La Caixa negocia la venta de una filial a un imputado por el Banco de Valencia

Eugenio Calabuig, el empresario que el martes declarará como imputado ante el juez Santiago Pedraz por la querella sobre los préstamos supuestamente ilegales que obtuvo de Banco de Valencia que le acabaron reforzando como accionista de Aguas de Valencia, aspira todavía a más: a quedarse con el paquete de acciones (31,6%) que, como propietaria de Banco de Valencia, tiene La Caixa en Aguas de Valencia. Y para ello está negociando con la entidad catalana, que ejerce precisamente la acusación particular en la querella por la que Calabuig está imputado.

A finales de 2012, CaixaBank compró Banco de Valencia a cambio de pagar un euro y recibir una dote de 5.498 millones de ayudas públicas. Calabuig ya saltó al primer plano en 2012 cuando trascendió que Aguas de Valencia había pagado 375.000 euros en Suiza supuestamente destinados a Iñaki Urdangarin, versión que los titulares de las cuentas a donde llegó el dinero -dos de los tres son amigos del yerno del rey- han negado taxativamente.

La participación de La Caixa en Aguas de Valencia como heredera de Banco de Valencia se canaliza a través de Inversiones Financieras Agval SL. Ahí, Calabuig ya tiene la mayoría. La logró en 2008 gracias a que Banco de Valencia, en lugar de comprar para sí las acciones que otros minoritarios habían puesto a la venta y convertirse de ese modo en accionista inexpugnable en la compañía de aguas, le prestó el dinero a Calabuig para que fuese él quien tomara el control. Esos son los 48 millones cuya concesión considera ilegal el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). 

Ayer, fuentes de La Caixa admitieron que hay contactos “indirectos, en ningún caso físicos” con Eugenio Calabuig. Otras fuentes conocedoras de las negociaciones sostienen en cambio que esta misma semana ha habido reuniones. Y que Calabuig estaría ofreciendo a La Caixa comprar su parte en Inversiones Financieras Agval (el 49,99%, según la memoria de Banco de Valencia de 2012) a cambio de que la entidad de Isidro Fainé renuncie a seguir ejerciendo la acusación particular en la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La Caixa rehúsa hablar del asunto. Y el entorno de Calabuig, que dice incluso no saber en calidad de qué exactamente está personada La Caixa en la causa, recalca que al empresario no le inquieta la querella. “¿Por qué lo han imputado? ¿Por recibir unos préstamos que está devolviendo como debe?”, se pregunta un allegado. Pero son esos préstamos, por importe de 48 millones, los que constituyen el verdadero meollo de la querella.

Generosidad crediticia

Por qué Banco de Valencia no aprovechó la ocasión para comprar por sí mismo esas acciones y controlar así sin apenas competencia el accionariado de Agval es uno de los puntos oscuros del caso. Pero lo cierto es que fue tras la concesión de esos 48 millones y de dos créditos más relacionados con otra sociedad (Costa Bellver, para cuya compra de acciones obtuvo 96 millones en 2009) cuando una mercantil del entonces consejero delegado del banco, Domingo Parra, recibió cuatro millones.

El dinero llegó a sus cuentas transferido por sociedades de la familia Calabuig. Parra y su mujer declaran también esta semana como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La gran incógnita que la investigación deberá resolver estriba en si hubo o no conexión entre el generoso apoyo crediticio de Banco de Valencia a Calabuig y los millones ingresados a Domingo Parra.

Cuando Caixabank desembarcó en Banco de Valencia, Calabuig ya era el socio mayoritario de Inversiones Financieras Agval a través de compañías de su familia, Fucsa y Galbis. Y esa posición le confiere en la práctica el carácter de accionista de control de Aguas de Valencia, dado que Agval posee el 63,18% de esa sociedad, mientras que el segundo gran inversor, Suez Environnement ostenta el 33,02%.

Calabuig está interesado en adquirir la participación de Caixabank en Agval para asegurar su posición de control en la compañía de aguas, según señalan fuentes de La Caixa. “Se están examinando papeles” explicaron ayer sin dar más detalles.

Para el empresario castellonense, mantener el control de una compañía con alta rentabilidad y liquidez como Aguas de Valencia es clave. Más, tras la agitación accionarial que supuso la entrada en liza de La Caixa con la compra de Banco de Valencia, aliado de Calabuig.

Para resolver la disputa, Calabuig ha recurrido a la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Valencia. En una comida con periodistas realizada tras la junta general de accionistas, de la que dio cuenta el diario El País, el presidente de Aguas de Valencia valoró el precio de las acciones del Banco de Valencia en Agval entre 40 y 60 millones de euros y afirmó disponer de la financiación necesaria, aunque no desveló si se trata de recursos propios, en el caso de que el proceso de arbitraje le sea favorable. La idea, señaló, es “volver a los orígenes de Agval y quizá dar entrada a algunos empresarios valencianos de un determinado perfil para recuperar la estabilidad accionarial”.

En octubre, Calabuig admitió haber mantenido previamente “dos contactos oficiales” con Caixabank sin haber acercado posturas sobre las acciones del Banco de Valencia, aunque destacó que “las maneras” de la entidad financiera catalana “son mejores que las del FROB”.

La posición de La Caixa en Aguas de Valencia es compleja. La entidad es accionista de Aguas de Barcelona (Agbar) con un 24,4% de las acciones y en alianza con Suez Enviroment (73,35%). Su posición tras la compra de Banco de Valencia la dejaba como accionista de Agbar y como accionista de Agval, por lo que tuvo que renunciarf a tener representación en ambos consejos. Es la misma posición, incómoda, que tiene Suez Enviroment, propietaria también de un 33% de Aguas de Valencia, pero sin voz en el consejo.

El pulso por el negocio del agua merece la pena para quienes como calabuig, aspiran a lograr buenos beneficios. Según los últimos datos facilitados por la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamientos, el importe total facturado por el agua urbana en España, asciende a 5.081 millones de euros. De la factura total, dos tercios corresponden a abastecimiento de agua, un 15 % a alcantarillado y un 25 %, a la depuración de las aguas residuales. Por otro lado, el plan nacional de calidad de las aguas (fundamentalmente depuración) tiene pendiente inversiones por valor de 10.000 millones de euros hasta 2015.

Ayer, allegados a Calabuig reiteraron que la horquilla señalada –entre 40 y 60 millones- es la que el empresario habría tenido que pagar a Caixabank de haber podido ejercer el derecho de tanteo. El litigio para el que las dos partes han acudido a la Corte de Arbitraje valenciana tiene un origen en la discrepancia sobre cómo debe interpretarse la llegada de Caixabank a Agval: la entidad catalana mantiene que, al quedar dentro del perímetro de Banco de Valencia, heredó sus derechos al hacerse con el banco; Calabuig, en cambio, aduce que a los accionistas ya presentes en Agval les asistía el derecho de adquisición preferente frente a la recién llegada entidad catalana.