Fraude fiscal

Las claves del esperado juicio contra el poderoso clan de los Carceller

Demetrio Carceller Arce.

Del cielo de los negocios al infierno judicial. Este lunes, el apellido Carceller, ligado a firmas tan importantes como Damn, Grupo Cacaolat o Disa –primer operador de productos petrolíferos en Canarias y uno de los más importantes a nivel nacional–, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional. Demetrio Carceller Coll y su hijo, Demetrio Carceller Arce, se juegan largas penas de cárcel por 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

El proceso contra la que se considera una de las familias más poderosas de España, que se ha alargado más de dos años y al que también se enfrentan dos de sus colaboradores –José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Petrus Labayen, uno de los propietarios del bufete de abogados Petrus, cuyo nombre aparece en el origen del caso Gürtel y la Operación Pretoria–, arrancará a las diez de la mañana y se dividirá a diez sesiones. La Fiscalía Anticorrupción solicita 48 años de prisión para el patriarca y otros 14 años para el actual presidente de la cervecera.

Además, tanto el padre como el hijo se enfrentan al pago de multas millonarias. En el caso de Carceller Arce, la Fiscalía Anticorrupción pide un castigo de 118 millones de euros, mientras que para el patriarca de la familia catalana solicita una sanción de 330 millones de euros, así como indemnizar a Hacienda pública estatal con 41,4 millones y a la de la Comunidad de Madrid con 30,9 millones de euros por todo el dinero defraudado desde los años 1990. Con todas estas cifras en la cabeza, ambos acudirán este lunes a la Audiencia Nacional para afrontar el último capítulo de un proceso que lleva dilatándose desde julio 2014.

Dinero defraudado y trama

Fue a mediados de ese mes cuando el magistrado Pablo Ruz emitió un auto en el que señalaba que tras las diligencias practicadas en fase de instrucción había quedado "indiciariamente acreditada la existencia de una trama defraudatoria a la Hacienda Pública, en relación al Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio (ISP) y al Impuesto de Sucesiones". En concreto, el Ministerio Público le acusa de haber ocultado al fisco un montante que supera los 72 millones de euros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, lo habría hecho "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España". 

Al actual presidente de Damn, por su parte, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude en el ISP correspondiente al ejercicio del año 2007. La Fiscalía le acusa de haber participado de forma activa en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas y colaborando en la simulación de la residencia de Carceller Coll. Ambos, según el Ministerio Público, habrían utilizado empresas radicadas en paraísos fiscales para ocultar su patrimonio.

Los papeles de Panamá

Una presencia en países con una baja o nula tributación que también quedó desvelada con la filtración de los conocidos como papeles de Panamá, que en España publicaron en exclusiva El Confidencial y laSexta. Así, los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca demostraban que tanto el patriarca como sus hijos habían creado sociedades offshore en las islas de Niue y Samoa, ambas situadas en el Pacífico Sur, desde al menos 1995.

En concreto, el patriarca de la familia controlaba Siwenna Holding, Moterhorn y Vanderbilt; su hijo y presidente de Damn manejaba Vance Corporation, en la que su padre también tenía poderes generales; y José, Carmen y María Carceller Arce eran los responsables de Gloucester Investment, Nuka BV y Orsingen GMBH, respectivamente. La Agencia Tributaria ya había puesto el foco sobre alguna de estas empresas opacas, siendo las sociedades de las dos hermanas objeto de una investigación que finalmente concluyó sin demostrarse la existencia de haber incurrido en hechos delictivos.

Dos juicios aplazados

El juicio de los Carceller había sido fijado en un primer momento para junio de 2015. Pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó que el desarrollo de la vista fuera retrasado seis meses, entre el 11 y el 22 de enero de 2016, debido a que Estados Unidos no cumplimentó la comisión rogatoria que el tribunal cursó para que declarasen tres testigos estadounidenses, dos de las cuales habían realizado una declaración jurada en Lisboa atribuyendo la gestión de las empresas de la familia en Arizona al empresario Javier Ribas Vila. Las defensas consideraban que los testimonios por videoconferencia eran de vital importancia, ya que la mayor parte de los delitos de los que se acusa al patriarca son por las inversiones realizadas en Arizona.

Pero padre e hijo volvieron a evitar sentarse en el banquillo en enero de este año. En esta segunda ocasión, la salud de Carceller Coll, ya octogenario, hizo que la Audiencia Nacional lo suspendiese sine die a finales de diciembre. Fuentes de la AN confirmaron entonces a infoLibre que peritos judiciales habían confirmado la enfermedad del patriarca. 

Una fortuna amasada durante el franquismo

Actualmente, la familia Carceller es una de las más acaudaladas de España, con un patrimonio que ronda los 3.000 millones de euros. Además de ser los dueños de los grupos empresariales Damn y DISA, poseen o han llegado a poseer participaciones de Ebro-Puleva, Rodilla, Sacyr, Repsol, Estrella de Levante, Atlántica Petrogas, Banco Herrero, Hidroeléctrica del Cantábrico, Gas Natural, Unión Fenosa o la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Carceller Arce es en la actualidad consejero de Gas Natural y de Ebro Foods, así como vicepresidente de Sacyr y copresidente de Cacaolat.

Una fortuna que comenzó a amasarse durante el franquismo gracias al abuelo, Demetrio Carceller Segura, falangista cercano a José Antonio Primo de Rivera, pronazi convencido y ministro de Industria durante la dictadura. El historiador Josep Fontana le definió en la obra La economía del primer franquismo como "el iniciador de la corrupción a gran escala" durante aquellos años. Y cita un manuscrito de la época cuyos autores estaban vinculados a Juan de Borbón: "Ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de exportación, negocios bancarios, (...) puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller", por cuyas manos pasan, añadía el documento, "miles y miles de millones de pesetas". Según Fontana, el dinero pasaba, "pero no sin dejar peaje".

La inmensa fortuna tuvo su origen, según los historiadores, en el negocio de los combustibles, cuando en los años 1930 el patriarca funda la empresa DISA Corporación Petrolífera y comienza a mantener contactos con productores de petróleo estadounidenses y de otros lugares del mundo. La compañía, que en la actualidad posee más de 500 gasolineras y más de 2.700 empleados por toda España, fue la primera firma que comercializó la bombona de butano. El abuelo nunca tuvo que dar explicaciones. Este lunes, hijo y nieto responderán ante la justicia.

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