Plaza Pública

Sobre víctimas, legitimidad y legalidad

El pasado 27 de junio asistí el acto anual de homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebra en esa fecha desde hace nueve años en el Congreso de los Diputados, en sesión conjunta con el Senado. Este año, de forma particularmente solemne, tuvo lugar en el Salón de Plenos. Lo hice como senador del Grupo Parlamentario Socialista, al que estoy adscrito como independiente, por Valencia. Lo hice para aprovechar la oportunidad de estar presente en ese homenaje, por respeto a las víctimas.

Por si hiciera falta, comenzaré por reafirmar que, a mi juicio, las víctimas merecen nuestro reconocimiento, recuerdo y apoyo, sin resquicios. Pero creo que hay que hacer frente a los indiscutibles y reiterados intentos de manipular de forma partidista la causa de las víctimas, como arma arrojadiza contra otros partidos o contra el Gobierno de turno. Como también a otras nada novedosas modalidades de manipulación, como la de quienes, en su condición de víctimas, y sin mayores títulos, la utilizan para obtener notoriedad mediática e incluso cargos de representación política. Por no hablar de quienes se arrogan la representación de todas las víctimas y aprovechan para sentar cátedra sobre quiénes son verdaderas víctimas y quiénes no.

Reconozco que fui uno de los que no aplaudieron el discurso de la presidenta de la Fundación de Víctimas y diputada del PP, la señora Blanco. Fue una decisión personal: otros muchos compañeros del mismo Grupo Parlamentario al que estoy adscrito sí lo hicieron. Yo no recibí consigna alguna. Diré que no actué por impulso, sino por y con convicción y que lo que aquí sigue trata de argumentar esa convicción personal. No escribo en nombre de nadie más que de mí mismo.

No lo hice, porque me incomodó buena parte de su intervención, cuando se permitió graves descalificaciones a los profesionales de RTVE por la entrevista realizada al Sr. Otegi en la víspera (creo que la elección de fecha no fue, en efecto, la más oportuna), entrevista que tachó de "blanqueo al terrorismo". No soy de los que sienten aprecio por la figura del Sr. Otegi. Creo que su posición y su actitud moral quedó muy claramente retratada ante las insistentes preguntas del periodista: lo de medir las dosis de sufrimiento "necesarias" me resultó un ejercicio insoportable de cinismo. Creo que no quedó "blanqueado", ni el periodista persiguió ese propósito en ningún momento. Como tampoco buscan blanquear a sus entrevistados la mayoría de periodistas que entrevistan a significados políticos que representan posiciones que tienen un mayoritario rechazo: de Trump, a Al Assad, a Raúl Castro, a Maduro, al príncipe saudí Bin Salmán, que ordena trocear a periodistas disidentes, o al sátrapa de Brunei, Hassan al Bolkiah, que pretende lapidar a los homosexuales.

No lo hice porque tampoco comparto su descalificación sin matices de la presencia de Bildu en las instituciones, como las Cortes Generales o los Ayuntamientos. Me parece una falacia argumentar que esa descalificación es una exigencia de la unidad de los demócratas frente al terrorismo. Estoy muy lejos del planteamiento y objetivos políticos de Bildu, porque, para empezar, defiendo la Constitución de 1978, que considero el marco sine qua non de convivencia, aunque no la confundo con las tablas de la ley: a mi entender necesita reformas, importantes e incluso urgentes. Pero me parece evidente que Bildu tiene todo el derecho a estar y participar en las decisiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado. ¡Faltaría más!

Sus representantes han sido votados por decenas de miles de ciudadanos en unas elecciones libres a las que han concurrido con los demás partidos. Bildu ha superado, pues, el test de legitimidad democrática y también el de legalidad, porque cumple con las condiciones exigidas en la legislación vigente. De otro modo, no habría podido participar en estas elecciones. Ni la Junta Electoral Central ni los Tribunales se lo han impedido, porque Bildu es un partido legal y perdonen por la obviedad. Otra cosa es que yo sostenga pactos de gobierno con Bildu: no los creo posibles por lo que ya he afirmado. Pero, por ejemplo, si presentan iniciativas en materia de extranjería, de derechos de los inmigrantes o demandantes de asilo que considero dignas de defender, estaré con ellos. Porque sería absurdo rechazar una causa justa porque lo haya dicho Agamenón o su porquero.

Y, finalmente, no aplaudí a la señora Blanco porque su discurso me pareció un ejemplo de otra falacia, la de quienes, desde la dignísima condición de víctimas, pretenden tener una suerte de derecho de veto respecto a decisiones políticas y jurídicas de calado, para decidir qué es verdad, qué es admisible, qué debe ser prohibido. Nunca negaré el derecho de las víctimas, personalmente o a través de asociaciones, para formular propuestas, incluso las que, a mi juicio, expresan una ideología de populismo punitivo, como la exigencia de cadena perpetua o aun la de recuperación de la pena de muerte ante determinados delitos. Las combatiré con los medios a mi alcance, pero me debo al respeto a su dolor, a su libertad de expresión y a su derecho de participación.

Ahora bien, una cosa son esos derechos y el respeto a su dignidad como víctimas y otra que pretendan tener la última palabra sobre decisiones políticas que corresponden a los representantes de la soberanía popular, Congreso y Senado. No digamos, la pretensión de tener la respuesta última en materia de autos y sentencias judiciales, que son siempre criticables, pero desde el respeto a las decisiones de los tribunales, que nos vinculan y obligan a todos. Menos aún si se trata de hacer una política de enfrentamiento y no la de tratar de resolver los problemas de todos los ciudadanos –también de las víctimas–, “sin daño ni favor”, como proponía J. Shklar, que debe ser el criterio para la acción de gobierno y la tarea política que todos necesitamos que se ponga en marcha lo antes posible.

Por todo ello, creo que el error es que la presidencia de la Fundación de Víctimas, que debe ser un cargo institucional, ajeno a la adscripción de partidos, la desempeñe quien tiene la condición de diputado de un partido. El que sea. A mi juicio, la señora Blanco, por coherencia con la exigencia de representar la dignidad de todas las víctimas, no debe intervenir en nombre de las legítimas opciones de un partido. O quizá, debiera elegir entre esas dos dignísimas funciones. ________________Javier de Lucas es senador por Valencia del Grupo Parlamentario Socialista.

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