La actuación de Villarejo y la 'Policía patriótica' para borrar pruebas sobre el PP enlaza los casos 'Púnica' y 'Bárcenas'
La declaración judicial prestada este lunes por el arrepentido David Marjaliza, uno de los principales imputados en la Operación Púnica, ha abierto una vía de comunicación inesperada entre las dos grandes investigaciones que hoy tienen la financiación del PP como punto de confluencia. Al involucrar al antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, en la operación para sustraer documentos al extesorero Luis Bárcenas, Marjaliza acaba de dibujar un triángulo en cuyo vértice superior se sitúa la Operación Kitchen –donde se investigan las actuaciones del excomisario José Manuel Villarejo y la llamada "Policía patriótica" para borrar pruebas sobre la financiación del PP– y en los otros dos, los casos relativos a Púnica y los papeles de Bárcenas.
Aunque el caso Villarejo –la Operación Tándem, sujeta aún a secreto en la mayor parte de sus piezas y que traspasó informativamente las fronteras cuando se conocieron las grabaciones a Corinna, la antigua amiga del rey emérito– se investiga en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional. Hasta ahora, la instrucción estaba a cargo del juez de refuerzo Diego de Egea. Pero tras su renuncia a solicitar una nueva comisión de servicio, será el titular del juzgado e instructor de Púnica, Manuel García Castellón, quien prosiga con las pesquisas. Enfrentado a la Fiscalía Anticorrupción, De Egea ha intentado sin éxito archivar parte de la Operación Tándem. Y en julio, tras la difusión de los audios donde Corinna aseguraba que Juan Carlos I había cobrado comisiones del AVE a la Meca, estudió dejar en libertad a Villarejo, preso desde noviembre de 2017.
La defensa de Granados niega de manera categórica lo dicho por Marjaliza y le acusa de prodigarse en mentiras para perjudicar a su cliente. Pero Marjaliza ya ha aportado documentos en otras ocasiones para respaldar sus acusaciones contra Granados, su antiguo amigo y socio y consejero de Interior en el Gobierno de Esperanza Aguirre hasta junio de 2011, es decir, hasta dos años y medio después del estallido de Gürtel. El misil lanzado ahora abre así una semana que culminará el viernes con las esperadas comparecencias de Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, ante el juez del caso papeles.
El magistrado, que los cita como investigados, pretende que ambos detallen su versión sobre los documentos que les fueron sustraídos durante un operativo financiado con fondos reservados del Estado. A tenor de los datos que ya han trascendido, participaron desde el antiguo chófer de Granados, recolocado como conductor de Bárcenas justamente para "interceptar" documentos –asegura Marjaliza–, hasta un delincuente común al que el comisario Villarejo y los suyos encomendaron supuestamente asaltar el domicilio del extesorero, donde mantuvo una hora secuestrada a su mujer y su hijo. Ese chófer, ahora policía expedientado, es Sergio Ríos, el hombre a quien, según Marjaliza, le encargó localizar Granados a petición de Villarejo porque sabía que era amigo del conductor habitual del empresario. Villarejo quería a Ríos –detalló Marjaliza– para hacerse con documentación que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, traía o llevaba desde la prisión en que su marido se encontraba recluido, la de Soto del Real.
Fondos reservados para destruir pruebas
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El afloramiento de datos sobre el espionaje a los Bárcenas con dinero público antes y después de su primer ingreso en prisión –junio de 2013– y cuando los diarios El País y El Mundo ya habían publicado los manuscritos que recogen dos décadas de contabilidad paralela no solo tiende un puente entre las dos investigaciones sobre financiación antes citadas. Ese afloramiento, y la posterior confirmación oficial por parte del Ministerio del Interior de que en el operativo participaron "funcionarios adscritos a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía así como a la Comisaría general de Información" así como de que hubo una "remuneración periódica" a ciertos "colaboradores o informadores", todo eso pone bajo el foco un hecho inédito desde la resturación democrática: el uso de fondos reservados y de medios humanos del aparato del Estado para intentar destruir las pruebas que podían incriminar al partido del Gobierno en el mayor caso conocido de financiación ilegal. Los documentos robados a Bárcenas jamás fueron puestos a disposición judicial.
La difusión por el diario El Mundo de al menos algunos de los documentos sustraídos al hombre que durante dos décadas anotó las entradas y salidas de dinero negro en la caja B del PP, y de los que no se sabe si el extesorero guardaba o no copia, abre un interrogante similar a todos los que conciernen a los archivos que se han ido filtrando al hilo del caso Villarejo. Y ese interrogante es el de si el controvertido policía –preso preventivo desde noviembre de 2017 acusado de graves delitos de corrupción– o sus aliados históricos o sobrevenidos poseen aún bombas de mayor potencia que las lanzadas hasta ahora.
Por ejemplo, dado que el policía guardaba recibos de las cantidades abonadas con dinero de Interior al chófer Sergio Ríos –2.000 euros mensuales durante dos años–, algunos juristas comienzan a hacerse preguntas como esta: si Villarejo y su grupo llegaron a tener en su poder papeles más comprometedores que los manuscritos donde Rosalía Iglesias anotó las instrucciones que su marido le daba en Soto del Real o más que la agenda informática donde el propio Bárcenas dej´constancia de las reuniones que fue teniendo con el expresidente Mariano Rajoy cuando ya había cesado formalmente como tesorero del PP.
