Competencia de Galicia investiga posibles amaños de funerarias para el transporte de cadáveres

La Comisión Galega da Competencia tiene abiertas dos investigaciones paralelas sobre posibles amaños de empresas funerarias en un concurso de transporte de cadáveres y logística para las autopsias del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Los investigadores analizan si empresas que podrían competir por separado decidieron concurrir juntas a los lotes del concurso para el transporte de cadáveres en las áreas de Vigo, Santiago y Pontevedra.

Esto supondría, consideran, una posible práctica colusoria prohibida por la legislación de defensa de la competencia y el libre mercado. Hace tiempo que el sector funerario está en el foco de los órganos de defensa de la competencia por suponer un "servicio esencial".

Fue en abril de 2024 cuando la Consellería de Presidencia e Xustiza convocó un concurso para el servicio de transporte de cadáveres y apoyo logístico en las autopsias que realiza el Imelga. Lo dividió en 11 lotes según las áreas geográficas gallegas, a la mayoría de las cuales sólo se presentó una oferta de una única funeraria. Pero en tres lotes, los correspondientes a Vigo, Pontevedra y Santiago, con contratos que suman unos 180.000 euros al año durante dos años prorrogables otros dos, la única oferta recibida fue de uniones temporales de empresas (UTE) conformadas por funerarias que "podrían contar con capacidad suficiente para concurrir individualmente".

La mesa de contratación del concurso fue quien advirtió de esa circunstancia al comprobar que al lote de Santiago concurría una única UTE conformada por Pompas Fúnebres del Noroeste SA, Funeraria Casablanca SL y Cardelle-Vazrey SL, mientras que a los lotes de Vigo y Pontevedra había concurrido igualmente otra única UTE compuesta por Pompas Fúnebres Atlántico SA, Sepelios San Marcos SLU, Pompas Fúnebres Arosa SL y Pompas Fúnebres Santa Tegra SL. La mesa suspendió cautelarmente esos lotes y se lo comunicó a Competencia, que emitió un primer informe en junio de 2024.

En el caso del lote de Pontevedra señaló que la constitución de la UTE "facilitó la eliminación de la concurrencia" y "confirma los indicios de la práctica colusoria advertida por la mesa de contratación". Y en los lotes de Vigo y Santiago indicó que "la disponibilidad de los medios personales y materiales de las entidades que integran las UTE" así como "la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica acreditadas" en anteriores contratos "hacen presumir que la dimensión de las UTES no está justificada ya que varias entidades podrían contar con capacidad suficiente para concurrir individualmente".

Las empresas argumentaron ante la mesa de contratación que constituyeron las UTE "para cumplir eficientemente con los servicios requeridos" y por "sostenibilidad económica, al permitir repartir responsabilidades y costes". Tras esos argumentos, y puesto que Competencia no podía concluir de forma tan rápida una investigación en profundidad, la mesa de contratación acabó adjudicando los contratos a esas UTE en agosto de 2024, al tiempo que Competencia incoaba un expediente sancionador.

Ese expediente sancionador acabó dividiéndose el pasado octubre en dos expedientes distintos, da a entender Competencia, "tras efectuar varios requerimientos de documentación" a la Xunta y a las empresas, que "en las conductas de ambos grupos de UTES no se apreciaba una unidad de propósito anticompetitivo y por tanto debían ser analizadas de forma unilateral cada una de ella". Una desagregación en dos investigaciones paralelas que para Competencia "concede mayores garantías de confidencialidad a la documentación obrante en el expediente dado que contiene información sensible y datos personales de personas fallecidas".

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Contra esa división en dos investigaciones paralelas alegaron varias empresas implicadas pero Competencia acaba de reiterar ahora la continuidad de los dos expedientes sancionadores.

Los contratos en cuestión incluyen servicios de transporte de cadáveres a petición del Imelga por un máximo de 125 euros cada servicio, la disponibilidad de salas para autopsias cuando estas no se puedan realizar en instalaciones del propio Imelga a un máximo de 60 euros por servicio o el uso de cámaras frigoríficas de las funerarias a un máximo de 25 euros por día y cadáver. En el caso del lote de Vigo, los partidos judiciales incluidos en el contrato son también los de Redondela, Ponteareas, O Porriño y Tui. En el lote de Pontevedra se incluyen los partidos de Muros, Noia, Negreira, Ordes, Arzúa, A Estrada, Lalín, Padrón y Ribeira.

Hace tiempo que las autoridades de defensa de la competencia vienen poniendo el foco en el sector de las funerarias, que considera un "servicio esencial". Hace dos años, Competencia ya sancionó con 83.000 euros a una de las empresas ahora investigadas, Sepelios San Marcos, por impedir que otras competidoras utilizaran una funeraria de su propiedad, multa ratificada por la justicia. Esa funeraria ya había sido condenada previamente por la Audiencia de Pontevedra, que constató que había condicionado a una familia en situación de "angustia" por una muerte haciéndola cambiar de empresa funeraria si quería celebrar el velatorio donde deseaba.