La gestión de la crisis del covid-19

Un estado de alarma para cada comunidad autónoma: la opción disponible de la que nadie quiere hablar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la prensa en Atenas.

El domingo, 9 de mayo, a las 0:00 horas decayó el estado de alarma decretado en octubre. En su día fueron varios los partidos políticos que miraron a la medida con muchas reservas, sobre todo por su larga duración. Pero ahora, llegado el momento de que haya dejado de estar en vigor, formaciones políticas y comunidades autónomas demandan al Gobierno central un plan B, cambios legales o incluso que vuelva a decretarse un estado de alarma de similares características al que acabamos de dejar atrás.

La respuesta del Ejecutivo es que las normas vigentes ya son suficientes para hacer frente a la pandemia. Pero, además, por si consideran que necesitan una mayor cobertura, desde la Moncloa recuerdan que aquellos ejecutivos regionales que así lo deseen pueden solicitar que se declare el estado de alarma para sus respectivos territorios. 

El artículo quinto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, refleja que los presidentes autonómicos pueden solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma. El procedimiento es el mismo: ha de pasar por el Consejo de Ministros y ser ratificada en el Congreso de los Diputados. Esto implicaría, por ejemplo, que el Partido Popular, muy crítico con esta herramienta cuando ha sido propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, tendría que retratarse si quien la pide es uno de sus líderes territoriales.

El Gobierno ya se ha comprometido a apoyar las peticiones que le lleguen en este sentido. "Por supuesto, lo pueden pedir", recalcó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asegurando que "se respetará esa decisión" de los gobiernos regionales.

En el Ejecutivo lamentan que el principal partido de la oposición primero cargara contra el estado de alarma y ahora pida alternativas legales. La estrategia, dicen, forma parte de "su oposición al Gobierno".

Hasta la fecha, ningún presidente autonómico ha dado muestras de estar estudiando pedir esta herramienta excepcional al Ejecutivo central. En cambio, el foco lo han puesto en criticar al Gobierno por el hecho de que se dé el salto del estado de alarma a dejar la respuesta en manos de las comunidades.

"La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, y eso es lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente", aclaró el ministro de Justicia en una entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo (laSexta).

En todo caso, Justicia, dijo, no tiene "ningún problema" en "revisar todo" en el supuesto de que haya que mejorar algo, pero "ahora mismo no hay necesidad ninguna de hacerlo". Horas después, en rueda de prensa desde Grecia, el presidente del Gobierno insistía en que "todas las comunidades" tienen "los suficientes instrumentos para hacer frente a la pandemia" en un momento como el actual.

Además de la posibilidad de demandar al Gobierno central que se decrete el estado de alarma en una comunidad concreta, los presidentes autonómicos tienen en su mano aplicar dos leyes: la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, y la Ley General de Salud Pública, de 2011. El debate está ahora en si estas dos leyes permiten la restricción de derechos fundamentales, como el de la movilidad.

La posición de los partidos

Crecidos por los resultados de las encuestas que ubican al Partido Popular por delante del PSOE tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid en las autonómicas del 4 de mayo, los conservadores han salido a recordar su llamado plan b jurídico o ley de pandemias. 

En el transcurso de un acto organizado por el PP Europeo, el líder del PP señaló que "produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles" tras el fin del estado de alarma. A su juicio, el "único responsable es Pedro Sánchez porque no ha querido aprobar una ley de pandemias" como el PP lleva tiempo planteando y como registró el Grupo Parlamentario Popular en forma de proposición de ley.

La "pena" de Casado

"Lo digo con pena y con la hemeroteca de nuestro lado porque llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo al estado de alarma y que no se puede gobernar en la excepcionalidad constitucionalidad eternamente, que ningún país lo ha hecho", mantuvo.

El PP, dijo, insiste en "pedir desesperadamente que volvamos a una negociación para cambiar la legislación en materia de pandemias". Según el líder de los conservadores, "en 15 días se pueden añadir dos líneas al artículo 3 de la Ley Orgánica de 1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública para dar un marco en la limitación de movimientos y en el seguimiento de los contactos de contagiados".

A priori, la Comunidad de Madrid no estaría por la labor. En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se mostró contrario a restringir la movilidad nocturna por un número limitado de ciudadanos "irresponsables", en alusión a las imágenes de aglomeraciones en distintos puntos de Madrid durante el fin de semana, informa Europa Press.

Otros barones conservadores como Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juanma Moreno (Andalucía) o Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y Léon) se han quejado de que termine el estado de alarma sin un instrumento juridico alternativo. Hasta la fecha, tampoco han apuntado a reclamar al Gobierno central la aplicación de un estado de alarma exclusivo para sus respectivas comunidades.

EL PNV cree que la ampliación del estado de alarma habría estado justificada

Por su parte el portavoz del PNV, Aitor Esteban, consideró este lunes que mantener el estado de alarma que tanto el PNV como el Gobierno Vasco han venido reclamando "estaba totalmente justificado". A su juicio, el Gobierno central "no ha estado muy vivo" al decidir darlo por finalizado este pasado domingo.

Para Esteban, "la única interpretación" a la decisión de levantar el estado de alarma es que en la Moncloa "están preocupados por el turismo porque, al fin y cabo, es una gran parte de la economía de España". "Ha sido por razones económicas, pero no entiendo que se haga ahora, y no dentro de dos meses, cuando quizás la vacunación ya hubiera sido la suficiente", añadió en una entrevista concedida a Euskadi Irratia. "No tiene sentido mantener el estado de alarma solo en algunas comunidades autónomas. En este año y medio de pandemia hemos comprobado lo rápido que cambian los números. Lo suyo sería mantenerlo en todo el Estado, que está totalmente justificado, y que cada comunidad decida si aplica o no las medidas en función de sus necesidades".

Pese a que el PNV era partidario de que se prorrogara el estado de alarma, no entra en los planes del Gobierno vasco pedírselo al Ejecutivo. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, aseguró que el Gobierno Vasco no tiene previsto "en absoluto" solicitar un estado de alarma "específico" para Euskadi. Su idea es, dijo, "comprobar" qué tipo de medidas se adoptan en otras Comunidades Autónomas y en el "marco general" y abordar "planteamientos comunes".

Desde las filas socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió el pasado sábado que el estado de alarma hubiera sido más útil todavía si se hubiera prolongado "un mes más, o un mes y medio".

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, consideró que el Gobierno se ha "lavado las manos" con el fin del estado de alarma al haber pasado la responsabilidad "a la Justicia o las comunidades autónomas" para no acusar de nuevo "el desgaste" que sufrió durante los plenos de las sucesivas prórrogas.

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