Los abusos de la banca

Andreu cree un “batiburrillo” la versión de los usuarios de las tarjetas ‘black’ y Anticorrupción pide fianzas ejemplares

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El juez Fernando Andreu, que investiga el caso Bankia y la pieza separada de las tarjetas B de Caja Madrid, considera "un batiburrillo" las versiones de los exconsejeros de las entidades financieras, según explicaron a infoLibre fuentes jurídicas presentes en la declaración realizada este lunes en la Audiencia Nacional.

La mayoría de los diez exconsejeros de Caja Madrid que han declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu han señalado que, a partir de 1996, con la entrada de Miguel Blesa en la presidencia de la entidad, se generalizaron los "gastos personales" con las tarjetas B opacas al fisco, que eran utilizadas con una gran "flexibilidad", según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Los primeros imputados, entre ellos el exdirigente de Izquierda Unida (IU) José Antonio Moral Santín, han coincidido en que los gastos de las visas, en las que se cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, eran una parte de su retribución que podían destinar a gastos como ropa, viajes u obsequios y que la entidad tributaba por ellos ante Hacienda. El sindicalista de CCOO Pedro Bedia ha dicho incluso que el exsecretario de la entidad, Enrique de la Torre, le pidió que utilizara más la tarjeta porque la estaba usando "poco".

Moral Santín

Sin embargo, otros de los imputados han justificado sus gastos con las tarjetas como si de gastos de representación se tratara. Como por ejemplo el consejero de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín que aseguró al juez Fernando Andreu que sus gastos `personales con la Visa estaban ligados a actos y trabajos relacionados con su trabajo en Caja Madrid. Fue aquí cuando Andreu llegó a preguntar a Moral Santín si no se daba cuenta de que su explicación era un "batiburrillo", pues pese a reconocer que eran gastos personales el exconsejero trataba de ligar éstos a sus labores en la entidad financiera.

Durante las comparecencias, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imposición de fianzas civiles para seis exconsejeros: Moral Santín, que gastó 456.500 euros; el miembro de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües, que gastó 195.000 euros; el exdiputado regional del PSOE Ramón Espinar, que cargó 178.400 euros; el exalcalde socialista de Móstoles (Madrid) José María Arteta (139.000 euros); el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán (94.000 euros), que ha sido el único que se ha negado a declarar; y el sindicalista de CCOO Pedro Bedia (78.200).

No lo ha solicitado para los miembros de CCOO Juan José Azcona (99.300 euros) y Rodolfo Benito (140.600), el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700) y el representante de Unipyme Guillermo Marcos (133.600), que han atribuido el uso de sus plásticos a gastos de representación. Todos están imputados por un delito societario de administración desleal y otro de apropiación indebida.

"Prudentes"

A excepción de Azcona, que ha asegurado que no percibió ningún cambio con la entrada de Blesa en Caja Madrid, los comparecientes han defendido que antes de 1996 el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Ángel Montero, les pedía que fueran "prudentes" en el gasto y que cuando Enrique de la Torre pasó a ocupar el cargo les dijeron que podían emplear las tarjetas "en lo que quisieran con un límite anual y mensual".

En octubre pasado el magistrado impuso una fianza de 16 millones de euros para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otra de tres millones para el exmandatario de la caja y de Bankia, Rodrigo Rato, en relación con el tiempo en el que permanecieron al frente de la entidad.

Los únicos imputados que han defendido que las tarjetas debían utilizarse para "gastos de representación" de los consejeros han sido los sindicalistas Azcona y Benito, que han apuntado que usaron las visas para "ropa" y "obsequios".

Según las citadas fuentes, Benito ha apelado a los "usos y costumbres" para justificar que siguiera utilizando el plástico tres meses después de haber dejado el cargo, mientras que el socialista José María Arteta ha alegado que otro consejero, el exsecretario de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP), le dijo que podía utilizar la visa después de su cese.

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