Congreso de los Diputados

La comisión parlamentaria de secretos oficiales arranca entre peticiones de mayor transparencia

El diputado de ERC, Joan Tardà.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó esta semana en votación secreta en urna el listado de los diputados que integrarán en esta XII Legislatura la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, más conocida como Comisión de secretos oficiales. En la corta XI Legislatura no se llegó a constituir, lo que provocó que estuviese inactiva por más de un año.

Este órgano, que preside Ana Pastor, estará integrado por Rafael Hernando (PP), Antonio Hernando (PSOE), Irene Montero (UP-EC-EM), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Jordi Xuclà (Grupo Mixto). Sus reuniones –tramita una media de 20 iniciativas por legislatura– son a puerta cerrada y su último objetivo es el de controlar la información relacionada con los fondos reservados de los ministerios que se destinan a la defensa y seguridad del Estado, una cantidad que viene fijada anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

A continuación, infoLibre ofrece las claves de esta comisión, en la que se han abordado asuntos que van desde el caso Nóos al papel jugado por Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del rey Juan Carlos. Distintos grupos han planteado iniciativas para dotarla de una mayor transparencia.

¿Cómo funciona?

El Congreso informa que cada seis meses comparecen ante la comisión, y a puerta cerrada, los titulares de los departamentos que tienen asignadas estas partidas. Es el caso de los ministerios de Presidencia, Interior, Defensa y Exteriores

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de Presidencia, también comparece ante esta comisión para rendir cuenta del funcionamiento y las actividades de la agencia. "De estas informaciones se exceptuarán las que procedan de los servicios extranjeros o de organizaciones internacionales", explican desde la Cámara baja.

Los diputados miembros de este órgano, uno de cada grupo en esta XII Legislatura, también pueden acceder a originales o copias de documentación catalogada como secreta o reservada. Tienen la posibilidad de examinarla y tomar notas, pero no pueden hacer copias ni retener los originales.

Los miembros de esta comisión tienen la obligación de mantener el secreto sobre toda la información reservada o secreta a la que han accedido por su pertenencia a esta comisión. Pero no siempre ocurre así. Filtraciones periodísticas permiten que trascienda lo que ocurre puertas adentro de estas reuniones.

¿Se ha mantenido siempre el sistema de elección?

La ley que regula el acceso a los secretos oficiales data de mayo de 2004. "Si la materia en cuestión hubiera sido clasificada en la categoría de secreto, el Gobierno facilitará la información recabada a un diputado por cada grupo parlamentario. Los diputados serán elegidos al efecto por el Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintos", puede leerse en el texto de la ley. Estos son los integrantes de la Comisión de secretos oficiales. Es el mismo sistema empleado para la elección de la Mesa del Congreso.

"Si alguno de los designados dejase de pertenecer, en el transcurso de la Legislatura, al grupo parlamentario por el que fue elegido, se procederá a la elección de su sustituto", añade.

La restricción es menor en el caso de que la materia en cuestión hubiera sido clasificada en la categoría de "reservada". En este caso, el Gobierno facilita la información a los portavoces de los Grupos Parlamentarios o a los representantes de los mismos en la Comisión, cuando hubiera partido de ésta la iniciativa de la solicitud.

Esta es la teoría. Porque, en la práctica, hay excepciones. Durante la X Legislatura la Comisión de secretos oficiales no funcionó al completo cien por cien. El Partido Popular vetó, gracias a su mayoría absoluta, la entrada de un representante del Grupo Mixto, integrado por representantes de las formaciones que, habiendo obtenido escaños, no pudieron configurarse en un grupo propio.

Fueron cuatro las veces que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), integrante del Grupo Mixto, intentó que el pleno del Congreso diese luz verde a la incorporación de uno de sus candidatos a esta Comisión. No fue posible. El PP, desde 2012, lo bloqueó con el argumento de que un partido próximo a Amaiur –formación integrada en parte por miembros de la izquierda abertzale– no debía sentarse en un órgano de la Cámara que maneja asuntos confidenciales.

En la X Legislatura, el Grupo Mixto estuvo integrado por Amaiur, ERC, BNG, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Geroa Bai, Compromis-Equo y Foro Asturias. Desde el PP argumentaban que ERC no podía "defender la ruptura del Estado" –es una formación independentista– y al mismo tiempo formar parte de una Comisión pensada para garantizar la "integridad y seguridad" del mismo.

En esta ocasión, el PP, ya sin mayoría absoluta en la Cámara, no se opuso a la entrada de los independentistas y Tardà (ERC) y Xuclà (PDeCAT) se sentarán en esta comisión. El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, justificó el aval de su partido a la entrada de las citadas formaciones en aras de la "normalidad institucional". Pero les advirtió de que deben cumplir con la "reserva" y "confidencialidad" que exigen los secretos de Estado."En clave nacional española", resumió Bermúdez de Castro.

¿Hacia una mayor transparencia?

La mayor transparencia de esta comisión ha sido un reto planteado por algunas fuerzas parlamentarias en los últimos años. Para esta legislatura ya hay iniciativas en esta línea. 

Un día después de la constitución de esta comisión, En Comú Podem registró una proposición de ley para que los datos de los gastos reservados que manejan el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los distintos ministerios puedan publicarse a los diez años de su utilización.

Además, en la iniciativa de En Comú Podem se elimina el requisito de los 210 votos del Pleno y se fija que la comisión de secretos oficiales estará formada al menos por un diputado de cada grupo, sin precisar exigencias. Esto, en principio, evitaría situaciones como la de la X Legislatura y la ausencia de un representante del Grupo Mixto.

La iniciativa refleja que este órgano deberá crearse en los 30 días hábiles posteriores a la investidura del Gobierno. El diputado Joan MenaJoan Mena, de En Comú, cree que no debería repetirse el hecho de haber pasado más de un año sin comisión de control de los gastos reservados, informa Europa Press.

A su juicio, los fondos reservados "se han usado como barra libre por parte de los diferentes gobiernos" y es necesario "democratizarlos" y "hacer más transparente su control".

"En países de nuestro entorno, por ejemplo en Reino Unido, Estados Unidos o Suecia, la legislación contempla la desclasificación sistemática de sus materias reservadas, también en el ámbito presupuestario, y España es una anomalía ya que el ordenamiento jurídico español blinda a perpetuidad todo lo relativo a los secretos oficiales, también los relativos a gastos reservados en materia presupuestaria", puede leerse en la iniciativa.

Desde la amiga del rey al hacker de Nóos

En la décima legislatura, esta Comisión tramitó 16 demandas de información. El grueso de ellas, 12, fueron para que compareciera el director del CNI, Félix Sanz Roldán. En las otras cuatro, la protagonista fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuyo departamento tenía y tiene todavía asignado el control de los servicios de inteligencia. 

Uno de los protagonistas de esta comisión de secretos oficiales de la X Legislatura fue Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la "amiga entrañable", como ella misma se definió, del rey Juan Carlos I. El 19 de marzo de 2013, Félix Sanz Roldán acudía, a petición del grupo de la Izquierda Plural, para aclarar qué tipo de gestiones había realizado esta amiga íntima del rey para el Gobierno de España. Había sido ella misma la que, en una entrevista concedida al diario El Mundo, aseguró haber colaborado con el Gobierno y que esta relación había sido "confidencial".

"Nunca he ganado un solo euro del dinero de los contribuyentes. He hecho trabajos gratis, pro bono para el Gobierno español […] Ese trabajo que he realizado para el Gobierno español, cuando se me ha pedido, ha sido siempre delicado, confidencial. Son asuntos clasificados, situaciones puntuales que yo he ayudado a solucionar por el bien del país", aseguraba la princesa en la citada entrevista.

Lo que se dijo y se preguntó en esta comisión nunca verá la luz. Pero fuentes conocedoras de lo que allí dentro ocurrió mantienen que Sanz Roldán desvinculó al CNI de cualquier relación con la amiga de Juan Carlos I. Según sostuvo el jefe de los espías, su agencia no realizó ningún trabajo de vigilancia, contravigilancia o seguimiento a Corinna. 

La Izquierda Plural pretendía que informase "sobre la supuesta vinculación de la señora Corinna zu Sayn-Wittgenstein con los servicios de inteligencia españoles".

La versión de Sanz Roldán, negando cualquier tipo de vínculo, echaba por tierra la del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Días antes de esta cita en la Comisión de secretos oficiales, José María Benito, secretario de Comunicación del sindicato, había asegurado que esta había contado, mientras residió en España, con un escolta oficial y con protección del CNI.

Espionaje a políticos catalanes

Otro de los temas que se abordó en esta comisión tuvo que ver con el espionaje a políticos catalanes a través de la agencia de detectives Método 3. Sanz Roldán negó cualquier relación del CNI con esa agencia desvinculando así al Gobierno de estos encargos. Según sostuvo, los servicios de inteligencia españoles no trabajan nunca de forma conjunta con agencias privadas de detectives. Esta comparecencia se produjo el mismo día que se abordaron las relaciones de los espías con Corinna.

En algunos sectores independentistas se había instalado la idea de que el Gobierno de Mariano Rajoy había incrementado la presencia de agentes del CNI en Cataluña con motivo del desafío soberanista, algo que la agencia negó tajantemente. La petición de que Sanz Roldán se explicase partía de CiU, formación que sospechaba de que tras el escándalo podrían estar los servicios de inteligencia del Estado.

El tercero de los asuntos que se abordó a puerta cerrada en esta Comisión tenía que ver con el caso Nóos, la investigación centrada en Iñaki Urdangarin, el yerno del rey. La Izquierda Plural quería conocer de primera mano la relación que tenía con el CNI el hacker Matías Bevilacqua, la persona a la que la defensa del marido de Cristina de Borbón contrató para poner orden a los correos electrónicos que formaban parte de esta causa. Por aquellas fechas se había publicado que Bevilacqua era agente de los servicios de inteligencia y había pirateado miles de correos del servidor informático del despacho Medina Tejeiro, encargado de la asesoría fiscal del esposo de la infanta.

La demanda concreta de la Izquierda Plural era que el CNI aclarase su "relación" con "el hacker", "los motivos para demandar sus servicios y si estos han tenido alguna relación con el caso Nóos".

En su comparecencia, el director del CNI admitió que La Casa había contado son los servicios de este experto informático hasta 2008, pero indicó que su actividad nada tuvo que ver con este escándalo de corrupción. Sanz Roldán aseguró que, en un principio, el CNI no tenía capacidad a la hora de recuperar datos informáticos, de ahí que se recurriera a la empresa para la que trabajaba Bevilacqua.

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