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Retrasos judiciales

El caso sobre la caja B del PP roza ya los cinco años en espera de que la Audiencia fije la fecha del juicio

Sede del PP en la Calle Génova

Considerada la de mayor alcance político del caso Gürtel hasta la demoledora sentencia de la considerada pieza principal, la que en 2018 desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy, la vista oral de los llamados papeles de Bárcenas lleva ya casi cinco años en espera de que la Audiencia Nacional señale fecha para su comienzo. Oficialmente, nadie explica el porqué de tal demora. 

Sea cual sea la causa última del retraso en la celebración de la vista oral, lo cierto es que hoy, a cuatro meses de que se cumpla un quinquenio de incertidumbre sobre cuándo y qué ocurrirá, otra investigación judicial en el candelero amenaza con devolver al primer plano las anotaciones de la contabilidad paralela que el extesorero del PP fue plasmando a mano durante dos décadas. Y esa investigación es la del caso Villarejo, uno de cuyos puntales se localiza en el dispositivo policial y parapolicial desplegado en 2013 y pagado con fondos reservados para evitar que Bárcenas conservara más papeles incriminatorios para el partido. Es decir, papeles adicionales a los manuscritos contables que en enero de aquel año ya habían salido a la luz y sobre cuyo contenido ordenó diligencias casi de inmediato el juez de Gürtel. A espaldas de aquel juez –entonces, Pablo Ruz– se hizo la operación de espionaje a Bárcenas, bautizada en el caso Villarejo como Kitchen y que avanza ahora bajo secreto de sumario.

Fue el 28 de mayo de 2015 cuando el magistrado que había tomado el relevo de Ruz y finalizado la instrucción de la pieza de papeles, José de la Mata, dictó lo que en el argot jurídico se conoce como “auto de apertura de juicio”. A partir de ese auto ningún recurso puede impedir que los acusados –cuatro aquí, con Luis Bárcenas en cabeza y el PP como responsable civil subsidiario– se sienten en el banquillo.

A lo largo del lustro transcurrido desde entonces, la Audiencia ha juzgado no solo la pieza troncal sino otras tres ramas del frondoso y complejo árbol de GürtelGürtel: las que afectaban a la financiación ilegal del PP valenciano, donde se produjo la confesión del antiguo número dos del PP regional, Ricardo Costa, y la de nueve adjudicatarios de contratos de la Generalitat; la de los contratos a la trama con el Ayuntamiento de Jerez, donde quedó exonerada antes de la vista oral la entonces alcaldesa porque el Supremo adujo que no tenía por qué saber lo que firmaba; y la referida a las adjudicaciones de Aena. La Audiencia también ha fijado ya para marzo el inicio de una cuarta vista, la de la visita del papa a Valencia.

En esos cuatro casos, los respectivos autos de apertura de juicio habían sido posteriores en no menos de seis meses al de la contabilidad b del PP. Sus “rollos de sala”, el número de expediente que se asigna a cada causa en cuanto llega a la sala competente, reflejan, por tanto, una fecha más tardía. 

"Nada" impide el juicio

Parte de lo investigado sobre los papeles de Bárcenas volvió a la fase de instrucción en marzo de 2017 tras las revelaciones de Francisco Correa en el juicio de la pieza troncal, la llamada Época 1: básicamente, lo que dijo el jefe de la red es que hubo empresarios que pagaron comisiones a cambio de contratos públicos.

Pero esa parte reabierta, cuya nueva fase de investigación reabierta expira en principio antes del verano, quedó desgajada de la pieza que ya entonces se encontraba pendiente de juicio. En la que irá a juicio en cuanto la Audiencia marque fecha, el tribunal debe emitir dictamen sobre cuatro cuestiones: la existencia y funcionamiento de una caja B: si el PP pagó con dinero negro 1,5 millones de la reforma de su sede central; la falta de declaración del impuesto de sociedades del PP en 2008 y la compra de acciones de Libertad Digital. El primero, sin duda, es el que mayores complicaciones presenta por lo ya expuesto sobre la sentencia de mayo de 2018.

Que las revelaciones de Correa partieron en dos la pieza de los papeles de Bárcenas lo ilustra un escrito del juez José de la Mata. El 15 de octubre de 2018, el juez que había resumido la investigación sobre los hipotéticos pagos de empresarios dirigió a la Sala Penal de la Audiencia una providencia casi didáctica. En ese texto, De la Mata no solo explicaba qué cosas de la pieza original habían vuelto exactamente a sus manos y cuáles eran las que se encontraban ya en espera de vista oral sino que añadía una afirmación tajante: el contenido de las diligencias reabiertas “no impide en nada la continuación de las actuaciones de enjuiciamiento”.

En la parte de la pieza cuyo juicio "nada" lo impide, solo compartirán banquillo cuando llegue el momento cuatro acusados, dado que el quinto inicial -el extesorero Álvaro Lapuerta- falleció en junio de 2018. Y hay dos personas jurídicas que se arriesgan a ser declaradas responsables civiles subsidiarios: el PP y la empresa Unifica, responsable de la reforma.

Aquí, la Fiscalía solicita penas de reclusión abismalmente inferiores a las de la pieza principal, pero el calibre político es sustantivo porque otra sentencia condenatoria sacaría de nuevo a la superficie la financiación del PP. Bárcenas, que en espera de lo que resuelva el Supremo ya cumple la condena de 33 años que recibió por Época 1, es el principal inculpado y se arriesga a que se le impongan cinco años más de cárcel. Los otros tres encausados son el exgerente del PP Cristóbal Páez; el dueño de Unifica, Gonzalo Urquijo; y su socia Belén García.

Cuatro recusaciones y un auto que da oxígeno al PP

Hasta ahora y desde febrero de 2016, cuatro jueces han sido apartados del tribunal que debe dirigir la vista oral cuando se celebre, tres conservadores y uno progresista. El segundo factor por orden cronológico, más volátil en cuanto a su peso jurídico pero plúmbeo en lo político, consiste en que el PP aguarda en vilo que triunfe su recurso y el Tribunal Supremo revoque la citada sentencia de 2018: es decir, la dictada tras un macrojuicio que dibujó el mapa global de Gürtel, trazó las líneas maestras de cómo funcionaba la trama en conexión con responsables del PP en distintas administraciones, declaró al partido beneficiario económico de los desmanes y dio por probada la existencia de una caja B. Porque el tribunal dictaminó que el partido recibía donaciones opacas que no se hacían "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".

Pero el profundo calado de la sentencia de 2018 –sostienen los juristas consultados– en absoluto impide juzgar las ramas que cuelgan del tronco de Gürtel. Es decir, otras piezas como las tres ya juzgadas a lo largo de estos cinco años y la que se juzgará a partir de marzo. O también, esta de los papeles de Bárcenas, exclusivamente centrada a efectos del juicio en la contabilidad paralela y en el efecto que esta pudo tener en el pago de la reforma de la sede central del PP, la de la calle Génova.

Por qué entonces sigue sin conocerse cuándo se celebrará la vista del juicio sobre la contabilidad opaca es una pregunta para la que infoLibre carece de respuesta incuestionable: la Audiencia no ha accedido a dar explicaciones. Y es aquí donde, ante el silencio oficial, emergen las preguntas. Y la más evidente parece esta: ¿influyen realmente las sucesivas recusaciones? 

Una fuente jurídica que conoce muy de cerca el caso ofrece un no taxativo: "La fecha del juicio de los papeles se podía haber fijado antes incluso de que terminara la vista de Época 1 y cuando ya se habían resuelto las dos primeras recusaciones y nadie se había planteado aún siquiera las restantes. Se podía calcular que la sentencia iba a estar para mayo de 2018 y, de hecho, el ponente, Ángel Hurtado, estuvo meses exento de reparto de asuntos para que pudiera dedicarse a la sentencia". Al quedarse en minoría, Hurtado acabó renunciando a redactar por completo la resolución y emitió un voto particular contrario al pronunciamiento sobre la contabilidad B del PP.

Firmante del recurso de mayor envergadura política, el partido de Pablo Casado se siente ahora respaldado en su recurso por el auto con que la Audiencia Nacional apartó el pasado mes de octubre al último de los cuatro recusados, miembro del tribunal que dictó la primera sentencia y demonizado por los conservadores a partir de ese momento, José Ricardo de Prada, de talante progresista. Es a Prada a quien el PP considera responsable de que la sentencia hable de la caja b. La formación conservadora terminó por recusarlo para juzgar los papeles de Bárcenas. Pero, como recuerda una fuente, la presidenta de la Sala, Concepción Espejel, "tardó varios meses en reunir el pleno de la sala para decidir sobre la recusación de De Prada". Y eso demoró, objetiva y nuevamente, la posibilidad de fijar una fecha para el juicio. Las acusaciones siempre han dudado de Espejel, que fue junto con Enrique López, hoy consejero de Justicia del Madrid y responsable de esa área en el PP, la primera jueza recusada y apartada en Gürtel.

La "íntima cohesión" entre ramas del mismo árbol

Aunque el auto que sacó del tablero de los papeles de Bárcenas a De Prada no corrige ni anula la sentencia de 2018 porque solo el Supremo puede dar ese paso, su texto llega a decir, con otras palabras, que la Audiencia se extralimitó. Los hechos relativos a la caja B, dice la resolución de octubre,"no eran objeto estricto de enjuiciamiento"y ese pronunciamiento no era "absolutamente necesario". 

La afirmación de que no era "absolutamente necesario" hablar de la caja B topa con uno de los argumentos que ciertas fuentes destacan de la sentencia y que, en la vorágine desatada en la primavera de 2018, pasó más inadvertido: que sin constatar que tal caja o contabilidad nutrida con fondos ajenos al circuito legal existía, Bárcenas, por ejemplo, no habría sido condenado también por apropiación indebida: indebida porque parte de su dinero oculto –es lo que sostiene la sentencia– procedía en realidad del partido.

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Y topa también esa afirmación del auto –opinan juristas que asimismo piden que no se les identifique– con una de las tesis centrales por las que Anticorrupción defendió que ni la presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, ni Enrique López, hoy consejero de Justicia en el Gobierno de Madrid y responsable de esa área en la ejecutiva nacional del PP, podían participar no ya en el juicio principal de Gürtel ni en el de los papeles, de los que ya habían sido apartados, sino en ninguno conectado a la causa: porque entre todas las piezas había una "íntima cohesión". Lo que desde el inicio han defendido la acusación pública y la privada es que el caso Gürtel se troceó en piezas por razones de orden práctico y procedimental. Pero que todas las piezas son, en efecto, ramas de un tronco común. 

El argumento de la "íntima cohesión" fue esencial para que la Fiscalía se opusiera a que ninguno de los dos primeros jueces recusados y apartados de la pieza central Gürtel rozaran la de los papeles de Bárcenas ni ninguna de las restantes. Los dos magistrados apartados fueron los ya citados Concepción Espejel y Enrique López. En octubre de 2015 quedaron excluidos del tribunal del macrojuicio de Época 1. Y en febrero de 2016, también del futuro juicio de los papeles de Bárcenas. Ambos habían sido propuestos en épocas anteriores a su desembarco en la Audiencia como vocales para el Poder Judicial (CGPJ) gracias al voto parlamentario del PP. Entre quienes votaron a Espejel figuraba, por ejemplo, Luis Bárcenas, senador hasta que el estallido y avance de Gürtel le llevó a dimitir en abril de 2010.

El tercer recusado y apartado por su afinidad al PP fue el juez Juan Pablo González, hoy presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Y ya en 2019, la Audiencia excluyó a José Ricardo de Prada. Según la Audiencia, haber participado en el primer juicio podía contaminar a De Prada y obstruir su capacidad para valorar los hechos en la pieza sobre la caja b sin tener una idea preconcebida. 

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