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Caso Nóos

La condena a prisión del cuñado del rey cierra el círculo del escándalo que hizo temblar a la monarquía

Iñaki Urdangarin, a su llegada a la Audiencia de Palma.

La sentencia divulgada este martes, 12 de junio, por la que el Tribunal Supremo condena a Iñaki Urdangarin a cinco años y 10 meses de cárcel cierra formalmente el círculo del escándalo de abuso de dinero público, fraude fiscal y tráfico de influencias a través del Instituto Nóos que hizo temblar a la Monarquía y terminó provocando la abdicación de Juan Carlos I.

En teoría y una vez ingrese en prisión, Urdangarin no podrá acceder al tercer grado hasta transcurridos dos tercios de la condena. Hoy, una vez que comparezca ante la Audiencia de Palma para recoger la orden de encarcelamiento, para la que previsiblemente tendrá un plazo de varios días, comenzará a desvelarse la incógnita de si aceptará su destino o, por el contrario, intentará alguna maniobra de carácter jurídico para demorar el inicio de su reclusión.

La resolución del Supremo ratifica que el marido de Cristina de Borbón se benefició durante años de su pertenencia a la Familia Real. "La situación de privilegio de que disfrutaba –dice el texto– como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado" le permitió "mover la voluntad" del Govern balear para que diera a dedo a Instituto Nóos contratos disfrazados de convenios.

Fue ese estatus de yerno del rey el que le proporcionó un "trampolín" que no solo le garantizó contratos sino también "la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas habrían podido ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio". Le garantizó, en suma, que las autoridades del archipiélago se doblegasen a sus deseos con una "disciplinada actitud de acatamiento". Nóos organizó en 2005 y 2006 el llamado Illes Balears Forum, una especie de minicumbre sobre turismo y deporte. Por ellos cobró más de 2,3 millones de euros.

La pena impuesta por los delitos del yerno de Juan Carlos I y cuñado de Felipe VI al frente del Instituto Nóos sobrepasa los cinco años que el Tribunal Constitucional (TC) establece como frontera habitual para que un condenado pueda ver temporalmente suspendida la ejecución de la sentencia. Pese a todo la incertidumbre sobre si logrará eludir la prisión con alguna artimaña legal siguió dominó la escena a lo largo de todo el día. "Sería escandaloso si no ingresara en prisión", aseguró por la mañana en declaraciones a infoLibre el ya juez jubilado José Castro, instructor del caso. 

Al igual que Castro, también Pedro Horrach, que durante siete años permaneció como fiscal de la causa, cree inexorable el encarcelamiento inmediato de Urdangarin.

El debate jurídico y los pronunciamientos de representantes públicos y juristas se sucedieron a lo largo del día como una especie de rescoldo de la desconfianza que en el imaginario colectivo instaló lo sucedido con la tramitación del caso Nóos-del que la infanta Cristina fue exculpada penalmente aunque condenada civilmente como beneficiaria económica de los delitos- y en el que tras la primera condena judicial se permitió a su marido seguir residiendo en Suiza.

En 2006, y según la versión oficial, la Zarzuela ordenó a Urdangarin romper amarras con su socio, Diego Torres, y retirarse de Instituto Nóos. Correos electrónicos posteriores a ese año e incorporados a la causa indican que Juan Carlos I sabía que su yerno había constituido una segunda organización de supuesto talante benéfico, la Fundación DCIS. En 2004, el marido de la infanta ya había pedido ayuda a su suegro para el primer gran pelotazo de Nóos, la llamada Valencia Summit. Este martes, el exinstructor del caso, José Castro, sostuvo que de no ser penalmente inviolable Juan Carlos I debería haber declarado: pero como imputado, no como testigo.

La Audiencia de Palma, que fue el tribunal que condenó al marido de Cristina de Borbón en primera instancia, le ha citado este miércoles, junto con los otros dos sentenciados a prisión –Diego Torres y Jaume Matas–, para entregarles en mano la orden de ingreso en prisión. El tribunal no ha desvelado qué plazo les concederá para entrar en un centro penitenciario por su propio pie, aunque por lo general se cuantifica en cinco días. Se trata de un trámite estrictamente burocrático en el que, salvo sorpresa, las tres juezas del tribunal no entablarán diálogo de ningún tipo con los condenados.

Silencio del abogado

Si Urdangarin o Torres o Matas deciden finalmente solicitar que se paralice la condena durante la tramitación de un hipotético indulto o de un también hipotético recurso de amparo ante el TC por supuesta vulneración de derechos fundamentales, deberán exponerlo por escrito, según los penalistas consultados por infoLibre. El abogado de Urdangarin, Mario Pascual, que suele atender a los periodistas a la entrada o salida de su despacho en Barcelona, guardó un silencio férreo. Informadores que desde la mañana montaban guardia ante el domicilio ginebrino de la pareja aseguran que no lograron ver a Urdangarin en ningún momento. Esta mañana, entre las 09.00 y las 14.00 horas, Urdangarin está obligado a comparecer en la Audiencia de Palma. 

Todos los observadores del ámbito jurídico y político sondeados por este periódico coinciden en que la opción de que Urdangarin logre demorar su ingreso en prisión se perfila hoy remota. Y que cualquier maniobra dilatoria perjudicaría, básicamente, a su cuñado Felipe VI. Desde su ascenso a la Jefatura del Estado en 2014, el rey ha mantenido –y visualizado– un cordón sanitario en torno a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin, cuyo principal apoyo en la familia Borbón lo constituye hoy Sofía de Grecia. 

En el supuesto de que quien entre 1999 y 2006 presidió Instituto Nóos renunciase a proseguir la batalla judicial, solo tendría una forma de evitar colocarse hoy de nuevo bajo el objetivo de decenas de cámaras: ingresar, sentencia condenatoria en mano, en cualquier centro penitenciario sin esperar a recibir la orden de ingreso en prisión.

Seis millones de dinero público

En total, Nóos consiguió seis millones públicos gracias a esos acuerdos para celebrar cumbres sobre turismo y deporte en Baleares y Valencia; y su ONG heredera, la Fundación DCIS, obtuvo otros 100.000 euros del Ayuntamiento de Madrid. Pero, ratificando la decisión previa del tribunal de Palma, el Supremo no ve delito en la actuación de las administraciones valenciana y madrileña ni, por tanto, entiende que Urdangarin cometiera ahí delito.

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Esa absolución, a la que ahora se une la relativa al delito de falsedad en documento público, es la que explica que los 19 años que en el juicio reclamó la Fiscalía pasaran a seis años y tres meses en la condena inicial y a cinco años y diez meses en la dictada ahora por el Supremo. A Urdangarin se le condena a dos años y tres meses por prevaricación y malversación; a siete meses por fraude a la administración (concertarse previamente para recibir un contrato público); a un año por tráfico de influencia; y a otros dos por sendos delitos fiscales.

El Supremo también reduce desde ocho hasta los cinco años y ocho meses la pena a su exsocio Diego Torres tras absolverle de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad, mientras que mantiene la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de la esposa de éste Ana María Tejeiro y de Cristina de Borbón en el delito de malversación y fraude de sus maridos, pero no en los delitos fiscales. El tribunal rebaja la responsabilidad civil de la infanta y la deja en 136.000 euros.

La resolución ratifica el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Mallorca, incluida la condena a tres años y ocho meses de cárcel al expresidente balear Jaume Matas y la absolución de los exmandatarios valencianos implicados durante la instrucción.

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