el cielo porque sean los partidos los que propongan, como el origen de todos los males, para que después comparezcan y los elija el Congreso de los Diputados por mayoría cualificada, cuando así lo disponen la Constitución y las leyes que los regulan, cuando no por las características de los perfiles profesionales y sobre todo por el supuesto alineamiento político de los nominados.

Todo ello, por esa equidistancia predominante en la cultura antipolítica y tecnocrática que se ha venido generalizando entre los medios de comunicación y en la opinión pública, en coincidencia con la crisis del bipartidismo y el actual predominio del populismo, no solo en la política, sino también dentro del poder judicial y de otras instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional, con la cada vez mayor polarización de sus componentes y de sus resoluciones más recientes.

Así, en vez de valorar ante todo el hecho claramente positivo que supone el levantamiento del veto establecido desde la pérdida del gobierno, en concreto por parte de la derecha, ahora, de nuevo desde la equidistancia antipolítica, se atribuye el desbloqueo a una decisión, tan inesperada como inexplicable, y por tanto como una responsabilidad compartida de los partidos políticos en general. Con ello, se diluyen las responsabilidades concretas de la derecha en el deterioro institucional, así como las razones de fondo del PP para levantar su veto unilateral, pero sobre todo se niega la importancia trascendental del acuerdo logrado como punto de inflexión en la estrategia de deslegitimación del resultado electoral y del nuevo gobierno, después de casi la mitad de la legislatura, y por tanto para la recuperación, si bien parcial, del normal funcionamiento de la democracia.

Llama la atención la coincidencia en el escándalo ante la polarización de las propuestas, cuando esta dinámica política populista es la que ha protagonizado esta década y ha constituido la principal causa del veto de la derecha que se ha mantenido hasta fechas recientes. Como si la década de dinámica populista pudiera desaparecer de un plumazo, tanto el veto de la renovación institucional y al mismo tiempo la polarización en su funcionamiento interno, sin que hubiera habido de por medio un cambio en la polarización social, en la crítica pública y la consiguiente sanción electoral.

Tampoco, al parecer, se quiere entender que superar el veto general de la derecha a la renovación institucional no se hubiera podido alcanzar a su vez con vetos cruzados entre partidos a cada propuesta, más o menos afortunada, realizada por cada uno de los negociadores, sino con la aceptación previa de las mismas en base a unos criterios de mínimos, a un clima de confianza y a la consiguiente responsabilidad política que asume cada uno con respecto a sus propias propuestas. Lo que también se ha dado en denominar peyorativamente por muchos medios de comunicación como intercambio de cromos.

En el mismo sentido de generalización  y equidistancia antipolítica, ahora toca cuestionar a todos los candidatos pactados, sin distinción alguna de los méritos individuales de los futuros componentes de los órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, basándose sobre todo en sus deméritos, atribuidos, cómo no, al sectarismo de los partidos y de la clase política en general, más allá incluso de los partidos negociadores, unos candidatos a los que además se atribuye injustamente una más que dudosa calidad profesional, así como la politización y el alineamiento partidario ya clásicos, en detrimento de su neutralidad institucional en el ejercicio del cargo, sin atender a las evidentes diferencias entre ellos, así como a la función de cada órgano y a las características de sus miembros a lo largo de todo el periodo democrático.

El problema fundamental de los propuestos se centra, además de en su profesionalidad, siempre opinable, en el alineamiento partidista de los propuestos en particular por el Partido Popular, en concreto en el ámbito del Tribunal Constitucional, no ocurre así en ninguna de las dos propuestas realizadas por el PSOE, las de Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, de las que no hay dudas ni de su calidad profesional acreditada ni del ejercicio de su función jurisdiccional con neutralidad e independencia. En cuanto al necesario equilibrio de género y el posible riesgo de la deriva de judicialización del órgano de control de la constitucionalidad de las normas, habría que tener en cuenta que todavía está pendiente la renovación de la mayoría de sus componentes para corregirlas, antes de esgrimirlas en su contra.

Lo más preocupante viene de nuevo desde la posición de una derecha que ha convertido la Constitución y el papel del Tribunal Constitucional, lejos de la letra y de su espíritu no militante, en una trinchera desde la que confrontar con el independentismo, y por extensión frente al conjunto de las fuerzas políticas que apoyaron la investidura y últimamente frente a la gestión del actual gobierno de coalición en el extraordinario y trágico período de la pandemia.

Los perfiles de los propuestos al resto de los organismos constitucionales, como en particular el futuro Defensor del Pueblo o de la Agencia de Protección de Datos, han supuesto una continuación de las características personales, profesionales y políticas, equivalentes si no mejores, de las renovaciones anteriores, salvo el caso del Tribunal de Cuentas, donde de nuevo la polarización política del tiempo populista se ha puesto en evidencia en relación a la causa del ProcésProcés.

No cabe duda que todavía estamos lejos del ideal de librarnos de la polarización política para con ello dar primacía a perfiles basados en el mérito y la capacidad y a un trámite de comparecencias con contenido real. Lo que resulta inaceptable en una democracia pluralista es el nuevo veto tecnocrático, esta vez a los profesionales con ideología conocida o con una biografía de compromiso político, cuando los ángeles sin sexo no existen.

En definitiva, asistimos al recurso fácil de la atribución de la politización como estigma y a la generalización en el demérito injusto de los candidatos, en vez de analizar la solvencia de cada uno en particular y por tanto de someter a crítica los criterios de los distintos partidos proponentes, todo lo cual libra a los verdaderos responsables del actual deterioro institucional y con ello continúa dando aliento a la antipolítica, precisamente cuando el populismo está hoy representado por la ultraderecha. Un acuerdo manifiestamente mejorable, sobre todo por parte de la derecha, y un flaco favor el de la equidistancia de la antipolítica.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa

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