La Asociación Verdad y Justicia considera un avance las declaraciones de Mur: "Queda mucho por aclarar"

Varias personas en una concentración exigen verdad justicia y reparación para las víctimas del covid-19 en las residencias, con pancartas de las 7291 muertes, frente a los Juzgados de Plaza Castilla.

La Asociación 7291 Verdad y Justicia ha anunciado en un comunicado que considera que la declaración de Carlos Mur de este martes es un avance en la investigación de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia. El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid ha añadido algunos elementos nuevos desconocidos hasta la fecha, asegura la asociación, que actúa en representación de los familiares.

Estos protocolos, desvelados por infoLibre, y por los que murieron 7.291 personas, estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus de la Comunidad de Madrid, según ha asegurado Mur, que también ha señalado que Enrique Ruiz Escudero, en esos momentos el consejero de Sanidad, los conocía.

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La abogada de la asociación, Alejandra Jacinto, comenta en ese comunicado que otro de los aspectos novedosos en cuanto a la declaración del exdirector está en un correo que remitió al exconsejero de Ayuso, el 20 de marzo 2020, en el que le alertaba “sobre que la medicalización en las residencias era irrealizable”. Entre las próximas diligencias, la acusación particular solicitará que se cite a declarar al consejero Ruiz, así como a dos médicas que Mur ha señalado como redactoras de los protocolos.

La asociación de familiares ha elogiado la actuación de la jueza del Tribunal de Instancia número 37. “Aunque vamos poco a poco y queda todavía mucho por aclarar, tanto los familiares como la abogada estamos muy satisfechos con la actuación de la jueza”, ha indicado María Jesus Valero, presidenta de 7291 Verdad y Justicia.

Los representantes de los familiares y los abogados abogan por la unificación de todas las causas que permanecen abiertas en relación al caso de las residencias, pero, aseguran, es algo que "tendrán que decidir los tribunales".

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