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'ABC Legacy Fund': la sicav de Luxemburgo donde Jaime Botín guarda más de 85 millones de euros

Jaime Botín, principal accionista de Bankinter, en una imagen de archivo.

Jaime Botín, banquero, se ha convertido en un habitual de la crónica de tribunales. Parte de sus problemas con la Justicia se deben al dinero que ocultaba en Suiza, y que afloró al conocerse la lista Falciani, o al uso de una sociedad en Portugal para no pagar impuestos en España por su avión privado. La otra parte está relacionada con sus actividades como contrabandista de arte. Jaime Botín es también uno de los españoles que aparece en la base de datos de OpenLux, como beneficiario último de una sociedad en Luxemburgo. Se trata de ABC Legacy Fund y, hasta ahora, su existencia no había trascendido públicamente.

Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos se declaró, el 6 de septiembre de 2019, dueño del 31,05% de las acciones de ABC Legacy Fund. Esa declaración seguía vigente este miércoles 9 de junio. De acuerdo con la normativa de Luxemburgo, solo tienen que identificarse los titulares reales que controlen al menos el 25% de una sociedad. En el Registro el único nombre que aparece es el de Jaime Botín, por lo que se desconoce quiénes son los dueños del resto de capital de dicho fondo, pero cabe concluir que ninguno de ellos llega a ese umbral del 25%.

Hay que destacar que el nombre de la sociedad luxemburguesa encaja perfectamente en el tipo de denominaciones que ponían los Botín a sus sociedades en el extranjero. Jaime Botín era el dueño de XYZ Heritage Foundation y los hijos de su hermano Emilio –incluida Ana Patricia, la actual presidenta del Santander– eran los beneficiarios de ABC Heritage Foundation y DEF Heritage Foundation, las tres creadas en Panamá.

Este hecho lleva a pensar que los otros miembros de la sociedad luxemburguesa sean también personas próximas a Jaime Botín y no terceros ajenos por completo a su familia.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre ABC Legacy Fund en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, inició la semana pasada la publicación de una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes cinco preguntas y respuestas clave sobre este proyecto].

La primera entrega de la serie desveló las conexiones entre Rodrigo Rato y el traficante de armas Abdul Rahman El Assir en una sociedad luxemburguesa denominada Wheelerdale Corporation Sàrl. La segunda se centró en Adrián de la Joya, imputado en los casos Lezo y Tándem, dueño en el Gran Ducado de la compañía Riviera Invest und Services SA.

Declaración de Jaime Botín en el Registro de Luxemburgo en la que se declara beneficiario último del 31,05% de los activos de ABC Legacy Fund.

DE LA ESTAFA DE MADOFF A LA ASESORÍA DE BANKINTER

Jaime Botín, que es junto a su familia el principal accionista de Bankinter, no ha querido responder a ninguna de las preguntas planteadas por infoLibre sobre su participación en el fondo de Luxemburgo. Ni siquiera ha querido aclarar si los activos que tiene en ABC Legacy Fund están declarados ante la Agencia Tributaria [al final de la información se reproducen de forma íntegra las preguntas planteadas].

La sociedad luxemburguesa tiene la forma jurídica de sicav (sociedad de inversión de capital variable) y se constituyó en septiembre de 2006. De acuerdo con la legislación de Luxemburgo, las sicavs no pagan ni impuesto de sociedades, ni de patrimonio, ni están sujetas a tributación los dividendos que repartan. Este tipo de vehículos inversores son utilizados habitualmente, también en España, por personas con grandes patrimonios para reducir su factura fiscal. Jaime Botín figura en el puesto 52 en la lista de españoles más ricos que elabora El Mundo.

En sus primeros años de andadura, ABC Legacy Fund mostraba una gran querencia por los paraísos fiscales. Así, a finales de 2007, el reparto geográfico de sus inversiones indicaba que los territorios dominantes eran Bahamas, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas. Esta política le generó un agujero millonario. En las cuentas de 2008, la sociedad admitió que había tenido una “exposición indirecta a estrategias inversoras gestionadas por Bernard Madoff” desde las Islas Vírgenes Británicas, por importe de 3,5 millones de euros. Una inversión que los gestores de ABC Legacy Fund dieron por perdida y pasaron a valorar a cero euros en sus cuentas. Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel por cometer una estafa piramidal de 57.180 millones de euros, probablemente la más grande de la historia, que dejó 27.300 víctimas. Murió en prisión el pasado 14 de abril.

Dado que Jaime Botín no ha querido aportar ningún dato sobre su participación en la sociedad luxemburguesa, es imposible saber si fue uno de los afectados por la estafa de Madoff o si en aquel momento aún no era accionista de ABC Legacy Fund. Sus gestores aprendieron en todo caso la lección y redujeron en años sucesivos de forma drástica sus inversiones en paraísos fiscales.

La sicav cuenta en realidad con dos subfondos, denominados Global Flexible y Balanced Diversified. El 1 de julio de 2011, Bankinter Gestión de Activos pasó a ser asesor de inversiones de este último subfondo. Jaime Botín era ya entonces el principal accionista del banco español, con algo más del 23% de su capital. Fue además presidente de Bankinter entre 1986 y 2002.

Para entonces, julio de 2011, la existencia de dinero oculto de la familia Botín en el extranjero ya no era un secreto. Los nombres de Emilio Botín –presidente en aquel momento del Banco Santander–, de su hermano Jaime y de los hijos de ambos figuraban en la lista Falciani de evasores fiscaleslista Falciani que las autoridades de Francia entregaron a España en 2010. Jaime Botín y sus hijos pagaron unos 100 millones de euros para regularizar su situación con la Agencia Tributaria, lo que indica que la cantidad que tenían escondida en el HSBC de Suiza se situaba alrededor de los 1.000 millones.

ABC Legacy Fund disponía a finales de 2020 de activos netos valorados en 283 millones de euros, de los que 150,6 millones estaban en el subfondo Balanced Diversified y 132,4 en el Global Flexible. Esta diferencia es importante a la hora de calcular el patrimonio que tiene Jaime Botín en la sicav. En la declaración realizada ante el Registro de Luxemburgo, señala que es dueño del 31,05% de las acciones de ABC Legacy Fund. Pero cada subfondo tiene un número de acciones diferente con un valor también distinto. De forma que ese porcentaje de capital equivale a 87,9 millones si se calcula sobre el total de activos netos de ABC Legacy Fund, pero si todas las acciones de Jaime Botín fuesen del subfondo Balanced Diversified el valor de sus activos superaría los 100 millones de euros. Es otra de las cuestiones que el banquero no ha querido aclarar.

Hay que señalar que las acciones y los bonos de compañías españolas casi siempre han ocupado un lugar importante en la cartera de inversiones de ABC Legacy Fund. En 2013 llegó a tener 1,3 millones de acciones de Bankinter, con un valor de mercado de 6,6 millones de euros, aunque se desprendió de ellas en los dos años siguientes. Hace algunos años empezó a apostar por bonos de la entidad financiera y, a finales de 2020, tenía más de 20 millones invertidos en dicho producto. En 2012, en plena crisis económica, la sicav de Botín llegó a tener 57 millones en bonos del Tesoro.

El 14 de enero de 2021, Bankinter Luxembourg SA fue nombrado nuevo gestor de inversiones de ABC Legacy Fund, en sustitución de Banque Pictet & Cie SA. Se intensificó así la relación entre la entidad financiera que tiene como principal accionista a Jaime Botín y el fondo en Luxemburgo del que es el principal beneficiario.

LA VIDA EN LOS TRIBUNALES

Jaime Botín tiene un largo expediente relacionado con Hacienda y con los tribunales. Y, durante muchos años, la moneda siempre caía para él de cara.

La referencia más antigua que consta en las hemerotecas es del año 2000, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló la multa que le había impuesto la Junta de Castilla-La Mancha por la muerte de un águila imperial especialmente protegida que cayó en un cepo para la captura de conejos. La sanción administrativa había ascendido en total a 15,2 millones de pesetas (algo más de 91.000 euros), pero el Supremo llegó a la conclusión de que Botín no tenía responsabilidad alguna, ni en la colocación de los cepos ni en la negligencia a la hora de retirarlos.

En junio de 2010 saltó el escándalo de lo que se conocería como lista Falciani, por el informático Hervé Falciani, que obtuvo la base de datos de clientes de la filial suiza del banco HSBC y la compartió con las autoridades francesas. Estas a su vez la entregaron a varios países, entre ellos España. Allí estaban los hermanos Emilio y Jaime Botín y sus hijos. De hecho, el 60% del dinero oculto por los españoles de la lista pertenecía a los Botín, quienes pagaron algo más de 210 millones de euros para regularizar los 2.000 millones que tenían escondidos en Suiza. Jaime Botín y sus cinco hijos abonaron unos 100 millones de euros por la parte que les tocaba.

Entregar 100 millones a Hacienda puede parecer una mala noticia, pero en realidad no lo era tanto. Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibió la información de la lista Falciani, en vez de denunciar a los defraudadores por delito fiscal, les envió una carta indicándoles que tenía sus datos y dándoles un plazo para regularizar su situación de forma voluntaria con Hacienda. Quienes optaron por el pago voluntario, como los Botín, podían acogerse así a la excusa absolutoria que libra del delito fiscal a quienes saldan sus deudas con la Agencia Tributaria antes de que se les abra una inspección. Así que es cierto que la cuenta bancaria de Jaime Botín quedó algo más ligera, pero a cambio se libró de un delito fiscal de libro.

El banquero, eso sí, quiso dejar para la historia otra versión sobre estos hechos. En una columna publicada en El País, el 7 de octubre de 2013, Jaime Botín aseguró que había pagado para arrimar el hombro ante la grave crisis económica que sufría entonces España: “Yo realicé en 2010 una declaración, totalmente voluntaria, de todos esos bienes cuyo origen se remonta a una época muy distinta a la nuestra, porque entendí que en la actual y en medio de la grave crisis económica que sufre el país, eso era lo que debía hacer”. Lo que no explicó en su artículo es la curiosa coincidencia de que se percatara de que en España había una crisis económica justo unos días después de recibir una carta de Hacienda informándole de que tenía los datos sobre su dinero oculto en Suiza.

Es más, cuando escribió su artículo, a Jaime Botín se le olvidó contar que meses antes él y sus hijos habían reclamado a Hacienda que les devolviera unos 25 millones de lo abonado, al entender que uno de los ejercicios de la regularización ya estaba prescrito. Vamos, que quería contribuir a la lucha “contra la grave crisis económica que sufría el país”, pero que había 25 millones que prefería que estuvieran en su bolsillo y no en el de Hacienda. En 2017, el Supremo explicó a los Botín que no tenían derecho a esa devolución y señaló que acceder a su solicitud sería un “fraude de ley”, ya que primero usaron el dinero para librarse del delito fiscal y una vez exonerados de la vía penal pretendían que se les devolviera ese dinero.

El 11 de octubre de 2012, el Ministerio de Economía que dirigía Luis de Guindos (PP) comunicó a Jaime Botín la imposición de una multa de 700.000 euros que le había impuesto la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) por ocultar que una fundación de su familia era dueña del 7,85% del capital de Bankinter, de forma que controlaba algo más del 23% de la entidad y no el 16% como había declarado hasta entonces. Esas acciones ocultas se descubrieron precisamente al aflorar los activos escondidos en el HSBC de Suiza. La multa se dividía en dos partes: 500.000 euros para Botín y 200.000 para XYZ Heritage Foundation, de la que el banquero era el único beneficiario y que era la entidad propietaria de las acciones de Bankinter. Pero Jaime Botín volvió a tener suerte: Economía dejó pasar el plazo límite para notificar la sanción, que fue anulada por la Audiencia Nacional.

La muerte del águila real, la amnistía fiscal encubierta de la lista Falciani, la fallida sanción del Ministerio de Economía… La Justicia se llevaba definitivamente bien con Jaime Botín. Pero las cosas se empezaron a torcer.

Para empezar, la CNMV decidió que la ocultación del 7,85% del capital de Bankinter era una infracción continuada, que por tanto no había prescrito e inició un nuevo expediente. Economía fue esta vez capaz de tramitar el expediente en los plazos legales y le impuso una sanción de 500.000 euros en julio de 2015. La Audiencia Nacional la redujo a 300.000, cantidad que confirmó el Supremo en 2019.

Esa era una sanción en el ámbito administrativo, pero las cosas también se complicaron en la vía penal. La Fiscalía se querelló contra Jaime Botín y otras tres personas en julio de 2017 por defraudar más de un millón de euros en impuestos al matricular su avión privado en Portugal y no en España, a pesar de que era en este país donde tenía su base de movimientos. El banquero llegó a firmar un pacto con la Fiscalía, por el que aceptaba una condena de nueve meses de prisión y 506.134 euros de multa, pero rompió el acuerdo cuando éste trascendió a la prensa. Botín acusó a la Fiscalía de incumplir la cláusula de confidencialidad. Y es que había puesto como condición para reconocer el delito que la condena se mantuviera en secreto.

En noviembre de 2019, la Fiscalía informó de que pedía para Jaime Botín dos años y tres meses de cárcel, además de una sanción de tres millones de euros, por el presunto delito fiscal con su jet privado. Ha pasado año y medio desde entonces y aún no hay fecha para juzgarle.

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El juicio que sí se celebró fue el del Botín contrabandista. En 2012, intentó vender a través de Christie’s el cuadro Cabeza de mujer joven, pintado por Picasso. La casa de subastas le indicó que para sacar el cuadro de España necesitaba la autorización del Ministerio de Cultura, al ser indudable su interés histórico-artístico y tener una antigüedad superior a 100 años. El Gobierno negó a Botín el permiso, una decisión que ratificó la Audiencia Nacional. Pero el banquero decidió que su voluntad estaba por encima del Gobierno y de la Justicia. Así que trasladó el cuadro a su goleta, Adix, atracada en Valencia, con la finalidad de sacarlo de España. En julio de 2015, las autoridades francesas lo incautaron en Córcega.

A principios de 2020, la titular del Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, Elena Raquel González Bayón, condenó a Jaime Botín a tres años y un día de cárcel y a 91,7 millones de sanción por el contrabando. En noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la condena. Desde entonces, sus abogados han hecho hasta tres intentos para tirar abajo la sentencia: recusaron a uno de los magistrados de la Audiencia, presentaron un recurso de amparo ante el Constitucional antes de que estuviese resuelta la recusación y pidieron al Supremo que llevase el caso a la Justicia europea. Los tres intentos fracasaron. A Jaime Botín le queda un último cartucho antes de ingresar en la cárcel, otro recurso de amparo ante el Constitucional una vez resuelta la recusación. Y si también falla siempre podrá alegar la edad (tiene 85 años) o algún motivo humanitario para intentar evitar la prisión.

En el juicio que terminó con su condena por contrabando de arte, Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos recurrió a otra de sus explicaciones pintorescas en busca de la absolución. Si la regularización fiscal la hizo porque se dio cuenta de que en España había una crisis económica, resulta que el cuadro de Picasso iba en su yate camino de Suiza no porque quisiera exportarlo para su venta, sino por seguridad. Un argumento que no convenció a la jueza.

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