Tribunales

De Bolivia a Laos: cuando los acusados de corrupción 'desaparecen'

Fotografía cedida por la Policía Federal argentina en la que se ve Carlos Fernández, uno de los fugados del 'caso Malaya'.

El arranque del juicio por dos de las piezas separadas del caso Cooperación tendrá que esperar. La Audiencia Nacional decidió el pasado lunes aplazar el proceso en el que se juzgan las irregularidades en la gestión de los fondos de la Generalitat Valenciana destinados a países del Tercer Mundo después de que las defensas de todos los acusados alegaran falta de tiempo para preparar la vista oral. En la causa están procesados el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco y otras 23 personas. Sin embargo, una de ellas ni siquiera hizo acto de presencia en la que iba a ser la sesión de apertura. Adolfo Soler Sempere, uno de los hombres fuertes del considerado junto a Blasco cerebro de la trama, el empresario Augusto César Tauroni, se fugó en plena tormenta mediática por la adjudicación irregular de un hospital en Haití y, desde entonces, no se le ha vuelto a ver por España, a pesar de que había confirmado a su defensa que estaría presente en la Ciudad de la Justicia para el arranque del proceso. 

Sempere, que huyó a Bolivia en junio de 2011, aseguró a su abogado que no pudo coger el avión de vuelta por problemas de salud. A la vista de su ausencia, el fiscal Anticorrupción anunció que había solicitado a las autoridades bolivianas que envíen a un equipo forense para confirmar que el testaferro, señalado por la defensa de Tauroni como uno de los hombres “clave” del juicio, tiene la enfermedad que asegura. De no ser así, el Ministerio Público propuso que se solicite la extradición del acusado. El caso de Sempere no es una excepción. En los últimos años, varios procesados por delitos de corrupción han intentado esquivar la acción de la justicia refugiándose fuera de España, aunque en la mayoría de los casos han terminado encontrándolos y trayéndolos de vuelta. El ejemplo perfecto es el caso Malaya, donde hasta cinco procesados se esfumaron sin dejar rastro –a día de hoy sólo uno permanece fugado–. Pero las espantadas también se han podido ver en otras causas, como el caso Emarsa en la Comunitat Valenciana.

Los cinco fugados del caso Malayacaso Malaya

El 27 de junio de 2006, la Policía Nacional llevó a cabo por orden del juez Miguel Ángel Torres la segunda tanda de arrestos de la operación Malaya, símbolo de la corrupción marbellí. Entre los objetivos de esta nueva actuación policial se encontraba Carlos Fernández, exconcejal del Partido Andalucista en Marbella. Pero cuando los agentes llegaron a su domicilio, el exedil andalucista, que había dejado su acta unos meses antes tras ser condenado a dos años de prisión por otro caso de malversación de caudales públicos, se había esfumado. En los registros, la Policía encontró 3.500 euros en billetes de 500, anotaciones sobre los tejemanejes y la estructura societaria de Juan Antonio Roca, principal investigado en el caso Malaya, y una recopilación de información sobre personas y empresas vinculadas a los negocios de Marbella. Un año después de aquello, el instructor de la causa atribuyó a Fernández los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude. Sin embargo, el rastro del también exconcejal de Deportes con Jesús Gil al frente del consistorio malagueño se había perdido en Latinoamérica.

Once años después, en septiembre de 2017, Fernández reapareció. El exconcejal, al que siempre le ha acompañado la fama de ser el principal garganta profunda del caso Malaya, se entregó a las autoridades argentinas después de que su representación legal solicitase al juzgado que instruyó el procedimiento que se pronunciara sobre la prescripción de los delitos que pesaban sobre el exedil marbellí, un movimiento que chocó en primer lugar contra el órgano instructor y, después, contra la Audiencia Provincial. Desde que se entregó, la justicia argentina ha estudiado la extradición analizando cada una de las causas por las que España reclamaba a Fernández. En cinco de ellas, ha concluido que los delitos por los que había sido investigado ya estaban prescritos. Sin embargo, en la conocida como Saqueo II, por la presunta comisión de malversación y falsedad en documento mercantil durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL), el juzgado federal consideró que los delitos seguían vivos. No obstante, la decisión fue recurrida ante la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, el exedil andalucista no ha sido el único salpicado por el caso Malaya que ha intentado evadirse de la acción de la justicia. En diciembre de 2008, el entonces juez instructor dictó orden de detención contra Francisco Javier Lendínez, exconcejal del GIL investigado en la causa, después de percatarse de que llevaba dos meses sin acudir al juzgado a firmar –medida cautelar que le había sido impuesta–. Cinco años después, en 2013, Lendínez fue detenido en el aeropuerto de Barajas cuando volvía de Tailandia. Su arresto se produjo veinticuatro horas antes de que la Audiencia Nacional diera a conocer la sentencia del caso Malaya. En 2014, fue condenado por la Audiencia de Málaga a cuatro años de prisión por la causa principal, una pena que posteriormente fue incrementada hasta los cinco años de cárcel por el Tribunal Supremo. Y en 2016, la Audiencia Nacional le metió otros dos años y medio de prisión por un delito de malversación de caudales públicos en el marco de Saqueo II, condena que confirmó también el Alto Tribunal.

Otro de los huidos relacionados con esta causa fue Andrés Liétor. El empresario decidió desaparecer en 2014, meses después de haber sido condenado en el caso Malaya a seis años y tres meses de prisión, ocho años de inhabilitación y una multa de 4,7 millones de euros por cohecho, blanqueo, fraude y prevaricación. Y sin rastro de él se estuvo hasta junio de 2016, cuando las autoridades venezolanas anunciaron su detención y, un año después, acordaron su extradición a España. Sin embargo, la justicia española ha tenido menos suerte con el abogado Juan Germán Hoffman y el empresario José Manuel Llorca. El primero, condenado en Malaya a cinco años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, fue localizado en Alemania en noviembre de 2016 pero las autoridades germanas rechazaron su extradición. El segundo es, de todos los fugados, el único que a día de hoy todavía permanece escondido. Llorca, además de figurar en la macrocausa marbellí, ha sido señalado como uno de los cerebros de la estafa de Fórum Filatélico.

Caso Emarsa: de València a Moldavia

El pasado mes de junio, la Audiencia de Valencia dictó sentencia contra los 24 acusados del denominado caso Emarsa, en el que se investigaba el desvío de más de 23 millones de euros de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo. Un desfalco millonario, que se vio traducido en un incremento de la factura del agua, por el que el magistrado impuso una condena global de 97 años, ocho meses y ocho días de cárcel. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de trabas. El juicio tuvo que aplazarse en dos ocasiones. La primera de ellas fue por la ausencia de uno de los encausados, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, que desapareció en 2012 y que fue arrestado por la Interpol en Moldavia en julio de 2015, donde se movía con el nombre de Botnari Alexandr. Tras ser extraditado a España, el empresario tuvo que sentarse en la Audiencia de Valencia junto al resto de acusados del caso Emarsa como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Roca fue condenado a seis años y un día de prisión, aunque la sentencia todavía está a la espera de ser ratificada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, sobre la cabeza del considerado cerebro financiero de la trama Emarsa todavía pesan otras causas judiciales. Por un lado, se enfrenta a cinco años de cárcel por blanquear presuntamente el dinero procedente de Emarsa. Y, por otro, aún tiene pendiente una causa por delito fiscal en la que le piden catorce años de prisión. El pasado mes de enero, el empresario solicitó la nulidad del procedimiento por blanqueo: “No se me puede acusar por un delito por el que no he sido extraditado”. En cuanto a su periplo por la ex república soviética, el empresario aseguró que no se arrepiente porque eso “es de cobardes”. “Yo si me hubiese ido a Moldavia con mi pasaporte falso como tenía que haber hecho, no estaría aquí”, aseveró Roca en declaraciones a los medios de comunicación, añadiendo que en el caso Emarsa “no están todos los que fueron”.

La gira de Roldán por el sudeste asiático

Pero de todas las fugas, la más mediática tuvo lugar en la década de 1990. El conocido como caso Roldán estalló a finales de 1993 con la publicación de una noticia en Diario 16 en la que se señalaba que Luis Roldán había incrementado su fortuna en 400 millones de euros desde que era director general de la Guardia Civil. Poco a poco, el cerco se fue estrechando alrededor del exjefe del Instituto Armado, que fue señalado por El Mundo como uno de los beneficiarios de los sobresueldos procedentes de los fondos reservados que habrían cobrado algunos altos cargos. El 27 de abril de 1994, Roldán no acudió a una declaración judicial y saltaron todas las alarmas. El Gobierno de Felipe González se vio obligado a admitir que Roldán había huido, aunque aseguró que haría todo lo posible para ponerle a disposición de la justicia. Sin embargo, el ex director general de la Guardia Civil no fue localizado hasta un año después. El 27 de febrero de 1995, Roldán fue detenido en Laos. El 2 de marzo, el exjefe del Instituto Armado compareció ante la jueza instructora del caso.

Tres años después de su arresto en el sudeste asiático, la Audiencia de Madrid condenó a Roldán a 28 años de prisión por malversación de caudales públicos, cinco delitos contra la Hacienda Pública, estafa y cohecho continuado. El tribunal consideró probado que el ex director general de la Guardia Civil aprovechó su cargo “para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva” y que Roldán recibió sobresueldos de cinco millones de pesetas mensuales de la Secretaría de Estado de Seguridad con cargo a los fondos reservados a partir de 1990 y de diez millones mensuales desde 1991 hasta su destitución. En diciembre de 1998, el Supremo confirmó los delitos y elevó la condena hasta los 31 años. El fallo del Alto Tribunal abundó en la apropiación de fondos públicos destinados a fondos reservados y en las comisiones que el exjefe del Instituto Armado exigió y recibió a empresas adjudicatarias de la Guardia Civil a cambio de tales adjudicaciones.

El fracaso de Correa

La intención de evadirse de la acción de la justicia también estuvo presente en la Gürtel. El presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también intentó fugarse cuando las cosas se ponían feas en España. Sin embargo, a diferencia de todos los casos anteriores, el empresario fracasó en el intentó. Tal y como consta en el sumario de la macrocausa, Correa contó por teléfono en enero de 2009 a un administrador de una de las empresas de la trama corrupta que la antigua cónsul de Panamá en Montecarlo, Carmen Leonor Hallax, le estafó “una millonada” por arreglarle “unos papeles” que le permitiesen refugiarse en el país centroamericano en caso de ser investigado, algo que finalmente no hizo. Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal calculó que Correa, que empezó a preparar su fuga después de que la policía registrase en 2008 por orden de Anticorrupción el despacho de uno de sus principales colaboradores, habría pagado  por esa gestión unos 225.000 euros.

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