Cuatrecasas

El bufete que ha fichado a Santamaría impulsa al menos siete demandas contra el Estado en tribunales de arbitraje

Soraya Sáenz de Santamaría en el despacho de abogados Cuatrecasas.

La semana pasada se hizo público que la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había alcanzado un acuerdo para fichar por el bufete de abogados Cuatrecasas, uno de los más importantes de España. Para acceder a su nuevo puesto, Santamaría tuvo que recibir el permiso de la Administración, que certificó que no existe conflicto de intereses por su pasado político. Pero el bufete al que accede la vicepresidenta es muy activo a la hora de litigar contra España: Cuatrecasas representa al menos a siete empresas que se encuentran pleiteando contra el Estado en tribunales de arbitraje para que se les compense por inversiones supuestamente perdidas por el hachazo a las renovables del Gobierno en el que Santamaría era vicepresidenta.

Fue el pasado lunes cuando se anunció que Santamaría volvía al sector privado por la puerta grande. La exvicepresidenta, abogada del Estado de profesión, ha fichado por Cuatrecasas con rango de socia de la empresa y entrando en su consejo de administración, después de que la Oficina de Conflictos de Intereses diese luz verde al entender que, durante su etapa en el Gobierno, no había tomado ninguna decisión relacionada con la firma. Pero, aunque no dependerá directamente de ella, la nueva empresa de Santamaría sí que está pleiteando contra el Estado en casos muy relacionados con decisiones tomadas durante su mandato como vicepresidenta.

A día de hoy, España se enfrenta a 32 procesos de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo de arbitraje y resolución de conflictos dependiente del Banco Mundial a cuya jurisdicción se someten 150 países. En este tipo de tribunales, no compuestos por jueces sino por árbitros elegidos por las partes, las empresas que hayan invertido en un país pueden reclamar que ese Estado les compense si entienden que uno o varios cambios legislativos han perjudicado su inversión y les han hecho perder o, incluso, dejar de ganar dinero.

La mayor parte de los 32 procesos de arbitraje abiertos en el Ciadi contra España están impulsados por empresas que invirtieron en energías renovables antes del recorte que el Gobierno del PP llevó a cabo durante su última legislatura con mayoría absoluta. Y, de esa cifra, un total de siete compañías están representadas en sus reclamaciones por el bufete Cuatrecasas del que ahora Santamaría es socia y miembro de su consejo de administración.

infoLibre se puso en contacto con Cuatrecasas para conocer si, además de esos siete casos ante el Ciadi, el bufete también representa a empresas que pleitean contra España en otros tribunales de arbitraje similares como Uncitral –dependiente de la ONU– o el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, además de para conocer más detalles sobre otros casos en los que esté litigando con el Estado. El bufete, no obstante, se limitó a señalar que la única información disponible es la que hace pública Ciadi.

NextEra reclama 291 millones representada por Cuatrecasas

En estos procesos, la compañía en cuestión demanda al Estado y, si los árbitros concluyen que lleva razón en sus reclamaciones, posteriormente se fija la cuantía de la indemnización, por lo que es imposible conocer con exactitud cuál es la cantidad reclamada a España. Pero a finales de 2017, la Abogacía del Estado –que es quien defiende a España en los procedimientos abiertos en el Ciadi– aseguraba que la cifra global de reclamaciones ascendía a más de 7.000 millones de euros, en torno a un 0,7% de todo el PIB español.

Y, por el momento, Cuatrecasas parece estar teniendo bastante éxito con sus demandas, para perjuicio del Estado. El pasado jueves, el Ciadi se pronunció a favor de la empresa estadounidense NextEra Energy casi cinco años después de que la compañía registrase su demanda ante la corte de arbitraje. Pese a que el siguiente paso en el procedimiento es cifrar la cuantía de la indemnización y España aún puede reclamar una rebaja, la propia NextEra sostuvo hace unos días que, a su juicio, España les debe aproximadamente 291 millones de euros "más intereses".

España, de hecho, ya ha tenido que enfrentarse al pago de varias indemnizaciones desde que comenzó la avalancha de reclamaciones, que se incrementó especialmente a partir de 2013. De momento, el Ciadi ha fallado ya a favor de tres demandantes: Masdar –representante del fondo soberano de Abu Dabi–, por una cifra de 64,5 millones de euros, Eiser Infraestructure, por otra de 128 millones, y Antin, por 112 millones. Además de a NextEra, el bufete que ha fichado a Santamaría representa a dos compañías japonesas (JGC Corporation e Itochu Corporation), una alemana (BayWa r.e.), otra británica (InfraRed) y una luxemburguesa (Renergy), además de a un holding suizo (Schwab Holding AG). Esos seis procedimientos impulsados en el Ciadi por Cuatrecasas aún no tienen veredicto, aunque algunos de ellos llevan años en marcha y ya han pasado por varias fases.

Dinero público gastado en abogados

Pero el dinero utilizado para satisfacer las indemnizaciones determinadas por el Ciadi no es el único que está teniendo que gastar el Estado a la hora de pleitear contra las empresas afectadas por el recorte a las renovables del Gobierno del PP. Tal y como reconoció el Ejecutivo liderado entonces por Mariano Rajoy en una respuesta parlamentaria a Unidos Podemos, el Gobierno se vio obligado a crear "dentro de la Abogacía General del Estado un departamento especializado en la llevanza de procedimientos de arbitrajes de inversión". Y, pese a que es este órgano el encargado de representar a España en los procedimientos de arbitraje, España ha tenido que contratar en varias ocasiones bufetes de abogados privados para continuar pleiteando en tribunales ordinarios estadounidenses o suecos, donde la Abogacía del Estado no puede intervenir.

La oleada de demandas contra España en los tribunales de arbitraje comenzó en el año 2013, cuando se aprobó la reforma del sistema eléctrico por el Ejecutivo de Rajoy, que supuso la aplicación de duros recortes en las subvenciones a las renovables. En esa reforma, el Gobierno estableció un nuevo sistema de cobro de las primas consistente no en ofrecer una cuantía por la cantidad de electricidad generada, sino en calcular una "rentabilidad razonable" ligada a la de la deuda pública española para toda la vida útil de cada instalación. En la práctica, esto significó que las subvenciones a las renovables descendiesen de golpe en 1.700 millones, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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