Además de la falta de implicación de las universidades, la Justicia se ha convertido en otro obstáculo para los movimientos estudiantiles que buscan romper los acuerdos de sus centros con instituciones israelíes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el pasado jueves el compromiso de la Universidad de Granada (UGR), que había decidido suspender sus colaboraciones académicas con entidades israelíes. El fallo alegó que esa medida vulneraba derechos fundamentales como la dignidad, la igualdad y la no discriminación.
La misma situación se ha repetido en Valencia. El Tribunal Superior de Justicia valenciano anuló el pasado viernes el acuerdo de la Universidad de Valencia (UV) de 'Compromiso con Palestina' aprobado en 2024, que también instaba a no firmar convenios con entidades de dicho Estado. El año pasado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid adoptó una decisión similar contra el plan de la Universidad Complutense. En esa ocasión, la magistrada consideró que la medida infringía el derecho a no ser discriminado por origen o ideología y el derecho a la libertad ideológica.
Desde la Red Universitaria por Palestina expresan su "profunda preocupación" lo que califican como un "retroceso jurídico". Núria Garrido, portavoz en Valencia, confirma a infoLibre "que "la UV va a recurrir" y sostiene que los argumentos de la sentencia son "rebatibles" al "no tener en cuenta las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia". Desde Granada, el portavoz Diego Checa también lamenta que la judicatura "cuestione las bases del derecho internacional".
En el centro de todas estas denuncias está Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una asociación proisraelí que lidera la batalla judicial contra resoluciones de universidades, ayuntamientos o instituciones públicas que condenen la ocupación israelí. Sin embargo, no todos los tribunales han actuado igual. Las universidades de Burgos y Málaga han logrado mantener sus compromisos de ruptura de relaciones pese a recibir la misma querella.
"Buscan desmontar acuerdos democráticos"
ACOM fue fundada en 2004 como un lobby proisraelí en España. Detrás de su creación figuran el empresario David Hatchwell, expresidente de la Comunidad Judía de Madrid y actual presidente de la Fundación Hispano-Judía, y Ángel Mas, directivo de la aseguradora Amtrust y actual presidente del lobby. Su modelo se inspira en el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), un grupo de presión con gran influencia en la política estadounidense gracias a sus aportaciones a campañas electorales tanto de demócratas como de republicanos.
En palabras del propio Mas en Nuevo Mundo Israelita, ACOM nació para difundir "la perspectiva a favor de Israel desde el punto de vista político, mediático e incluso legal". Para organizaciones de la sociedad civil como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), el objetivo es otro. "Lo que buscan es desmontar acuerdos democráticos y asamblearios en instituciones que puedan perjudicar a Israel", afirma su portavoz Ana Sánchez.
RESCOP conoce de primera mano esta estrategia. Cuando intentó impulsar la campaña Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI) a nivel institucional, ACOM comenzó a presentar demandas contra los ayuntamientos adheridos. "Se dedicaron a acosar legalmente, sobre todo, a ayuntamientos pequeños sin recursos para hacer frente a sus demandas", recuerda Sánchez. La ofensiva judicial de ACOM acabó logrando varias sentencias favorables, incluida una del Tribunal Supremo, que consideró "discriminatorios" los acuerdos adoptados por los consistorios para el cese de relaciones con entidades israelíes tras analizar la decisión del ayuntamiento de Reinosa (Cantabria).
Su última iniciativa más mediática fue intentar suspender la Vuelta Ciclista a España, alegando un “riesgo cierto e inminente” para los ciclistas y acusando a RESCOP, al movimiento BDS, a EH Bildu, Sumar e Izquierda Unida, entre otros, de delitos de odio y desórdenes públicos. La Audiencia Nacional acabó archivando la querella. Lo mismo ocurrió con las denuncias contra las declaraciones críticas con Israel de Ione Belarra y Ada Colau.
El acoso no se limita a los tribunales. La asociación también despliega una intensa campaña en redes sociales, entre otros, contra periodistas críticos con el Gobierno de Netanyahu. A la columnista de El País Ana Iris Simón, recientemente la calificaron de "malnacida" y "alimaña" en X. Antonio Maestre también ha denunciado "años de hostigamiento" por parte de ACOM. "En vez de preocuparse por la presencia de neonazis en Vox, me acusaban a mí de antisemita por denunciarlo", recuerda Maestre en conversación con infoLibre.
El respaldo político de PP y Vox
Los vínculos de los fundadores de ACOM con la derecha española se remontan a los años de José María Aznar, cuando se impulsó la iniciativa Friends of Israel para reforzar la legitimidad del Estado hebreo en el plano internacional. De ese entorno surgieron figuras como Rafael Bardají, exasesor de Aznar y posteriormente dirigente de Vox, o un joven Pablo Casado, a quien ACOM elogió en 2018 por su "afinidad con el Estado judío" al frente del PP. Desde entonces, la asociación ha cultivado una estrecha relación con Isabel Díaz Ayuso, cuyas intervenciones en defensa de Israel difunde y celebra con frecuencia. Además, Hatchwell calificó a la presidenta regional en una entrevista en el periódico La Nación como una mujer "extaordinaria", "que dice la verdad" y "que tiene una talento increíble".
El adalid del lobby israelí, un heredero de empresas abonado a la élite y rendido a su 'rockstar' Ayuso
Aparte de las alabanzas verbales, la afinidad de los populares también se ha traducido en ayudas públicas. infoLibre desveló que Zakut, un centro de emprendimiento israelí afincado en Murcia, y propiedad de David Hatchwell, recibió en 2022 un total de dos millones de euros por parte de los gobiernos autonómicos de Murcia, Madrid y Andalucía. Todos ellos regidos por el PP. Unas concesiones por las que la Fiscalía Europea abrió diligencias en 2024, a raíz de una denuncia contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), por presunta concesión irregular.
La sintonía con Vox es todavía más marcada. Tanto Ángel Más como David Hatchwell han facilitado a Santiago Abascal sus viajes a Israel y los encuentros con dirigentes del Gobierno de Netanyahu. Hatchwell incluso ha defendido públicamente al partido ultra alegando que "Vox no es un partido antisemita". Una afinidad que en las últimas semanas se ha mostrado de forma clara con alabanzas constantes en redes sociales a los mensajes lanzados por Abascal o por el diputado Carlos Flores en los que ponen en duda el genocidio y responsabilizan de ello a Hamás.
Además, políticos como el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta han trabajado directamente para el lobby o para entidades afines como la Fundación Hispano-Judía cobrando hasta 3.000 euros mensuales. Todo ello, ha consolidado a ACOM como un actor influyente y cada vez más extremo que incluso ha señalado al rey como "uña y carne" de Pedro Sánchez tras su discurso en la Asamblea de la ONU con el que denunció "la masacre en Gaza".
Además de la falta de implicación de las universidades, la Justicia se ha convertido en otro obstáculo para los movimientos estudiantiles que buscan romper los acuerdos de sus centros con instituciones israelíes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el pasado jueves el compromiso de la Universidad de Granada (UGR), que había decidido suspender sus colaboraciones académicas con entidades israelíes. El fallo alegó que esa medida vulneraba derechos fundamentales como la dignidad, la igualdad y la no discriminación.