Extrema derecha

Cinco mentiras y manipulaciones sobre las que Vox basa sus propuestas

Imagen del acto de Vox en el Palacio de Vistalegre.

El partido de extrema derecha Vox ha colapsado las portadas de los medios de comunicación este fin de semana. Lo ha hecho sobre todo después de llenar el Palacio de Vistalegre de Madrid este domingo, en un evento al que asistieron cerca de 10.000 personas según la formación. El presidente del partido, Santiago Abascal, augura éxito en las urnas y promete un centenar de medidas que ponen contra las cuerdas principios básicos como la igualdad de género.

Durante las dos horas largas que duró el acto, diferentes líderes de la formación presentaron sus recetas de extrema derecha ante lo que consideran problemas de primer orden como la llegada de inmigrantes a España o el "feminismo radical". Gran parte de sus propuestas se asientan sobre una base frágil que se alimenta de falsas creencias o mitos que echan raíces en los sectores más ultras, pero que son capaces de arraigar también en otras capas de la sociedad. Éstas son algunas de las mentiras defendidas por Vox en su multitudinaria asamblea.

Marcha atrás en violencia machista

Los dirigentes del partido no han titubeado a la hora de poner en el punto de mira al movimiento feminista y los logros alcanzados por la simbiosis entre calle e instituciones. "Gran parte de las denuncias de violencia de género no tienen fundamento ni base real", señaló Alicia Rubio, vicesecretaria de Movilización de Vox. Lo dice pese a que los datos dejan en lo que va de año un total de 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales sólo nueve habían dado el paso de denunciar. No sólo el problema de los feminicidios alcanza dimensiones dramáticas, sino que las barreras a la hora de denunciar se han presentado como el principal lastre para combatir la violencia machista.

"Lucharemos por la persecución efectiva de las denuncias falsas", dijo Rubio, "porque todo ello está creando una discordia social innecesaria y unas injusticias dolorosas". En el año 2017 se interpusieron 166.260 denuncias por violencia de género y se incoaron 23 causas por denuncia falsa. De ellas, en dos ocasiones el procedimiento finalizó en sentencia condenatoria y 21 siguen en tramitación, según informa la Fiscalía General del Estado en su memoria anual. Por tanto, sumando las condenas y las causas aún en tramitación, las denuncias falsas constituyeron el pasado año un 0,013% del total. Desde el año 2009, el porcentaje de condenas por denuncia falsa asciende al 0,0078% y la suma de condenas y causas en tramitación acumuladas deja el porcentaje en el 0,01%.

El partido apuesta por derogar la Ley contra la Violencia de Género de 2004, por "discriminar a un sexo de otro" y llama a la aprobación de "una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños". Defiende además normalizar la custodia compartida impuesta.

Carla Vallejo es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas. A su juicio, las propuestas de Vox son "una barbaridad", especialmente teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en 2008 sobre la constitucionalidad de la Ley contra la Violencia de Género. En aquel año, recuerda la jueza, el tribunal "clarificó que la regulación contenida en el Código Penal relativa a la Ley Integral, que preveía una pena levemente superior para los casos de agresiones machistas, es perfectamente constitucional". Lo es, agrega, porque responde a "una situación de desigualdad, no sólo a una agresión, sino a una agresión reforzada por el machismo y la dominación patriarcal".

En cuanto a la custodia compartida, Vallejo entiende que se trata de "un recurso muy adecuado" porque genera "mayor corresponsabilidad y una forma mucho más igualitaria" de repartir los cuidados. No obstante, "es evidente que no se puede imponer de forma automática y con carácter obligatorio". La posición defendida por Vox, continúa la jurista, "supone negar lo que ha sido la línea de trabajo de los últimos años, es una propuesta negacionista" que la jueza equipara a rechazar la existencia del terrorismo. En esencia, lo que hace el partido es "negar una forma concreta de violencia que afecta a las mujeres y que tiene que ver con un sistema de dominación". Supondría "volver siglos atrás", resuelve.

Con ella coincide Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis. "La violencia de género es terrorismo puro y duro" y muestra de ello son las "cerca de 60 mujeres asesinadas cada año que son sólo la punta del iceberg". La postura de Vox, agrega, "es la prueba de que ellos defienden ese terrorismo". En cuanto a su petición de custodia compartida impuesta, sumada a la derogación de la Ley Integral, viene a constatar que "algunos padres quieren la custodia compartida para continuar maltratando a sus exparejas". Sin embargo, concluye la jurista, "afortunadamente nuestra sociedad comprende que la lucha contra la violencia de género es prioritaria y pasa por fortalecer la Ley Integral, que, por cierto, excluye de manera certera la custodia compartida cuando hay violencia de género en la pareja".

En defensa de la "familia natural"

El partido promete además la creación de un Ministerio de Familia y la promulgación de una ley orgánica de protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al Estado. Los miembros de la formación entienden la familia natural "como el lugar donde nacen los niños y mueren los ancianos, el lugar donde la libertad y el amor florecen y donde todos encontramos protección, afecto, apoyo y fuerza".

Pero, ¿qué significa familia natural y qué fundamento tiene? Charo Alises, abogada y activista por los derechos humanos, reflexiona en torno a la propuesta. "Ellos entienden por familia natural la que está compuesta por una madre y un padre", reflexiona, pero se trata de "una idea que va en contra de la realidad". Lo cierto es que "no solamente a partir de la aprobación de la Ley de 2005 [que permitió el matrimonio homosexual], sino mucho antes, la realidad siempre ha sido diversa". Si bien ahora prima "una mayor visibilidad", siempre han existido "otras realidades como las familias monoparentales".

Para la letrada, la propuesta de Vox se basa en "un mensaje bastante populista dirigido a personas que no aceptan la diversidad familiar y que en su día lo manifestaron yendo contra la posibilidad de que las parejas homosexuales se pudieran casar o adoptar".

Más allá del escaso alcance social que pueda tener su medida, Alises subraya que además choca de frente con la Constitución. Lo hace, concretamente, con el artículo 14 de la misma, que blinda la igualdad de todos los españoles ante la ley "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Dejar a un lado otros modelos familiares contraviene también lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución, por el que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas".

Charo Alises reconoce que la propuesta tiene difícil encaje y estima que únicamente está "dirigida a un sector de la población determinado, pero sin ningún tipo de fundamente legal". De hacerlo efectivo, opina, tendría que "llevarse a cabo yendo en contra de la Constitución".

El estigma sobre la inmigración

El partido de extrema derecha sigue la estela de sus homólogos europeos al centrar el foco de sus críticas en la inmigración. Las alusiones a las personas migrantes fueron constantes durante el acto. El compromiso del partido, sostuvo Mazaly Aguilar, vicepresidenta de Vox, "pasa por controlar la inmigración ilegal", que "nunca se adaptará a nuestra cultura ni a nuestra forma de vivir porque lo que vienen es resueltos a imponer la suya". Por eso, la formación propone "la deportación de inmigrantes ilegales a sus países de origen" y habla de una "invasión migratoria que hoy alienta la izquierda y la socialdemocracia caduca".

"Nuestro Estado de Bienestar es incompatible con una política irresponsable de fronteras abiertas", añadió Rocío Monasterio, líder del partido en Madrid. Según el portal online Stop Rumores, una iniciativa de Andalucía Acoge, el 35% de la población española ha acudido a la consulta médica el último mes, frente al 30% de la población extranjera. Al otro lado de la balanza, el 20% de la población inmigrante no ha ido al médico en el último año, en contraste con el 14% de los españoles. La estimación del gasto público en Sanidad dirigido al colectivo inmigrante únicamente roza el 6,5%. Asimismo, el uso por parte de personas extranjeras del Sistema Integrado de Usuarios de Servicios Sociales no pasa del 12,5%. "Al ser una población mayoritariamente joven, apenas representan el 1% de las personas beneficiarias de pensiones en España, y más de la mitad proceden de la Unión Europea", añade Amnistía Internacional.

Según UGT, España ocupa el primer puesto de la Unión Europea en riesgo de pobreza de trabajadores extranjeros. De hecho, tal y como sostiene Amnistía Internacional, la crisis hizo caer 20 puntos su tasa de empleo entre 2007 y 2012, más del doble que la de la población nacional. "Su situación se ha complicado por la falta de redes familiares, menor protección social y dificultades para renovar su documentación, hasta el punto de forzar a casi un millón a abandonar el país durante la crisis", señalan los expertos. El principal problema que atañe a la población migrante, por tanto, tiene que ver con cuestiones económicas y de clase, a las que Vox no alude en su discurso.

Daniel Canales, portavoz de Amnistía Internacional España, explica que el discurso racista y xenófobo proviene de un proceso de "auge y solidificación" que en países del entorno ha tenido ya "reflejo electoral". Por ahora, reflexiona, "no es la situación en España, aunque el mensaje se propaga por las redes sociales y algunos partidos políticos han empleado este discurso que, por lo general está plagado de mentiras o medias verdades".

El activista relata que "resulta más o menos sencillo rebatir este tipo de mensajes, especialmente cuando se habla de noción de avalancha". En este sentido, recuerda que entre enero y agosto el Ministerio del Interior registró un total de 33.195 entradas irregulares. La cifra, dice, hay que contraponerla a los "60 millones de personas que han tenido que desplazarse de sus países de origen y los 24 millones y medio que se encuentran en una situación de necesidad". El 85%, dice, está ubicado en países en vías de desarrollo, de manera que el número de personas que acceden a España "es escaso" y el mensaje lanzado por Vox "no se acaba de corresponder con la realidad"Un refuerzo de las fronteras, además, tiene como principal consecuencia "el cierre de rutas seguras" y el auge de otras "más arriesgadas y peligrosas".

Ilegalización de partidos independentistas

"Que no vengan los correctitos a decirnos que somos turbas de circo romano por gritar Puigdemont a prisión", arremetió Rocío Monasterio durante su intervención en la apertura del acto, en alusión a un cántico que se repetiría a lo largo de la jornada. La formación defendió, en esta línea, ilegalizar partidos que "persigan la destrucción" de la integridad territorial.

Respecto a los partidos políticos, la Constitución dicta que los mismos "expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". Su creación, dice, y el ejercicio de su actividad "son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley".

Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona (UB), explica que la ilegalización de los partidos independentistas no es viable "en tanto que la Constitución exige respetarla pero no creer en ella". Lo que arguye la norma tiene que ver con que los partidos políticos "cumplan las reglas del juego, pero dentro de eso tú puedes defender lo que quieras" y cita como ejemplos los partidos republicanos que tienen como fin "convertir a España en una República". 

De la misma forma se expresa Miguel Presno, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. El docente entiende que la propuesta tendría encaje si "eliminan la Constitución o la redactan a su medida", pero no en la situación actual. "Defender la independencia es un objetivo totalmente legítimo, amparado por la libertad ideológica" y en ese sentido la persecución del independentismo en ningún caso podría ir ligado a la ilegalización de las formaciones independentistas. Además, sería una medida "contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos" por atacar una "opción legítima y amparada por la Constitución".

No es la primera vez que la sugerencia de prohibir partidos independentistas aparece en escena. Lo hizo Pablo Casado hace un año, quien sostuvo que la ilegalización de partidos independentistas era ya una realidad en países como Alemania, Portugal y Francia. Ninguno de los tres países, no obstante, ha ilegalizado en su historia reciente a ningún partido por reivindicar fines independentistas, mientras que en Alemania el Partido de Baviera lidera el movimiento independentista en el Estado federado y la coalición soberanista Pè a Corsica encabeza la política en Córcega y cuenta con tres diputados a nivel nacional.

Suprimir las autonomías

Otra de las propuestas que ha hecho pública Vox atiende a la supresión de las autonomías. "O pensiones o autonomías, o becas para los estudiantes o autonomías, o impuestos bajos o autonomías, o ayudas a personas dependientes o autonomías", rezaba el presidente de Vox, Santiago Abascal, que minutos antes fue presentado por el fundador del partido, José Antonio Ortega Lara, como "licenciado en supervivencia por la universidad de la vida".

El partido apuesta por "transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y solidaridad en vez de los privilegios y la división" con "un solo Gobierno y un solo Parlamento para toda España". Como paso previo, llaman a la "devolución inmediata al Estado de la competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia".

La propuesta de Vox choca una vez más con la Constitución, que respecto a la organización territorial asume que "en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas".

Los constitucionalistas consultados por este diario observan algunos matices. "Es algo defendible, como la independencia", señala Argelia Queralt. Lo cierto es que "pueden abogar por un Estado unitario pero para ello tendrían que modificar la Constitución por completo o bien llevar a cabo una reforma del sistema político". Ahora, agrega, si bien la propuesta es entendible, "los argumentos, las mentiras que usan para defenderla, no se sostienen", zanja.

Miguel Presno señala que "la Constitución no impone que haya autonomías" pero "una vez que existen, suprimirlas en todo caso se podría hacer siempre y cuando se siguiese el procedimiento previsto". Es decir, comenta el docente, impulsar una reforma de los estatutos de autonomía que contara con el acuerdo de los parlamentos autonómicos y las cortes. "Una especie de suicidio autonómico", detalla. "Lo que no puedes en ningún caso es suprimirlas unilateralmente, incluso con una mayoría parlamentaria". El camino sería, añade, una reforma constitucional en aplicación del artículo 168, que fija las vías para realizarla. En suma, reitera el constitucionalista, "habría que ver la fórmula, pero desde luego no podría ser en contra de la voluntad de todas las autonomías".

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