La portada de mañana
Ver
Cinco reflexiones cruciales para la democracia a las que invita la carta de Sánchez (más allá del ruido)

Desbloqueo de los órganos constitucionales

El candidato del PP para el TC avanzó a Ignacio González que los cambios en Anticorrupción serían positivos para él

El catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo Alcubilla, en una imagen de archivo.

Enrique Arnaldo, uno de los dos elegidos por el PP para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional, no solo comunicó el 3 de noviembre de 2016 a Ignacio González que se estaba "moviendo" para que el nuevo fiscal general del Estado fuera "bueno" sino que en esa misma charla telefónica le contó algo más: que lo primero era "mover la pieza" principal –la cúpula del ministerio público– pero que luego vendrían los relevos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en Anticorrupción. Las palabras que Arnaldo transmitió a González, a quien la justicia ya investigaba por la compra de un ático de lujo en Estepona, fueron estas: 

–Enrique Arnaldo (E. A.) Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada. Ahora, hombre, es una garantía que siga Rafael [Catalá, entonces ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy] porque ya se lo conoce, no tiene que volver a empezar desde el principio".

El significado de la respuesta que dio Ignacio González tras escuchar lo que acababa de exponer Arnaldo fue inequívoca. La transcripción indica que interpretó cómo los cambios en las piezas "que van al lado" de la Fiscalía General serían positivas para él. A renglón seguido, Enrique Arnaldo asintió. Le bastó una sola palabra: "¡Perfecto!".

Ignacio González (I.G.) ¡Está claro, está claro, está claro! bueno, bueno, pues nada a ver si, a ver si le, le, si damos un paso en la buena dirección, joder.

Enrique Arnaldo (E.A.): ¡Perfecto!

I.G. De todas formas, a ver si hablamos.

Grabada por la UCO, la conversación se produjo antes de que el heredero político de Esperanza Aguirre cayera de bruces en abril de 2017 arrastrado por el macrocaso que gira en torno a un rosario de actuaciones supuestamente corruptas, Lezo. Transcurrida una semana de la charla del 3 de noviembre entre González y Arnaldo, el Gobierno propuso como fiscal general a José Manuel Maza. Y tres meses después, en febrero de 2017, Maza aupó a la jefatura de Anticorrupción a Manuel Moix, aunque su estancia en el cargo fue efímera: en junio de ese mismo 2017, Moix se vio forzado a dimitir tras desvelar infoLibre su participación oculta en una empresa del paraíso fiscal de Panamá.

Como publicó en su día este periódico, Maza acabó designando a Moix, tal y como había barajado González en otra conversación telefónica con el exministro Eduardo Zaplana. En vísperas del nombramiento, integrantes de la Unión Progresista de Fiscales advirtieron a Maza advirtieron a Maza de que circulaba un insistente rumor sobre una investigación de la Audiencia Nacional en la que aparecía el nombre de Moix en conversaciones grabadas a políticos que lo situaban como alguien favorable a los intereses del PP. A pesar de esa advertencia, el nuevo fiscal general eligió a Moix para el puesto sin tan siquiera motivar su decisión por escrito, algo que ha irritado a amplios sectores de la carrera fiscal que expresan su alarma ante el probable deterioro de la credibilidad de esta institución judicial.

Entre 2007 y 2009 y en su calidad de fiscal jefe de Madrid, había archivado dos denuncias contra Ignacio González por impulsar en suelo público un campo de golf cuya construcción benefició a su familia. El político madrileño se sentará ahora en el banquillo por la operación que Moix se negó a investigar.

Aquella no fue la única conversación telefónica en la que Ignacio González recibió un auténtico tutorial de estrategia jurídicay planes a seguir a través de Enrique Arnaldo, catedrático, antiguo vocal del órganode gobierno de los jueces (CGPJ) a instancias del PP y entre 2010 y 2011 imputado durante casi año y medio por contratos a dedo del Gobierno balear y pagos a Jaume Matas. Persona cercana al actual consejero de Justicia de Madrid y responsable de esa área en el partido, Enrique López, a quien asistió como abogado cuando en 2014 la Policía le cazó conduciendo ebrio y sin casco, Arnaldo recibió a la semana siguiente una nueva llamada de Ignacio González. Esa mañana, la del 11 de noviembre de 2016, el Gobierno había anunciado que  Maza sustituiría a Consuelo Madrigal. Tras el saludo inicial, la transcripción de un diálogo que ni llegó a los tres minutos no ofrece dudas sobre la proximidad entre González y Arnaldo:

Ignacio González (I.G.): ¿Qué tal, Don Enrique?

Enrique Arnaldo (E.A.): ¡No me equivocaba mucho!

(...)

I.G.: ¿Has acertado?

E.A.: Je, je, ¡he acertado!

I.G.: Ahhh, bueno, o sea, que estamos contentos ¿o no?

E.A.: ¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí.

(...)

I.G.Vale.

E.A.: Ayer cenamos pero no lo celebramos.

Triple nexo: una fundación privada, contratos a dedo y pagos al expresidente

A partir de ahí, Arnaldo tejió un discurso de alabanza hacia José Manuel Maza, a quien describió como "una persona con criterio y valiente". Casado con quien entre enero de 2001 y abril de 2004 había sido directora general de Política Autonómica en el Gobierno de José María Aznar y muy bregado en el mundo jurídico, cuando la UCO grabó aquella segunda charla con Ignacio González hacía años que Enrique Arnaldo basaba buena parte de su experiencia en el bufete del que sigue constando como copropietario: Estudios Jurídicos y Procesales SL. 

Entre 2003 y 2008, la empresa de Arnaldo había prestado servicios a múltiples organismos públicos. Incluso a la Comunidad de Madrid. Y a varios ministerios. En la lista de grandes clientes privados aparecía Francisco Hernando, el entonces célebre Paco el Pocero. Y había percibido del Gobierno balear de Jaume Matas 165.476 euros gracias a tres adjudicaciones sin concurso. En 2010, el diario El País publicó que Arnaldo pertenecía al patronato de una fundación privada hermanada con FAES y en la que compartía cargos con Matas, así como con su exjefa de gabinete, Dulce Linares. Se trata de la Fundación Antonio Maura de Baleares.

Linares jugó un papel decisivo en la adjudicación del primer contrato asignado a dedo a Estudios Jurídicos y Procesales, un estudio para la implantación de la radiotelevisión balear. Oficialmente, el Gobierno balear cursó invitación a dos empresas y a un abogado como persona física. Ninguno de los tres debía estar vinculado a los otros dos. En eso consiste el trámite legal en los procedimientos negociados sin publicidad. Pero como quedó registrado en el sumario, la copropietaria de la segunda firma invitada admitió que su compañía y la de Arnaldo estaban conectadas, tanto que compartían logotipo y dominio en las direcciones de email. Y el tercer abogado declaró que ni sabía nada del mundo audiovisual ni tenía ni idea de por qué le habían invitado a participar en aquel procedimiento negociado sin publicidad que ganó el bufete de Enrique Arnaldo.

Nada más cesar como presidente en mayo de 2007, Arnaldo fichó a Matasp para manejar las "relaciones con las Administraciones Públicas". Así aparece en el contrato bilateral firmado por ambos y que ese primer año de colaboración profesional reportó 27.000 euros a quien había sido el hombre más poderoso del archipiélago y todavía mantenía intacta su impunidad. Los contratos y los posteriores pagos a Matas sustentaron la imputación de Arnaldo en una de las piezas del luego conocido como caso Palma Arena. En julio de 2011, el juez José Castro archivó las diligencias en lo que respecta al futuro magistrado del tribunal de garantías español.

En 2017, todo aquello de Baleares quedaba lejos. Y lo que aquí, en el caso de Enrique Arnaldo, se había mantenido intacto era su capacidad para el análisis y una especie de prognosis o conocimiento anticipado de lo que iba a suceder. En el diagnóstico sobre las cumbres del mapa de la Fiscalía que Arnaldo trazó ante Ignacio González destacaba lo siguiente: que Maza disponía de "una ventaja". ¿Y cuál era esa ventaja? Que al  nuevo fiscal general,  fallecido de forma inesperada en noviembre de 2017, nadie le podía "colar goles"

El candidato del PP al TC cree que no le afecta la prohibición que tienen los funcionarios de obtener contratos públicos

El candidato del PP al TC cree que no le afecta la prohibición que tienen los funcionarios de obtener contratos públicos

González le dio aquí una respuesta que abre un interrogante sobre el porqué del plural que cierra la frase:

Ya, ya, ya, bueno, bueno, oye, que, que, qué alegría tío, vamos a ver si lo celebramos, a ver si seguís.

Más sobre este tema
stats