Por tercera vez en este ciclo político, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar conjuntamente en Castilla y León tras los de Extremadura y Aragón. Se trata de un pacto más extenso que el de 2022, cuando la extrema derecha de Santiago Abascal entró por primera vez en un gobierno con el PP con el visto bueno de su recién llegado líder, Alberto Núñez Feijóo, y que incluye la llamada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. Así, los ultras tendrán voz y voto a la hora de decir quién tiene acceso a qué subsidios.
El nuevo acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León no es, sin embargo, una simple reedición del pacto firmado en 2022. Es un pacto “más detallado”, como han repetido el actual presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, en varias ocasiones, y también más ideológico. Si aquel primer entendimiento que convirtió a Mañueco en el primer presidente autonómico del PP en gobernar con la extrema derecha se limitaba a 11 ejes y 32 medidas, el documento acordado este miércoles tiene 62 páginas, 19 bloques programáticos, plazos de ejecución y un reparto de poder que devuelve a Vox al Consejo de Gobierno con una vicepresidencia primera y tres consejerías.
Aunque el acuerdo de 2022 hablaba de "inmigración ordenada", de "educación libre de adoctrinamiento" y de "violencia intrafamiliar", conceptos utilizados por Vox de manera habitual, el de este miércoles asume la "prioridad nacional", los "menores no acompañados" las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el nicab, la revisión de "leyes ideológicas", el rechazo a la Agenda 2030 y el blindaje del campo frente al Pacto Verde europeo. La agenda de Vox condensada en un documento.
El nuevo Ejecutivo tendrá 11 integrantes, según avanzó el propio Mañueco. El PP retiene la Presidencia, una vicepresidencia segunda y seis consejerías —Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Educación; Medio Ambiente y Energía y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial— . A esto se suma que la vicepresidencia segunda del PP asumirá Vivienda, Despoblación y Protección Civil. En cuanto a Vox, volverá a tener la Consejería de Agricultura y Ganadería, pero también Política Ambiental, además de hacerse cargo de la cartera de Cultura, Turismo y Deporte y la nueva área de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. De esta manera, asume más competencias, desgajadas de las siete consejerías del PP.
La “prioridad nacional”, el “criterio inspirador”
La principal cesión del PP a Vox pasa por asumir la “prioridad nacional” y dejar que sea Vox quien asuma las competencias migratorias, aunque Mañueco lo intentó rebajar al defender que es "el mismo texto" que en Extremadura y Aragón. Es más, la presentó como una "asignación prioritaria" vinculada a un "arraigo veraz y verificable". Según su explicación, será un "criterio inspirador" que habrá que ir desarrollando "medida a medida", siempre "dentro del ordenamiento jurídico y el marco legal". Es decir, el PP asume el marco de Vox, pero, como ya hicieron la extremeña María Guardiola y el aragonés Jorge Azcón, lo vende como un sistema de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.
Mañueco, al igual que sus homólogos en Aragón y Extremadura, la asume como propia pese a que se trata de una exigencia de los ultras. En el documento se vincula al acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, y también a vivienda protegida y alquiler social. De este modo, los conservadores aceptan ordenar los recursos públicos bajo una lógica de preferencia para quienes acrediten una vinculación previa con el territorio. Es asumir la consigna racista de ‘los españoles —o los castellanoleoneses— primero”, que defiende abiertamente la formación de Santiago Abascal.
El hasta ahora portavoz de Vox en las Cortes de Castilla fue más claro. Polán situó la "prioridad nacional" en las ayudas sociales y la vivienda y defendió que el acuerdo es "más amplio" y con "medidas concretas". También quiso despejar las dudas sobre la confianza entre ambos socios y aseguró que sí “se fía” de Mañueco tras las desavenencias del pasado, ya que la relación entre Fernández Mañueco y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, no fue precisamente buena. El dirigente de Vox se marchó del partido en febrero del pasado año entre críticas a la cúpula de Abascal, a la que acusa de estar en política para enriquecerse.
Tras la ruptura del verano de 2024 por la reubicación de los menores migrantes, el PP da ahora más garantías programáticas a los ultras y un reparto de competencias diseñado para aplicar su agenda. Mañueco justificó la coalición como un instrumento de estabilidad pese a que durante la campaña abogó por gobernar en solitario. Ambas formaciones también se comprometen a aprobar presupuestos anuales durante toda la legislatura.
Vox diseñará la política migratoria, las ayudas sociales y medidas medioambientales
Pollán precisó que todavía no está cerrada la consejería que quedará adscrita a la vicepresidencia, pero sí apuntó algunas de las competencias que manejará Vox: inmigración, cooperación al desarrollo, juventud, caza, pesca y cultura. Así, la extrema derecha no sólo conserva dos espacios clásicos de su agenda autonómica —campo y cultura—, sino que entra de lleno en el terreno social mediante una consejería de familia y ayudas sociales.
En inmigración, la victoria de Vox es especialmente visible. El acuerdo incluye el rechazo a la llegada de menores extranjeros no acompañados, un plan de retorno y repatriación de inmigración irregular, pruebas de determinación de edad, supresión de subvenciones a ONG que "favorezcan la inmigración ilegal", auditoría anual de gastos vinculados a la "inmigración masiva", prohibición de abrir nuevos centros de acogida y endurecimiento del régimen interno de los centros de menores. La comunidad tiene competencias limitadas en la materia, pero Vox consigue convertir esa limitación en un frente político contra el Gobierno central.
En el campo, la extrema derecha también sale reforzada. El acuerdo habla de "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", rechazo al acuerdo UE-Mercosur, oposición a "imposiciones de Bruselas" y del Pacto Verde, simplificación de Red Natura 2000, protección de ganaderos frente al lobo, defensa de la caza y promoción de la pesca. Todo ello queda conectado con una consejería de Vox que suma agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental. Es uno de los principales saltos respecto a 2022: la extrema derecha pasa de influir en el discurso rural a disponer de un área más amplia para desarrollarlo desde el Gobierno.
El reparto también muestra una negociación clave en materia ambiental. El PP conserva Medio Ambiente y Energía, y con ello mantiene bajo su control las competencias más sensibles de incendios y energía. Pero, a su vez, Vox incorpora "Política Ambiental" a Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Ninguno de los dos dirigentes concretó qué competencias tendrán cuando fueron inquiridos por la prensa y simplemente señalaron que habrá “reajustes competenciales". Según explican fuentes del PP, la fórmula permite a Mañueco retener el mando institucional sobre incendios tras lo ocurrido el pasado año, pero concede a Vox un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.
"El que pueda hacer, que haga" 2.0: cómo el PP trata de generar más ansiedad social para ir a elecciones
En cultura, Vox recupera otra de sus grandes obsesiones ideológicas. El documento incluye la defensa de tradiciones, la promoción del español, la mejora de plazas de toros rurales, la organización de novilladas y la Ley de Concordia. A eso se suma el compromiso de revisar entidades públicas y normas que el texto califica como "ideológicas". La apelación genérica de 2022 a una historia "integradora" se convierte ahora en una agenda concreta para sustituir el marco de memoria democrática por el de "concordia".
Moreno, el barón del PP que no quiere a Vox en su gobierno
Tras Castilla y León es el turno de Juanma Moreno, el presidente andaluz, que intenta marcar distancia con Mañueco, Guardiola y Azcón. Su línea roja, por ahora, es gobernar en solitario y buscar un acuerdo parlamentario, no una coalición. El presidente andaluz considera que el resultado le da "margen de maniobra para gobernar en solitario" y que "no tendría sentido" que Vox buscase un sillón, aunque asume que tendrá que pactar su investidura. Desde las pasadas elecciones del 17 de mayo, tanto él como el PP-A han evitado hablar de negociaciones con los ultras.
Vox, sin embargo, está trasladando a Andalucía la misma presión que en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "prioridad nacional", campo, inmigración y control del gasto. Vox ha dejado claro que no quiere "regalar" la investidura y los conservadores andaluces buscan desligar su negociación del resto de comunidades, alegando que el PP está a sólo dos escaños de la absoluta y que Vox apenas creció respecto a 2022. El próximo 11 de junio se constituirá el Parlamento andaluz y será la primera prueba del entendimiento (o la falta de él) entre ambos.
Por tercera vez en este ciclo político, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar conjuntamente en Castilla y León tras los de Extremadura y Aragón. Se trata de un pacto más extenso que el de 2022, cuando la extrema derecha de Santiago Abascal entró por primera vez en un gobierno con el PP con el visto bueno de su recién llegado líder, Alberto Núñez Feijóo, y que incluye la llamada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. Así, los ultras tendrán voz y voto a la hora de decir quién tiene acceso a qué subsidios.