Cataluña ante el 1-O

Las 14 razones del Gobierno de Rajoy contra el referéndum

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.

No puede haber referéndum porque el Ejecutivo y la Justicia han ido dando pasos en los últimos meses para que este domingo no se den las condiciones para ello. Esta es la máxima con la que el Gobierno defiende, a 48 horas de la convocatoria ilegal, que no va a haber consulta.

El Ejecutivo ha preparado el terreno para que, ocurra lo que ocurra el domingo, no se le pueda llamar referéndum. Este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno hizo un repaso de las razones por las que "no habrá ningún referéndum".

El Ejecutivo cimenta su réplica al relato de los independentistas en tres frentes: el jurídico, el de la logística y el internacional.

  1. "Convocado sin legalidad"

El portavoz del Ejecutivo recordó que la ley del referéndum y los decretos de convocatoria no cuentan con ningún soporte legal puesto que fueron "suspendidos por el Tribunal Constitucional".

Íñigo Méndez de Vigo recordó que la Ley reguladora de la consulta "fue aprobada contra la advertencia realizada por los letrados y el secretario general del Parlamento catalán y a pesar del aviso de inconstitucionalidad del Consell de Garanties Estatutàries, el supremo órgano consultivo de la Generalitat".

Además, hizo hincapié en que el debate en el Parlament que culminó con la aprobación de la ley del referéndum se sustanció en una sesión de seis horas, sin orden del día y "silenciando a la oposición".

  2."Sin Sindicatura Electoral"

El portavoz recordó que otro de los elementos de los que carece esta convocatoria electoral es la Sindicatura Electoral, el órgano equivalente a la Junta Electoral, el árbitro de la consulta.

La Sindicatura Electoral se consideró disuelta el viernes pasado después de que el Constitucional impusiera multas diarias de 12.000 euros a los cinco síndicos y de 6.000 a los 15 miembros de zona y estos dejaran sus puestos. "Renunciaron todos ellos y lo hizo público el Gobierno de la Generalidad [sic] y su renuncia fue publicada en el BOE".

Fuentes jurídicas explican que la ausencia de este órgano hace imposible que la votación se celebre con "garantías". Además de vigilar que se cumple la Ley del referéndum, al órgano disuelto le correspondería la proclamación de los resultados.

Desde el Govern se ha alentado estos días la posibilidad de resucitar este órgano el domingoresucitar .

  3. "Sin campaña electoral neutral"

Otro de los elementos que desacredita el referéndum ilegal de los independentistas para el Gobierno es el hecho de que este proceso haya transcurrido "sin campaña electoral neutral".

"La Guardia Civil requisó más de 1.500.000 carteles. Aparecieron, junto a los carteles institucionales invitando al voto, los que pedían el voto, los que pedían el 'sí' y los propios de la CUP", enumeró.

También destacó que "en la mayor parte de la prensa" no hubo publicidad institucional "tras actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña".

  4. "Sin papeletas y otra documentación oficial"

Para el Gobierno, la logística del referéndum quedó muy tocada el miércoles 20 de septiembre con las 14 detenciones y los 41 registros. "La Guardia Civil ha incautado más de 10 millones de papeletas, más actas de constitución de mesas, listado de votantes y actas de escrutinio. La tarde del jueves se produjo otra requisa de más de 5 millones de sobres y 2,5 millones de papeletas", destacó Méndez de Vigo.

La Ley del referéndum obliga al Govern a poner papeletas a disposición de los votantes. No obstante, a comienzos de septiembre, el conseller de Presidencia, Jordi Turull, señaló que se podía imprimir el material oficial sobre el referéndum del 1 de octubre desde la página web del Diario Oficial de la Generalitat.

  5. "Sin mesas electorales"

"La Guardia Civil interceptó en Unipost las notificaciones oficiales a los presidentes, vocales y miembros de las mesas. Por tanto, no hay notificación oficial de constitución de mesas electorales", valoró Íñigo Méndez de Vigo. Pese a esta afirmación, en los medios de comunicación están apareciendo en los últimos días ciudadanos que aseguran haber sido llamados a las mesas.

En la rueda de prensa ofrecida este viernes por la Generalitat se cifró en 6.249 las mesas electorales. que se constituirán el 1-O.

  6. "Sin censo oficial y sin protección de datos"

La normas de la Generalitat y el Parlament establecen que el censo aplicable –las personas con derecho a voto– es el que estaba en vigor a finales de marzo. Esto deja fuera de la consulta a los ciudadanos catalanes que hayan cumplido 18 años en los cinco meses que van desde abril al 1-O.

Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo la exhibición de ese censo para que tanto los partidos como los votantes puedan hacer reclamaciones, plantear recursos y reclamar la corrección de errores...

Méndez de Vigo destacó una noticia que acababa de producirse minutos antes del arranque de la rueda de prensa: la Agencia de Protección de Datos, "y ante consultas recibidas por ciudadanos, ha dicho que había una posible infracción de la normativa en la que podían incurrir los integrantes de las mesas electorales en el caso de que tratasen y cediesen datos de un denominado censo electoral catalán y podrían incurrir en sanciones tipificadas con multas de 40.000 a 300.000 euros".

  7. "Sin tarjetas censales"

Otro de los elementos que para el Gobierno desacredita el 1-O es la no existencia de tarjetas censales.

"Nadie ha enviado tarjetas censales, nadie ha recibido tarjetas censales en contra de lo que había prometido el señor Junqueras", relató el portavoz del Ejecutivo.

El pasado 12 de septiembre, el vicepresidente aseguró en una entrevista que las tarjetas censales llegarían a los domicilios antes de la celebración del referéndum, del mismo modo que en unas elecciones autonómicas.

  8. "Sin administración electoral"

Moncloa considera que no existe Administración electoral después de que el Govern cesase "a su máximo responsable" para intentar eludir la multa coercitiva de 12.000 euros diarios impuesta por el Tribunal Constitucional, según recordó Méndez de Vigo.

La semana pasada, el Govern acordó en una reunión extraordinaria del Consell Executiu destituir a Josep Maria Jové, secretario general de Economía y uno de los detenidos por orden del juez por su participación en la organización del referéndum.

Jové es el número dos de Junqueras.

  9. "Sin locales autorizados"

El Gobierno recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "ha dictado un auto ordenando el cierre y precinto de los colegios electorales". Y censura que "entre los locales de votación" que los independentistas quieren habilitar se encuentren "hospitales, centros de atención primaria, residencias de ancianos y guarderías infantiles" e incluso "plazas públicas". "Son ejemplos, una vez más, del casos organizativo o improvisación", destacó el portavoz.

"El presidente Puigdemont dijo que la votación iba a ser como siempre, y lo que estamos viendo es que quieren que haya una votación como sea", resumió.

  10. No existe respaldo de la Convención de Venecia

En el apartado del derecho internacional, el Ejecutivo recurre a la Convención de Venecia, "el supremo órgano del Consejo de Europa que vela por la legalidad de los procesos electorales".

Este miércoles su secretario general, Thomas Markert, indicó que la consulta no cumple "con los estándares de su institución". Además, consideró que Cataluña no ha seguido las recomendaciones de la Comisión de Venecia al decidir convocar el referéndum sin una mayoría parlamentaria cualificada.

  11. "Porque va contra el pueblo catalán"

El también ministro de Educación defendió que "esta pretensión de referéndum va dirigido contra el pueblo catalán" y expresó la preocupación del Ejecutivo por sus secuelas, en forma de "fragmentación de la sociedad catalana" y de "una dinámica de enfrentamientos" que debilita la estructura de Cataluña.

"El Gobierno quiere reiterar que solo desde el pleno restablecimiento del principio de legalidad se podrá restaurar la convivencia democrática entre todos los catalanes", manifestó.

  12. "Porque el crecimiento y el empleo no son posibles al margen del imperio de ley"

Las leyes, sostiene Méndez de Vigo, protegen a todos de "la arbitrariedad y los malos gobernantes" y "obligan a todos a ser cumplidas porque nadie está por encima de la ley", e hizo una vinculación con la marcha de la economía. A su juicio, "el crecimiento, el empleo, la modernización y el bienestar no son posibles al margen del imperio de la ley de las pautas del Estado de derecho".

Previamente, había subrayado que este proceso coincide con "uno de los periodos más fructíferos" de la historia de España. Y que Cataluña ha sido una "parte esencial" en el desarrollo del proyecto político nacional. "Ha podido desarrollar plenamente su sistema de autogobierno tal como prevé su Estatuto de autonomía, que encuentra su reflejo en la propia Constitución Española.

  13. "Porque va contra el ordenamiento internacional"

En la Moncloa destacan que el referéndum no incumple solo la legalidad española, sino también el ordenamiento internacional y, especialmente, el europeo. Méndez de Vigo sostuvo que esto "lo ha dicho y lo ha reiterado" el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

"Quien atenta contra la Constitución de un país, atenta también contra Europa", resumió el portavoz.

También recordó que atenta "contra el Tratado de Lisboa", concretamente contra el artículo 5, el que se refiera a la integridad territorial de los Estados miembros.

"Es público y notorio que el Gobierno español ha recibido el apoyo unánime de todas y cada una de las instituciones europeas y de todos y cada uno de los miembros que componen la Unión Europea", destacó.

El Gobierno admite en privado que en todo este proceso ha perdido a la hora de trasladar en la prensa internacional los motivos por los que este referéndum es ilegal. Pero destaca que, por el contrario, ha contado con el apoyo de sus socios europeos.

  14. "Choca contra todas las prácticas constitucionales de nuestro entorno"

"Ninguna Carta europea reconoce el derecho a la secesión", sostuvo el ministro, aprovechando para buscar contradicciones en Puigdemont.

Así, Méndez de Vigo destacó que "tampoco parece que esas pretensiones de autodeterminación estuviera en las prioridades de los dirigentes catalanes hace poco tiempo porque el señor Puigemont votó en contra del derecho de autodeterminación en Kurdistán o en el Sáhara. Y porque cuando en algún caso, como en el año 2014, algunos municipios catalanes, más de un centenar, quisieron poner otras urnas para ejercer también su derecho a decidir, el entonces presidente Mas mandó a los Mossos d´Esquadra precisamente para cumplir con la ley porque aquello era ilegal".

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