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Los comisionistas y las sospechas de amiguismo en los contratos de emergencia desatan una guerra judicial

Luis Medina pasea a su perro.

La explosión de los contratos de emergencia tras el estado de alarma declarado en marzo de 2020 ha terminado por desatar otra guerra. Pero esta no es sanitaria sino judicial. Las hostilidades se han reactivado con el terremoto provocado hace solo tres semanas al destaparse cómo el aristócrata Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón se llevaron “pa la saca”  seis millones en comisiones por la venta de mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento de Madrid.

El supuesto tráfico de influencias y el coste del material suministrado por proveedores que en muchos casos no pertenecían al sector de equipos de protección constituyen los dos factores clave que se encuentran en el trasfondo de las denuncias cruzadas: tanto en las que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos sostienen contra el PP como las que los conservadores y sus aliados de Vox enarbolan contra el Gobierno central. Hace una semana y en declaraciones a infoLibre, el presidente de Asepal, la asociación de empresas de equipos de protección individual, Javier Muñoz, pronunció una frase inquietante: "Nueve de cada 10 euros fueron para empresas que ni sabían qué era una mascarilla".

La denuncia del PP echó a andar una vez que, al confirmarse que su hermano también había cobrado comisión por un contrato de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso lanzó el 10 de marzo en la Asamblea autonómica una amenaza que de inmediato cumplió su partido: "Vamos a investigar a todos". En lo que, tras lo sucedido con Medina y Luceño, presenta hoy los visos de una paradoja, la denuncia del PP ante la Fiscalía Anticorrupción carga contra el Gobierno central por aplicar en diversos contratos "un precio desorbitado e injustificado" o por aceptar "el no suministro de los bienes objeto del contrato".

Tanto en el caso de Medina –que contactó con un primo de Almeida– y Luceño como en el de Tomás Díaz Ayuso, la sombra del tráfico de influencias domina la bronca política. Y como en un racimo de cerezas, del supuesto amiguismo se engancha un aumento de precios que en el primero de los dos casos apenas precisa ya demostración: la empresa malaya Leno, en cuyo nombre dijeron actuar los dos empresarios, vendió a la corporación madrileña mascarillas a 6,23 euros, las más caras de todas las grandes ciudades a tenor de un informe del Tribunal de Cuentas.

Por lo que respecta a las denuncias del PP contra 12 contratos adjudicados por el Gobierno central a seis empresas y la subvención recibida por una séptima, lo que prevalece es la acusación de que fueron favorecidos familiares de miembros del Gobierno. El PP destaca el aval a una compañía que vincula a los padres del presidente, Industrias Plásticas Playbol; el aval, dice el PP, equivale a una "ayuda equivalente" a 65.000 euros en números redondos. La denuncia de Díaz Ayuso dispara la misma munición contra la vicepresidenta Nadia Calviño, cuyo marido –asegura el PP– ocupa un cargo en una de las empresas citadas en la denuncia, Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA. Obtuvo un contrato de medio millón.

Cuatro jueces en escena y la Fiscalía Anticorrupción

Por resumir, la guerra judicial aparece focalizada en Madrid. Y el panorama es el que sigue: un juez, el de instrucción 47 de Madrid, ha abierto diligencias por estafa, blanqueo y falsedad documental contra Medina y Luceño, lo que ha colocado en el disparadero al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se declara víctima de lo sucedido. Cuando ya había trascendido la ristra de coches de altísima gama, la vivienda, el yate, los relojes que engrosaron el patrimonio del aristócrata sevillano y su amigo Luceño, otra magistrada –la de instrucción 26– tomó el pasado día 7 declaración como imputados a tres altos cargos del Gobierno central. ¿Por qué hechos? Lo hizo en el marco de una denuncia formulada por Vox en junio de 2020 y que había pasado inadvertida. Este periódico ignora el contenido de esa denuncia y solo conoce de ella lo que días atrás publicó El Confidencial. Desde entonces, el PP maneja a modo de lema el consejo de "mirar" los contratos del Ejecutivo de Sánchez en lugar de dirigir preguntas al Ayuntamiento de Madrid.

La cosa se complica porque un tercer juez, el de instrucción 49, ha de decidir si admite la denuncia que, por omisión del deber de perseguir delitos interpuso el sábado contra Almeida el abogado Fernando Pamos, acribillado desde entonces por los medios de derecha y el propio alcalde, que le acusa de ser un agente encubierto del PSOE. Y un cuarto magistrado estudia reabrir las diligencias derivadas de la denuncia que la Policía Municipal de Madrid interpuso contra el fantasmal propietario de otra empresa que vendió mascarillas de baja calidad al consistorio madrileño: el caso fue archivado en julio por la imposibilidad de localizar al denunciado pero, como ha confirmado infoLibre, nuevos datos apuntan a que tal vez pueda ser finalmente identificado.

Mientras, y tras sendas denuncias del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta desde febrero una investigación sobre la comisión que cobró Tomás Díaz Ayuso, aquí también por un contrato de mascarillas, este de la Comunidad que preside su hermana Isabel: oficialmente, su intermediación en esa adjudicación solo le reportó 55.000 euros pagados por la adjudicataria, Priviet Sportive SL, aunque la empresa le abonó en total 283.000 euros en 2020. Y por último –de momento– Anticorrupción investiga igualmente otra denuncia, la presentada por el PP madrileño contra el Ejecutivo central.

La Fiscalía de la UE investiga en paralelo el contrato de venta de mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso al entender que puede existir un fraude en las subvenciones porque la operación fue ejecutada con fondos europeos FEDER, que son de su competencia.

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