Educación

Las cifras del "adoctrinamiento" en las aulas: 428 denuncias y tres requerimientos al Govern en siete años

Varias jóvenes colocan en una pared carteles a favor del referéndum.

El supuesto "adoctrinamiento político" en las aulas y las críticas a los libros de texto con los que estudian los alumnos catalanes emergieron hace unos meses en medio de la tensión derivada del pulso independentista en Cataluña. Sectores de la población alimentaron un debate que tuvo un gran eco en los medios de comunicación y que llegó incluso al Congreso de los Diputados a través de varias iniciativas del PP y Ciudadanos. "¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado y que el nacionalismo se apodere (...) de un espacio civil sagrado, como es la educación?", llegó a decir el líder de la formación naranja, Albert Rivera, desde la tribuna del Parlamento. 

Más allá de las valoraciones políticas son los datos oficiales los que ponen en contexto esta realidad. Desde 2010, fecha en la que el soberanismo sitúa el punto de inflexión que disparó la indignación de parte de la sociedad catalana tras la sentencia que recortó el Estatut, se han presentado ante la Alta Inspección Educativa de Cataluña un total de 428 denuncias por supuestos actos de adoctrinamiento en centros educativos sostenidos con fondos públicos. Estos datos han sido facilitados a infoLibre por el Ministerio de Educación a través del Portal de Transparencia. El número de alumnos matriculados en centros públicos y concertados supera el millón. 

Estas 428 denuncias "han derivado" en tres requerimientos que el Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección Educativa de Cataluña, envió a la Generalitat entre el 27 de septiembre y el 27 de octubre de 2017. El departamento que dirige Iñigo Méndez de Vigo reclamó a la administración catalana que depurara responsabilidades sobre determinados actos en los que se habría fomentado el "rechazo hacia España" utilizando el horario lectivo para, presuntamente, "realizar actividades cargadas de ideología política".

Estos datos evidencian, por tanto, que la actuación del Gobierno central sobre estos supuestos actos de adoctrinamiento se ciñe a la fase final del procésprocés independentista. De hecho, los citados requerimientos recogen casos de centros educativos en los que los alumnos acudieron en horario lectivo a movilizaciones convocadas para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los máximos responsables operativos del referéndum que tuvo lugar el 20 de septiembre, denuncias de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que aseguran que sus hijos habían sido víctimas de acoso escolar tras el 1-O o actos para reclamar la libertad de los Jordis

infoLibre consultó este miércoles al Ministerio de Educación si tenía constancia de que la Generalitat haya restaurado los derechos conculcados y depurado responsabilidades, pero no obtuvo respuesta. Precisamente este jueves seis profesores del instituto El Palau del municipio de Sant Andreu de la Barca, en la provincia de Barcelona, comparecieron ante la fiscalía por los comentarios contra la Guardia Civil que supuestamente hicieron al día siguiente de las cargas policiales del 1-O. Todos ellos alegaron que fueron los alumnos los que pidieron realizar ese debate en clase.

La mayor parte de la comunidad educativa catalana ha negado que en sus aulas haya adoctrinamiento político. Su máximo órgano de representación, el Consejo Escolar de Cataluña –del que forman parte miembros de las administraciones locales y autonómicas, sindicatos, AMPA, patronales de las escuelas privadas, entidades educativas, universidades y patronales empresariales– criticó en un comunicado las "mentiras" y "acusaciones infundadas" de aquellos que, sostienen, "no pueden aceptar la solidez del sistema educativo" cuyo objetivo "es seguir construyendo una escuela de calidad, con pasión y espíritu crítico".

En contraposición, organizaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), creada en 2014 con el objetivo de promover el bilingüismo y del trilingüismo y defender la "neutralidad política e ideológica" en los centros educativos, sí sostienen que los "hechos puntuales" denunciados en relación al referéndum del 1-O evidencian que existe adoctrinamiento en las escuelas catalanas. "Esta situación es consecuencia del perfil nacionalista catalán de las direcciones de los centros, las Ampas, los sindicatos de docentes, los consejos escolares...", señaló recientemente a este periódico su presidenta, Ana Losada.

Libros de texto

Por otro lado, el pasado 18 de mayo, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, anunció que había reclamado a la Alta Inspección Educativa de Cataluña un informe "detallado y urgente" sobre los libros de texto con los que estudian los alumnos catalanes. El objetivo era determinar si se estaba vulnerando o no la normativa y si los manuales carecen de "rigor histórico". El número dos de Educación dijo entonces que el trabajo estaría disponible "en breves días". Sin embargo, han pasado siete meses y no hay novedades, tal y como confirma un portavoz del ministerio. 

El origen de la investigación no está en ninguna denuncia presentada por familias de alumnos, pues según la información facilitada por el Ministerio de Educación a través Portal de Transparencia, al menos desde 2010, no se ha producido ninguna. Educación se basó en un informe [consultar aquí] de la asociación de profesores Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES), que defiende que el "adoctrinamiento" en las aulas catalanas comenzó en la época en la que Jordi Pujol era president de la Generalitat (1980-2003). 

Este colectivo, tras analizar 14 manuales de la asignatura de Conocimiento del Medio de 5º y 6º de primaria (alumnos de once y doce años) de siete editoriales determinó que los contenidos que fija el Gobierno central se han reducido tanto que se dificulta su adquisición y criticó que en algunos de ellos se diga que la ley principal de Cataluña es el Estatuto de Autonomía o que la parte de historia se presente como un constante enfrentamiento entre España y Cataluña al tiempo que se hacen alusiones a la inexistente "corona catalanoaragonesa".

El documento también cuestiona que la falta de referencias a la monarquía, la Constitución, el Gobierno de España u otras estructuras del Estado "favorece que los alumnos catalanes no adquieran la identidad española" y que "no se sientan españoles, sino sólo catalanes". O que se ensalcen "en exceso" las "diferencias entre los catalanes y los ciudadanos del resto de España, mientras que se reduce o se ignora lo que los une".

No obstante, entre los aspectos criticados de los libros también hay cuestiones de carácter valorativo. Por ejemplo, AMES critica que se presente a la II República "de forma excesivamente favorable"; que se utilice la denominación Estado para referirse a España, lo que lleva a los alumnos a "desconocer que existe una realidad que se llama España"; o que se diga que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 recuperó el uso público de la lengua catalana, lo que da a entender "que antes estaba prohibido hablar en catalán".

Al igual que ocurre con los supuestos casos de adoctrinamiento o con el modelo de inmersión lingüística, gran parte de la comunidad educativa entiende que este cuestionamiento de los libros de texto no se basa en criterios ni pedagógicos ni sociales, sino meramente partidistas y con fines de desestabilización política. 

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