Caso de los espías

Cifuentes admite que el Ejecutivo de Aguirre hizo “seguimientos” y “controló” a cargos públicos

Aguirre pide un Gobierno de PP, PSOE y Ciudadanos en el que "lo de menos" es quién lo presida

El Gobierno que encabeza Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid ha reconocido que entre marzo y mayo de 2008 el entonces director general de Seguridad del Ejecutivo encabezado por Esperanza Aguirre, Sergio Gamón Serrano, y su hombre de confianza y subdirector general, Miguel Castaño Grande, "encomendaron u ordenaron la realización de [...] tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Administraciones", según el escrito de acusación enviado a la jueza Carmen Valcarce por el letrado de la Comunidad de Madrid.

En el mencionado escrito, adelantado por la Cadena Ser, la representación legal de la Comunidad de Madrid solicita a la magistrada Valcarce, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, solicita la apertura de juicio oral, al mismo tiempo que formula un escrito de acusación contra los mencionados Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande, pero también contra los exagentes a los que éstos habrían encargado el espionaje: José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

El abogado del Gobierno autonómico del PP de Cifuentes les considera "penalmente responsables" de un delito de malversación de caudales públicos de la Administración regional, entonces encabezada por Esperanza Aguirre, cuyo número dos era Francisco Granados, en prisión incondicional sin fianza desde hace más de dos años.

El Ayuntamiento de Madrid acusa de malversación a excargos del Gobierno Aguirre por el 'caso espionaje'

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"Una gestapillo"

Presuntamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González; el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

Esta accidentada causa provocó en 2009 un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo".

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