Elecciones catalanas

El aplazamiento de las catalanas trastoca la agenda de Sánchez y pone el foco sobre el CGPJ, los indultos y la sedición

Pedro Sánchez junto con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Las elecciones catalanas ya no serán el 14 de febrero. El Govern propuso este viernes a los partidos una nueva fecha, la del domingo 30 de mayo, más de tres meses después de la convocatoria inicial. Para esa fecha, consideran, debería estar más controlado el covid-19 y los ciudadanos votarán con mayores garantías. Con este nuevo horizonte, los partidos tienen que replantear sus estrategias y prepararse para extender la precampaña electoral. Pero no sólo se ven trastocados los planes de los partidos que van a concurrir a la cita con las urnas. El Gobierno de Pedro Sánchez también ve alterada su agenda, no sólo en lo que a planes internos se refiere, por la obligada sustitución de Salvador Illa en el Consejo de Ministros, sino también en el plano legislativo.

El Gobierno tenía una serie de tareas pendientes a abordar una vez se cerraran los ciclos electorales con las elecciones catalanas. Van desde intentar un nuevo acercamiento al PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la reforma de la sedición, pasando por la resolución de la petición de indultos de los presos independentistas. El cambio de fecha obligará al Ejecutivo a replantearse o reacoplar en el calendario algunos de estos planes. Todo, en un contexto sanitario muy complicado en plena tercera ola del covid-19. La pretensión inicial del Gobierno era que en los meses de mayo o junio hubiese vacunadas en España entre 15 o 20 millones de personas

"Todo se hará a su tiempo. Y, en el caso del CGPJ, sólo falta el 'sí' de PP", señalan desde la Moncloa intentando desvincular la agenda catalana del día a día del Gobierno. En todo caso, desde el Ejecutivo se ha presionado al Partido Popular en los últimos meses para cerrar los flecos pendientes que permitan la renovación del órgano de gobierno de los jueces conscientes de que Pablo Casado no iba a hacer ningún acercamiento, al menos, hasta después del 14F. Así lo avanzó infoLibre el pasado 14 de noviembre

A la espera del PP... ¿hasta cuándo?

¿Implica esto que en el Gobierno consideran ahora que estos plazos se agrandan hasta después de las catalanas? "El acuerdo está hecho a la espera de la firma y Casado lo sabe. Está todo prácticamente hecho. No deberíamos perder un solo día más", señalan fuentes de la Moncloa.

De momento, el Ejecutivo no ha dado todavía un ultimátum al PP consistente en reactivar la tramitación de la proposición de ley de reforma de la ley del CGPJ en elCongreso de los Diputados para sortear el bloqueo de los conservadores. En la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, el presidente ofreció a Casado frenar esa ley, sin retirarla del registro, con la condición de que volvieran a las negociaciones.

En la rueda de prensa de fin de año, Sánchez consideró que "el PP se debe sentar ya con el Gobierno para renovar" el CGPJ. No dio más datos ni se marcó ningún calendario. Pero no es ningún secreto que el sector de Unidas Podemos presiona para no dejar guardada en el cajón la iniciativa que rompería el bloqueo y ha llegado a amagar con plantearla vía enmienda a la ley que pretende limitar los poderes de un órgano de los jueces en funciones. Esta iniciativa va a tramitarse por el procedimiento de urgencia, tal y como aprobó la Mesa de la Cámara Baja esta misma semana. Los cálculos del Ejecutivo es que pueda ser una realidad en el mes de marzo.

A vueltas con la reforma del delito de sedición

El calendario normativo del Gobierno fijaba para antes de fin de año la reforma de los delitos de sedición y rebelión. Pero 2020 terminó sin rastro de la misma. Miembros del sector socialista del Gobierno ya habían venido advirtiendo en privado en los últimos meses del año de que hasta después de las elecciones catalanas no iba a haber avances.

Para no pillarse los dedos, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, señaló en una entrevista el pasado 30 de diciembre que el anteproyecto se aprobará en 2021 una vez estén preparados los informes preceptivos. "Dirán que soy pesado, pero me muevo en principios muy básicos: los tiempos razonables", mantuvo.

Algo más concretos fueron los plazos que se fijó para la llegada de los indultos al Consejo de Ministros. En la misma entrevista en Rac1, Campo situó la tramitación de los indultos a los presos del procés en el primer semestre de 2021: "Parece razonable". El ministro dijo no querer pillarse "los dedos" situando la decisión en "mayo o junio", aunque aseguró que la tramitación llegará "en un tiempo razonable", y siempre dependiendo de cuándo "entren" a su departamento "todos los papeles". 

Con las elecciones fijadas para el 30 de mayo —fecha a la que se ha opuesto el PSC—, los plazos que el ministro calcula como probables no impedirían que se tomara la decisión antes de la cita con las urnas. La duda es cómo encajaría una decisión favorable del Consejo de Ministros al respecto cuando uno de los principales objetivos de la candidatura de Salvador Illa es el de atraer a los votantes desencantados ahora con Ciudadanos y que en las anteriores elecciones pusieron a la cabeza a Inés Arrimadas.

Presiones de los presos al Supremo

Este mismo viernes, coincidiendo con el aplazamiento de los comicios, la defensa de los presos del 1-O Josep Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull presentó un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que pide agilizar el procedimiento para sus indultos, y reprocha que "la injustificada lentitud con la que se están tramitando los expedientes de indulto parece que pretenda esconder una voluntad de dilatar la resolución de los mismos".

El escrito del abogado Jordi Pina critica que Tribunal no esté abordando los expedientes "con la celeridad habitual con la que ha solido resolver las peticiones o recursos que se han interpuesto por algunas de las partes", informa Europa Press.

Tras los informes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el dictamen del Supremo, la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros.

Con el ciclo electoral abierto, está por ver si hay algún tipo de avance en materia de financiación autonómica en el primer semestre del año y si la mesa de diálogo Gobierno-Govern sigue aplazada hasta que un nuevo Ejecutivo autonómico salga de las urnas.

El hecho de que las elecciones se celebren el 30 de mayo implica que la campaña no arranque hasta mediados de este mes. Si no hay marcha atrás en la pretensión inicial de Illa, el cabeza de lista del PSC seguirá al frente del Ministerio de Sanidad hasta esa fecha, lo que congela los cambios en el Gobierno a los que obliga su salto a Barcelona. La operación Illa, pues, se queda en modo de espera. Y si Sánchez había reservado para Miquel Iceta el Ministerio de Política Territorial, este tendrá que esperar.

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