Fondos bajo sospecha

El alto cargo de Aguirre que informó a favor de dar a dedo 80 millones a una entidad privada pertenecía a su directiva

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre.

El Gobierno de Esperanza Aguirre emitió en mayo de 2011 un informe que presentaba a Madrid Network como "la única entidad" del territorio capaz de gestionar 80 millones públicos en créditos blandos para innovación. Lo hizo para contentar a los servicios jurídicos de la Comunidad, que acababan de alertar contra la decisión de adjudicar a una asociación privada el reparto de aquel macropréstamo sin publicidad ni competencia posible por parte de otros interesados. Extremadamente elogioso para Madrid Network, el informe fue elaborado por el entonces director general de Economía, luego concejal de oposición en Madrid con Esperanza Aguirre y ahora retirado de la política, José María Rotellar. Lo firmó el 9 de mayo de 2011. Cuatro meses antes, Rotellar había sido designado vocal de la junta directiva de Madrid Network como representante de dos de los clusters –conglomerados empresariales de función similar a la de los lobbies– empresariales que conforman la asociación.

infoLibre intentó este miércoles contactar con Rotellar. No fue posible. Y los portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid a quienes preguntó este diario no se pronunciaron sobre si el exdirector general pudo incurrir en conflicto de intereses al informar favorablemente la firma de un convenio que había de beneficiar a la misma asociación en cuya directiva él mismo se integraba. "Incluso si formaba parte de la junta de Madrid Network solo como representante de la Consejería de Economía debió abstenerse de emitir ese informe", opina un destacado experto en Derecho Administrativo consultado este miércoles.

Superado el escollo de los servicios jurídicos, que exigieron como "condición esencial" que el Ejecutivo regional justificara por qué había elegido a Madrid Network sin selección previa pero que le proporcionaba una amplia vía de escape al evitarle someterse a un segundo dictamen legal, el equipo de Aguirre dio vía libre al convenio. Suscrito el 23 de mayo de 2001, el acuerdo continúa aún hoy rodeado de sombras e incógnitas.

En su informe, Rotellar ponderó casi con vehemencia las virtudes que conferían a Madrid Network  de garantizar "la máxima rapidez en la canalización de la financiación". Y cómo, "su naturaleza jurídica y sus fines estatutarios", su potencia como vértice de unión de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal y su envergadura al agrupar "empresas que suponen el 40% del PIB regional" –el informe no decía en qué fuente sustentaba esa afirmación–, cómo todo ello en resumen la convertían en la única destinataria posible del encargo.

De los 80 millones librados por el Gobierno central en tres tandas anuales –32, 32 y 16 millones–, Madrid Network gestionó el reparto de 76 y terminó devolviendo los otros cuatro a la Comunidad de Madrid. Solo los socios de Madrid Network –alrededor de 600– pudieron optar a esos préstamos, otorgados a un tipo de interés muy inferior al del mercado bancario (al 1,232%), con cinco años de carencia a partir de la firma y diez más para el reembolso. Entre los beneficiarios de aquella formidable línea de crédito se cuentan empresas vinculadas a antiguos cargos políticos y de las finanzas semipúblicas. Los más señeros, porque no solo los suyos fueron préstamos fallidos sino porque permanecen embarcados en una batalla para no devolver el dinero público recibido, son el exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II.

Constituida en diciembre de 2007 por la Comunidad de Madrid, la patronal madrileña Ceim y la Cámara de Comercio como asociación privada sin obligación de depositar sus cuentas anuales en ningún registro y ajena a fiscalización de la Cámara de Cuentas, Madrid Network ha gestionado al menos cinco convenios millonarios cofinanciados por la Unión Europea: el de los 80 millones, cuyos fondos procedían del hoy extinto Ministerio de Ciencia que dirigió Cristina Garmendia en el último Gobierno de Zapatero; y tres de ámbito regional suscritos en 2014 y 2015 con la Comunidad de Madrid también para la gestión de ayudas encaminadas a la innovación empresarial.

La supervisión de lo sucedido con los 80 millones del macropréstamo ministerial está encomendada a una comisión mixta Gobierno-Comunidad que se reúne periódicamente. Fuentes del Ejecutivo madrileño sostienen que Garmendia aceptó sin ninguna objeción que el convenio firmado en octubre de 2010 por ella misma y Esperanza Aguirre quedase en papel mojado cuando, un mes y medio más tarde, el Gobierno de Madrid liquidó de un plumazo el organismo público que debía ejecutarlo, el Imade.

La súbita desaparición del Imade permitió la entrada en escena de Madrid Network, fácticamente controlada por la Administración regional liderada por Aguirre y los dos brazos empresariales que manejaba su amigo de infancia Arturo Fernández: la patronal Ceim y la Cámara de Comercio. El control fáctico nunca se tradujo en ninguna fórmula que situara a Madrid Network entre aquellos organismos sujetos a fiscalización permanente. Pese a que desde 2011 por sus cuentas han pasado más de 105 millones de origen netamente público, Madrid Network nunca ha solicitado ser declarada asociación de utilidad pública. Adquirir ese rango le habría obligado a presentar cuentas y memorias anuales en el Registro de Asociaciones de Madrid.

 

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