Movimiento antitaurino

Los animalistas preparan acciones para mantener la prohibición de las corridas de toros en Cataluña

Imagen de archivo de una protesta a favor de la abolición de las corridas de toros.

Los animalistas que habían ganado la batalla hace seis años en Cataluña vieron este jueves como su lucha queda empañada por la sentencia del Tribunal Constitucional que permite devolver las corridas de toros a la comunidad, vetadas desde el año 2010.

El alto tribunal estima con su decisión el recurso presentado hace seis años por el PP, quien tres meses después de que el Parlament de Cataluña decretara la abolición de los espectáculos taurinos por 68 votos a favor y 55 en contra, registró un recurso basado en la presunta vulneración de hasta cinco artículos de la Constitución. Entre los argumentos, los conservadores defendían que la norma catalana vulnera la supuesta "vertiente cultural" de la tauromaquia e incidían en el deber del Estado de preservar el "patrimonio cultural común". Además, aludían a los toros como actividad empresarial y consideraban que su prohibición "rompe con la unidad de mercado". 

En su resolución, el TC señala que Cataluña tiene competencia para regular los espectáculos públicos y también para proteger a los animales, pero añade que en este caso hay que tener en cuenta que la tauromaquia fue declarada en el año 2013 patrimonio cultural, de modo que la prohibición supone una invasión de las competencias estatales en materia de cultura.

Lucha animalista

A falta de un estudio a fondo de la sentencia dictada por el Constitucional, que se hará pública en los próximos días, las agrupaciones animalistas se han pronunciado ya respecto a las posturas que adoptarán para alcanzar su principal objetivo: la total abolición de las corridas de toros

La abogada Anna Mulà, una de las artífices de la prohibición en Cataluña desde la plataforma Prou, no duda en calificar el dictamen del TC como "una decisión que no se ajusta a patrones estrictamente jurídicos, sino que es una decisión política disfrazada".

En cuanto a los mecanismos a seguir para revertir los efectos de la sentencia, Mulà insiste en la necesaria cautela hasta conocer los detalles del texto, pero su discurso suena rotundo en lo que atañe a los objetivos de la asociación. "Vamos a denunciarlo internacionalmente porque supone un abuso en contra de un proceso que fue un ejemplo de democracia y participación pública", asegura, para subrayar además que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ya ha hecho un llamamiento a países como Portugal, México, Colombia, Francia y Perú con el fin de alertar sobre la violencia "física y mental" que suponen este tipo de festejos para los niños. "Sobre España no se ha pronunciado porque no está supervisada, pero sí lo ha hecho respecto a la vulneración de los derechos humanos, y esto es algo que el Constitucional no puede desconocer", apunta. Por otro lado, la abogada recuerda que durante los últimos años "el rechazo a la tauromaquia ha sido progresivo, cada vez hay más territorios en contra, y no hay un relevo generacional" que la ampare.

En este punto coincide con ella la portavoz del Pacma en Cataluña, Ana Bayle, quien en conversación con infoLibre destaca que el recurso del PP se basaba en tres pilares: argumentos competenciales, culturales y económicos. "La sentencia, según hemos podido saber, sólo abarca los competenciales", incide la animalista. "Habla del patrimonio cultural como ley nacional sólo para argumentar la cuestión de competencias", algo que para Bayle es síntoma de la carencia de fundamento de las dos cuestiones restantes. "Ya no es tradición, no es un asunto cultural, sólo un 7% de la población española tiene interés en la tauromaquia, y sólo aporta un 0,1% del PIB, un porcentaje ínfimo", asegura.

El debate entre partidarios y detractores toma forma, con la sentencia del Constitucional, de asunto esencialmente competencial. Según el fallo, la Generalitat catalana tendría competencias para regular este tipo de actividades, pero no para prohibirlas, en base a la categoría de patrimonio cultural declarada en 2013. La aplicación de esta consideración, no obstante, "estaría yendo en contra de toda la doctrina jurisprudencial que ha hablado sobre el principio retroactivo de las leyes", analiza Mulà. Además, continúa la abogada animalista, "durante toda la tramitación de la ley 18/2013 quedó muy claro mediante las comparecencias de los expertos en Derecho que este patrimonio cultural era un avance meramente moral, pero que no tenía ningún efecto para modificar cualquier situación ni impedir que otras comunidades autónomas pudieran prohibir la tauromaquia". 

Anna Mulà también recuerda que en la ley 10/2015 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial no está incluida la tauromaquia: "La categoría de patrimonio cultural permite al Gobierno presentarse ante la UNESCO para solicitar el patrimonio inmaterial, pero en el 2015 no se incluyeron las corridas de toros", ya que la única mención al respecto sólo se remite a la ley del 2013.

Otro de los argumentos jurídicos para combatir la derogación por parte de la plataforma Prou se basa en la posición del Consell de Garanties Estatutàries. El organismo, integrado por "reconocidos constitucionalistas", aseguró días antes de que se aprobara la ley del 2010 que ésta se ajustaba a los postulados constitucionales. La prohibición "tiene absoluta legitimidad en Cataluña y nos parece que el hecho de que el Constitucional haya dictaminado justo todo lo contrario, y además en base a leyes posteriores, tiene que ser denunciado moralmente y jurídicamente", argumenta Mulà, que asimismo ha señalado la importancia de las reuniones mantenidas en los últimos días no sólo con asociaciones a nivel mundial –Humane Society Internacional o Fondation Franz Weber, entre otras– sino también con todas las formaciones políticas del Parlament, excepto el PP y Ciudadanos. "Todos los partidos aseguraron que establecerían los mecanismos a su alcance para evitar que vuelvan" los toros a Cataluña, explica Mulà.

Por su parte, la posición adoptada por el Pacma no radica únicamente en lograr la prohibición en Cataluña, sino en hacerla efectiva en todo el Estado mediante el proyecto bautizado como Misión abolición. "Esta sentencia pone de manifiesto una vez más que han usado a los animales como moneda de cambio para una lucha política", denuncia Ana Bayle, quien considera, aunque insistiendo en su rechazo a profundizar en la cuestión, que se ha usado la sentencia "para atacar a Cataluña". Por el momento, los animalistas ya prevén toda una serie de movilizaciones sociales que comenzarán a partir de este viernes en todas las capitales de provincias del país.

Desobediencia institucional

A nivel institucional, el Ayuntamiento de Barcelona cuenta con una serie de medidas a tomar ante el intento de recuperar las corridas de toros en la comunidad. Tal y como adelantó el diario El Periódico, y como confirmaron fuentes del Consistorio a infoLibre, el equipo de Ada Colau trabaja desde "hace más de un año", y "de forma interna", sobre un informe jurídico "por si la sentencia estimaba que la Generalitat no tenía potestad para prohibir los toros". El documento, señalan, "ofrece diferentes alternativas" que serán revisadas por el servicio jurídico del Ayuntamiento.

La alcaldesa de la capital catalana se pronunció al respecto este mismo jueves: "Diga lo que diga el TC, impediremos el maltrato animal".  Advirtió, además, que la ciudad cuenta con una normativa contra el maltrato animal desde el 2004, de modo que "no se permitiría clavar una banderilla a un perro, tampoco lo haremos con un toro". En este sentido, la regidora aseguró que su equipo hará "todo lo posible" para que las corridas no vuelvan a celebrarse en la plaza Monumental, la única habilitada para su celebración. El recinto, comenta Anna Mulà, "está por ver si reúne las condiciones técnicas suficientes". El dueño de la plaza, que pertenecía al grupo Balañá, ya recibió en su momento la indemnización pertinente por su cierre.

Por parte de la Generalitat la postura oficial también ha sido clara. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, garantizó que "no volverá a haber corridas de toros en Cataluña diga lo que diga el TC". Tras recordar que la ley nació de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 180.000 firmas, Rull expuso la aspiración gubernamental por construir "un país donde no sea posible hacer un espectáculo público de la muerte y el sufrimiento de un animal. Cataluña dijo no y continuará diciendo no", zanjó.

También por parte de la CUP, que se expresó a través de las palabras de la diputada Mireia Boya, se ha pedido desobedecer la decisión del Constitucional: "Estamos hartos de que el TC toree al país", lamentó, a lo que añadió que la sociedad catalana rechaza espectáculos que "más que cultura son tortura".

Efectos sobre otras comunidades

Las miradas también recaen ahora sobre Baleares, que hasta el momento se venía postulando como la tercera comunidad en prohibir las corridas de toros –después de Canarias en 1991 y Cataluña en el 2010–. En octubre del pasado año, Podem, PSIB-PSOE, la coalición Més y el partido Gent per Formentera (GxF) presentaron una proposición no de ley para que 2016 fuera el fin de este tipo de festejos. Finalmente, el Parlament balear inició en febrero los trámites para prohibir las corridas y cualquier otro espectáculo que causara sufrimiento animal, a través de una reforma de la ley 1/1992. La modificación"entró en pleno en el Parlament y se tomó en consideración", relata para este medio el diputado de Podem Baltasar Picornell. "Quedaba la tramitación del periodo de presentación de enmiendas, que tenía que entrar en junio pero fue aplazado porque queríamos conocer la sentencia del TC".

La incógnita ahora recae sobre cómo afectará la decisión del Constitucional a las islas, que trabajan por seguir los pasos de los catalanes. Según Picornell, la fórmula por la que apuestan toma la forma de una enmienda parlamentaria que modifique el texto de la ley "de forma coherente". La actual normativa prohíbe "el uso de animales en fiestas o espectáculos, en los que éstos puedan ser objeto de muerte, tortura, malos tratos, daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador", pero contempla como salvedad las corridas de toros. "Eliminando la excepción de los toros podríamos conservar este artículo y regular las corridas". De este modo, se excluye la prohibición como tal, pero se modifica la ley de tal manera que la celebración de corridas sería prácticamente inviable, de forma similar a lo que ocurrió en Canarias cuando en 1991 se eliminó la excepción de la tauromaquia en la regulación sobre bienestar animal.

Por otro lado, Picornell explica la intención de regular la ley de Actividades Clasificadas porque "hay una disposición derogatoria en su artículo 66 que contempla a las corridas como actividad menor, es decir, se les pide muy pocas condiciones". En concreto, dicho artículo dispone que "cuando tales celebraciones se lleven a cabo en plazas de toros permanentes bastará que los promotores de la actividad presenten una declaración responsable de inicio y ejercicio del espectáculo ante el correspondiente ayuntamiento". Según el diputado balear, "eliminando este apartado se vuelve a actividad no permanente mayor, se abre más el abanico de requisitos" y se endurecen las posibilidades de celebrar este tipo de festejos.

El mensaje de Anna Mulà y la plataforma Prou en cuanto a los territorios que luchan por la abolición es tajante: "Animarles a que sigan su camino y replanteen las vías siguiendo todas las iniciativas legales disponibles". Respecto a Canarias, la abogada interpreta que la sentencia "se refiere a una situación y a una legislación determinadas", de modo que no tendría por qué afectar a las islas, donde además la modificación fue respaldada también por el PP y donde no se presentó recurso alguno.

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