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Los abusos de la banca

Anticorrupción asigna cinco fiscales a investigar a los 41 imputados del 'caso Banco de Valencia'

La Fiscalía Anticorrupción ha desplegado un plan especial para investigar todas las presuntas irregularidades del Banco de Valencia, según explican fuentes de este departamento, que especifican a infoLibre que se han visto obligados a asignar a cinco fiscales a las diferentes irregularidades que por el momento se han detectado. "El Banco de Valencia está dando un trabajo infernal", confirma un portavoz de Anticorrupción.

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso Banco de Valencia, Santiago Pedraz, ha imputado a 41 personas físicas y 18 jurídicas en las seis primeras querellas distintas admitidas a trámite por irregularidades en el banco. Entre los investigados se encuentran el expresidente de la entidad y de Bancaja José Luis Olivas (también imputado en Bankia); el exconsejero delegado Domingo Parra y los exvicepresidentes Antonio José Tirado y Celestino Aznar.

Falsedad contable

Hace menos de dos semanas, Pedraz decidió imputar un nuevo delito a los integrantes del consejo de administración: falsedad contable. El caso consta de una pieza principal, tras la denuncia presentada por el abogado asturiano afincado en Valencia Diego Muñoz-Cobo en nombre de la asociación de pequeños accionistas del banco (Apabankval), y nueve piezas separadas. 

El pasado 21 de noviembre el juez Santiago Pedraz decidió ampliar la imputación de los 13 antiguos miembros del consejo de administración del Banco de Valencia y el socio de la auditora Deloitte a los que investiga por supuestas irregularidades en la entidad para atribuirles un nuevo delito de falsedad contable.

La medida afecta, entre otros imputados, al expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas; al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; los exvicepresidentes de la entidad Antonio José Tirado y Celestino Aznar; y el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer. A todos ellos se les atribuyen delitos societarios, falsedad contable en su vertiente agravada y administración desleal, abusiva y fraudulenta, informa Europa Press.

Denuncia original

La denuncia que dio origen a todo el caso se dirigió contra el consejo de administración de la entidad valenciana, que tuvo que ser rescatada con 4.498 millones de euros del Estado, según la información facilitada por el Banco de España. Y también contra varias empresas y el auditor. Pero las investigaciones llevadas a cabo por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras las inspecciones del Banco de España, han dado pie a que este organismo presentara querellas que se investigan como piezas separadas. En cada una de ellas se han detectado irregularidades por créditos concedidos por el Banco de Valencia, que pertenecía en un 36% a Bancaja y que después se integró en Bankia.

"La entidad asume riesgos significativos en operaciones inmobiliarias, en su mayor parte suelos a largo plazo, en una actividad más propia de otro tipo de entidades que de una entidad bancaria", explica un informe sobre el Banco de Valencia realizado por la Intervención General del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Banco de Valencia asume todo el riesgo

Pero otro párrafo del informe pone sobre aviso el origen de las presuntas irregularidades de los exdirigentes de Banco de Valencia: "Estos negocios se realizan constituyendo sociedades específicas conjuntamente con promotores locales. Sin embargo, el riesgo lo asume la entidad prácticamente en su totalidad, ya que al estar la mayor parte de sus socios en situación problemática no solo aportan su parte del capital y todo el riesgo del crédito, sino que también tienen que financiar las nuevas aportaciones de capital a realizar por el resto de los socios de estas participadas".

Además, los dirigentes de Banco de Valencia incurrieron, según la Intervención General del Estado, en una concentración del riesgo de crédito en el sector de la promoción inmobiliaria y en un reducido número de acreditados. "Además, Banco de Valencia, a efectos del cálculo del límite de concentración de riesgos con el propio grupo, no ha declarado los correspondientes a varias entidades no consolidadas tenedoras de suelos controladas y financiadas por el grupo. Por ello ha superado el límite del 25% de los recursos propios establecido en la normativa del Banco de España", continúa el documento de la IGAE, al que ha tenido acceso infoLibre.

Todas estas presuntas irregularidades hicieron que el agujero de la entidad se fuera haciendo cada vez mayor. Así, el Banco de Valencia remitió al Banco de España, el 29 de marzo de 2012, un escrito en el que proponía un plan de saneamiento por su exposición al riesgo inmobiliario: "La dotación extraordinaria a realizar, teniendo en cuenta la calificación contable de sus exposiciones de promoción inmobiliaria, ascendía a 823 millones de euros".

Créditos investigados

En relación con los créditos que se están investigando, el 24 de mayo pasado el juez imputó a los empresarios Tito-José Pajares San Román y José Antonio San Román por la posible comisión de un delito de apropiación indebida. Ocho días antes imputó al expresidente del Valencia C.F. Juan Bautista Soler Luján; al exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra; Alfonso Monferrer, Salvador Vila, Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco, Teresa Villalba, Bartolomé Cursach, Joaquín Rivero y Rafael Ruiz-Jarabo.

Pedraz investiga también varias operaciones con las empresas Nou Literal, Valenciana de Viviendas, Progreso Valenciano, Cualmi, Valenciana 89, Faverch Desarrollos, Salvador Vila S.L., Urbanas de Levante y Valenciana de Inversiones Participadas.

Otro de los procedimientos se centra en operaciones de financiación concedidas a las entidades Construcciones Valencia Constitución, Arlette Dome y Sapa, en las que se emplearon "pagarés denunciados como falsos", según consta en la querella del FROB. Otra de las querellas admitidas a trámite por el magistrado se centra en la concesión de créditos a las empresas Urbanizadora Experiencia Inmobiliaria, Valenciana de Inversiones Participadas, Intrademallorca, Calviá Parc y Tito's. También se ha admitido a trámite la investigación sobre el capital concedido a varias discotecas como la Tito's radicada en Palma de Mallorca.

Nuevas declaraciones

Este martes, la Audiencia Nacional retomará las declaraciones de otro de los casos que también investiga Anticorrupción: los préstamos concedidos a Aguas de Valencia, que acabaron en inversiones inmobiliarias en Castellón, y que proporcionaron a la familia Calabuig más de 90 millones de euros en pleno estallido de la burbuja. Por su parte, Bancaja perdió, solo en un año, el 21% de su dinero. El martes está citado Enrique Calabuig Gimeno, mientras que un día después será el turno de Celia, Pedro y Mercedes Calabuig. El 10 de diciembre acudirán a la Audiencia Nacional Domingo Parra y su esposa María José Aznar Mayans.

El Banco de Valencia fue adjudicado a CaixaBank por un euro en noviembre de 2012, después de ser intervenido en octubre de 2011 por la situación financiera en la que se encontraba. Su Consejo de Administración fue sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB.

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