Las acusaciones del 'caso del ático' quieren que el abogado panameño Fonseca declare como testigo

Las declaraciones del abogado Ramón Fonseca Mora, uno de los socios del despacho Mossack Fonseca, en las que aseguraba que su firma había creado una empresa que finalmente acabó en manos de un político español, en referencia al expresidente madrileño Ignacio González, han convencido a las acusaciones populares de los extrabajadores de Telemadrid y de la Asociación Transparencia y Dignidad de que su testimonio podría ahorrar varios meses de instrucción y comisiones rogatorias a Panamá sobre la compra del ático de lujo.

Y por eso el letrado de los despedidos en el ERE de Telemadrid Javier Carnerero ultima un escrito dirigido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, en el que le pide que reclame la comparecencia en calidad de testigo del abogado panameño, que el pasado 15 de marzo, cinco días después de que se hicieran públicas las imputaciones de González; su mujer, Lourdes Cavero; y Enrique Cerezo, dio por hecho que la empresa que adquirió en 2008 el dúplex de lujo por 750.000 euros había sido creada en su bufete "hace muchos años".

También, el letrado pedirá a la magistrada Conejo que reclame a los medios de comunicación la grabación de sus declaraciones realizadas en Radio Panamá, en las que apunta que en un primer momento el despacho Mossack Fonseca vendió la empresa a una "reputada" firma de abogados de Costa Rica, y que al final acabó en manos de "un político, que compró un inmueble y ahora está investigado". 

Testimonio importante

El testimonio de este abogado es de gran importancia ya que su versión relacionaría a Ignacio González con la trama Gürtel, lo que apoyaría la declaración de un confidente policial al comisario José Manuel Villarejo en la que aseguró que el que fuera número dos de Esperanza Aguirre había sido el político que se habría llevado "la mayor parte del pastel" de Arganda del Rey.

En concreto, tal y como indica una nota policial aportada al sumario de Estepona, González habría percibido en negro dos millones de euros del empresario Fernando Martín, el propietario de la promotora Martinsa.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la pieza separada de Arganda del Rey dentro del caso Gürtel, investiga el presunto pago de 25 millones de euros en negro por parte del empresario Fernando Martín a Francisco Correa, a cambio de su intervención. Correa, siempre según el sumario, habría utilizado la sociedad creada en Panamá por el despacho Mossack FonsecaMossack Fonseca Golden Chain Properties para percibir en Suiza al menos 13 de los 25 millones. 

Empresas suscriptoras

La acusación popular ya había pedido a la jueza que reclamara a Panamá la información sobre la sociedad Waldorf Overseas Investments Inc, que también fue creada por el despacho Mossack Fonseca con las dos empresas suscriptoras Dulcan Inc. y Winsley Inc, que participaron en la constitución en Panamá de Golden Chain Properties, de Correa.

La ley panameña permite que las empresas que crean sus abogados emitan acciones al portador, por lo que en ningún registro público aparecen los nombres de los auténticos propietarios de las mismas. Este es el principal motivo por el que miles de clientes de todo el mundo acuden a este país a comprar las firmas opacas.

Sin embargo, Panamá obliga a que estas empresas mantengan como suscriptores a personas residentes en este país, como por ejemplo son los casos de las firmas sucriptoras de Waldorf Overseas Investments Inc y Golden Chain Properties: las mencionadas Dulcan Inc y Winsley Inc.

Panamá no coopera

Esta es la segunda vez que Panamá recibe una petición de la jueza, ya que en 2014 las autoridades del país del Canal rechazaron cooperarar con España alegando que ese país no colabora en los casos de los delitos de blanqueo. Pero para justificar esta petición, la magistrada incluyó en la comisión rogatoria el delito de cohecho, por lo que espera que en esta ocasión el Gobierno de Panamá si ayude a la investigación. 

Por su parte Ignacio González, que defiende que la empresa que compró el ático se llama Walfort (con 't' final y no con 'd') Overseas Investments, sostiene que ésta no tiene ninguna vinculación con Panamá, y mucho menos con la trama de Correa. También ha explicado, en un escrito dirigido a la jueza Isabel Conejo, que la compañía fue creada en Estados Unidos, en concreto en el estado de Delaware, considerado un pseudoparaíso fiscal.

Reproducir grabaciones

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La magistrada Conejo tomará declaración el 18 de abril a González, a su mujer y a Cerezo después de reproducir las conversaciones grabadas que fueron aportadas al procedimiento por el comisario José Manuel Villarejo. Según el contenido de las mismas, Ignacio González trató de que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore de Estados Unidos. Por su parte, González ha pedido que la declaración se retrase.

En este sentido, la providencia de la jueza pedía al comisario Villarejo, que fue el encargado de coordinar la investigación del ático en un primer momento, que remitiera al equipo con el que se realizó la grabación de las conversaciones, "junto con los elementos auxiliares, la fuente de alimentación, baterías, cableado de conexión, así como el soporte de grabación, al objeto de se obtenga directamente desde el Laboratorio de Criminalística las conversaciones originales".

Precisamente, la jueza Conejo reclamó a la Guardia Civil en octubre pasado que realizara un informe sobre la autenticidad de las grabaciones, que cinco meses después todavía no ha recibido.