La Audiencia Nacional avala que la Policía use dos coches de alta gama incautados a la trama del exjefe de la UDEF

La Policía Nacional contará en su parque móvil con dos potentes nuevos vehículos para la lucha contra el narcotráfico. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado que el cuerpo pueda disponer provisionalmente de un Porsche Cayenne Turbo y un Audi A3 Sportback incautados a la trama que gira alrededor del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que detuvieron a finales de 2024 por su supuesta relación con el narcotráfico con más de 20 millones de euros en efectivo, buena parte de ellos emparedados. Algo que, según señalan fuentes policiales a infoLibre, se hace "de forma habitual". Y que les permite, en algunos casos, enfrentarse a los delincuentes en igualdad de condiciones.

A comienzos de octubre, el instructor del caso, que se lleva en el Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, acordó el decomiso de ambos coches "como ganancia procedente del delito". Y la adjudicación de los mismos, a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, a la Policía, de forma que pueda usarlos de manera provisional hasta que se dicte sentencia firme. En el marco de la operación se requisaron decenas de vehículos, parte de ellos de marcas de lujo –desde Maseratti a Porsche, Range Rover o BMW– y algunos relacionados con licencias VTC. El juez dio orden de sacarlos a subasta unos meses después de la detención de Óscar Sánchez, el inspector de la UDEF que se erige como pieza central de una investigación cuya explosión precipitó la incautación en Algeciras de 13 toneladas de cocaína vinculadas al entramado.

Las defensas recurrieron. En el caso del Porsche Cayenne, que figura como propiedad de la mercantil Leihwagen –una de las utilizadas en la trama–, alegaron que no se fundamentaban de manera suficiente los indicios que permitían calificar al coche como "ganancia procedente del delito" o que la cesión del mismo a la Policía iba en contra de la naturaleza del decomiso porque el uso policial no conserva, sino que consume el valor del bien. Una impugnación similar a la planteada en relación al Audi, en la que se alegaba que el vehículo fue adquirido meses antes de que la recurrente prestase sus servicios a una de las mercantiles salpicadas y pagado desde su propia cuenta corriente, no desde ninguna sociedad implicada en el supuesto blanqueo de capitales.

Pero ambas chocaron contra la Audiencia Nacional. En dos autos de comienzos de enero consultados por este diario, los magistrados rechazan, uno a uno, los argumentos esgrimidos. "El hecho de que la ahora recurrente comenzase su actividad en la sociedad Pumba Gestión en abril de 2024 y que el vehículo hubiera sido adquirido con anterioridad, y que se hubiera abonado íntegramente a través de cuentas bancarias a nombre de la investigada, y no de la sociedad, no implica la legalidad del origen del dinero, ya que las actuaciones delictivas objeto de la investigación son anteriores a dichas fechas, por lo que no se ha acreditado el origen lícito del dinero contenido en dichas cuentas, ni del efectivo incautado en su domicilio –51.600 euros–", apuntan los magistrados en el caso del Audi.

Una cesión "habitual"

Las resoluciones, del mismo modo, también responden a la cuestión del consumo de valor planteada. "Los vehículos se deprecian y se deterioran más por el hecho de estar parados que en circulación, con independencia de que esta última opción produzca otro tipo de desgaste de la vida útil del vehículo", sostiene la Sala de lo Penal, que también recuerda la suspensión de actividad de la mercantil: "La devolución no permitirá a aquella retomar sus operaciones ordinarias, ni la viabilidad de la empresa y la protección de su patrimonio, razón por la que primero el decomiso y luego el uso policial impedirán el achatarramiento y deterioro del vehículo".

El artículo 367 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que "podrá autorizarse" el "uso provisional" de "bienes decomisados", entre otras circunstancias, cuando "se trate de efectos especialmente idóneos para la prestación de un servicio público". Algo que, consideran los magistrados, se cumple en este caso: "Resultan especialmente idóneos para ser puesto a disposición de las unidades policiales de la investigación en sus funciones ordinarias de prevención y represión del tráfico de drogas organizado y el blanqueo de capitales asociado a aquel, debido a las peculiares características técnicas del mismo".

Las fuentes policiales consultadas explican que la cesión provisional de bienes decomisados a las unidades "se hace de forma habitual" para facilitar las "labores" policiales. Al fin y al cabo, es algo que les permite jugar con las mismas cartas que los delincuentes. "No es lo mismo perseguir a un Porsche con un Toyota Corolla o con un Nissan Qashqai que con otro Porsche", ejemplifican. Además, explican que no siempre se ceden vehículos. También pueden solicitarse otros medios: "Por ejemplo, un georradar potente que se incaute en una operación".

37 contenedores valorados en más de 2.000 millones

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La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, en un informe fechado a mediados de diciembre al que ha accedido EFE, sostiene que el exjefe de la UDEF habría ayudado a colar en España 37 contenedores con 58,49 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado de más de 2.000 millones de euros. Una conclusión a la que llegan los investigadores tras analizar el móvil del inspector, donde destaca una nota denominada "8 jun 24", actualizada hasta pocos días antes de su detención, que evidenciaría una relación entre contenedores de droga y cantidades de dinero.

El informe de Asuntos Internos analiza también las comunicaciones de otro de los principales investigados, Ignacio Torán, que evidencian su "liderazgo en la organización", su "actuación concertada" con el inspector y la "inquietante y espectacular capacidad económica" que facilitó su captación y "su absoluta entrega a los ilícitos fines de la organización movido por el ánimo de lucro". De hecho, el exjefe de la UDEF recibía "correlativos pagos" por su ayuda a la organización de parte de Torán, que está en libertad provisional por un error judicial.

En el marco de esta macrocausa, esta semana cayeron nuevas piezas del engranaje de blanqueo de capitales que giraba alrededor de la trama. Entre los detenidos, Francisco de Borbón, pariente lejano del rey y cuyo nombre está detrás de la firma ET Fintech Europe, dedicada a la criptomoneda y que llegó a amasar 20 millones de dólares en moneda virtual que, según la Audiencia Nacional, procederían del tráfico de cocaína.