Elecciones generales

Las consecuencias de otra cita con las urnas: bloqueo legislativo y efectos en materia económica

Rajoy se instala en el silencio sobre Barberá y redobla los ataques a Sánchez

El tiempo apremia y el desbloqueo político para evitar una nueva cita con las urnas, que se celebraría previsiblemente el próximo 18 de diciembre de ser aprobada la proposición de ley registrada por el PP en el Congreso para acortar los plazos, sigue pareciendo una posibilidad lejana. Quedan tres semanas para intentar desenredar el ovillo de la gobernabilidad. El 31 de octubre es la fecha marcada a fuego en el calendario. Si en ese momento España sigue sin investir un presidente, el rey Felipe VI disolverá las cortes y se convocarán nuevos comicios, los terceros en tan sólo un año, algo inédito en las democracias modernas.

Con la dimisión de Sánchez tras el último Comité Federal, parecía que Rajoy estaba cada vez más cerca de seguir en La Moncloa. Sin embargo, en un intento de aprovechar la situación de debilidad socialista, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, puso voz a una hipótesis que cada vez cobraba más fuerza: no bastaba con la abstención "técnica" del PSOE, sino que era necesario que fuera una abstención "útil" que garantizase estabilidad a la próxima legislatura. En definitiva, apostaba por unos diputados socialistas atados de pies y manos que diesen luz verde a los futuros presupuestos generales.

La respuesta desde el PSOE no tardó en llegar. Javier Fernández, líder de la gestora que desde la salida del secretario general pilota el partido, dijo que los conservadores no estaban "en situación de poner condiciones" y ya ha alertado de que su partido no va a dar al PP estabilidad. En ese aspecto, los dos sectores claramente diferenciados en las filas socialistas coinciden: no apoyarán los presupuestos que presenten desde el partido conservador. Sería Mariano Rajoy, un día después, el que zanjaría la discusión en declaraciones a los medios: "Lo urgente, razonable y sensato es que haya Gobierno, y no se trata de ponerles exigencias ni a unos ni a otros".

Todos los partidos han expresado su rechazo a acudir de nuevo a las urnas y han alertado de las consecuencias que podría tener. "Los españoles necesitamos un gobierno. Quedan apenas diez días para que se cumplan 300 sin gobierno. Y sólo veinticinco para evitar el escenario que nadie quiere", recogía el argumentario del PP el pasado 6 de octubre. En la misma línea se pronunciaron los diputados del PSOE en la primera reunión del grupo parlamentario tras la salida de Sánchez: no a las terceras elecciones pero sin alegatos a favor de la abstención. Pero, ¿cómo afectaría a los españoles una nueva cita electoral?

Bloqueo legislativo

España encadena más de diez meses sin una vida parlamentaria normal, con un Ejecutivo interino cuyas funciones vienen recogidas en la Ley del Gobierno: "Limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique". De esta manera, según se recoge en el artículo 21 de la normativa, el Ejecutivo en funciones no puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado ni tampoco presentar ante el Congreso o el Senado proyectos de ley.

"El Congreso está sufriendo la parálisis más extensa de la democracia", señala en conversación con infoLibre Máriam Martínez-Bascuñán, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que recuerda que España lleva "casi un año sin que el Parlamento apruebe ni una sola ley". Un punto de vista que también comparte Pablo Simón, su homólogo en el Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que explica que este bloqueo legislativo puede tener "un coste" para la sociedad española.

"Potenciales reformas o problemas que requieren ser abordados, como por ejemplo una prórroga de ayudas, nuevos paquetes dirigidos a familias con todos los miembros en desempleo o un ajuste en la ley de educación, no se han podido materializar", apunta Simón. Medidas que no se encuentran en el ADN del actual gobierno y que deberían ser presentadas como urgentes para sacarlas adelante. Por eso, el politólogo considera que la única ley que va a salir de todos estos meses va a ser la reforma electoral para evitar que unas futuribles elecciones se tengan que celebrar el 25 de diciembre.

Para Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Valencia (UV), más meses de interinidad "refuerza la posición" de un Gobierno "que sigue en movimiento vía decreto-ley". Estas iniciativas, según recoge el artículo 86 de la Constitución, están concebidas para todos los casos "de extraordinaria y urgente necesidad" y, según la Carta Magna, "no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general". 

Los efectos económicos

El principal fantasma que se cierne sobre una repetición electoral gira en torno a los efectos económicos que puede tener la vuelta a las urnas por tercera vez. De hecho, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, alertó de esto durante el mes de septiembre. En una entrevista en la Cadena Cope, el dirigente conservador pidió formar Gobierno cuanto antes para evitar un desacelerón del crecimiento económico porque, aunque mantiene su avance por encima del 3%, "no hay inercia que dure para siempre". Y aseguró que hay indicadores que muestran que la economía española se va a desacelerar en el próximo trimestre. “Las peores crisis económicas son las que proceden de las crisis políticas”, advirtió durante un foro económico dos semanas después.

A finales de mes, por ejemplo, la agencia de calificación estadounidense Standard & Poor's mantuvo la nota de la deuda pública española en el BBB+, tres escalones por encima del bono basura. En ese mismo informe, además, alertaba de que una nueva ronda en las urnas "podría crear riesgos a la baja" por el "potencial impacto negativo en la confianza de los consumidores y las empresas". Sin embargo, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz aseguró este mismo viernes en una entrevista en la Cadena Ser que "es mejor no tener gobierno que la certidumbre de una mala política".

"Es un periodo de gran crecimiento que no se está aprovechando bien porque no se pueden tomar medidas económicas, no se están haciendo reformas...", sostiene en conversación telefónica con este diario la politóloga Berta Barbet. Una opinión que comparten Simón y Martínez-Bascuñán. "Los potenciales ajustes económicos se prorrogarían al medio plazo", sostiene el profesor de la UC3M. "No tener gobierno es malo para la economía, porque esto afecta a la credibilidad del sistema, a la confianza de los mercados. (...) Esta situación no puede ser buena para llevar a cabo un realce económico", continúa su compañera en la Universidad Autónoma.

A pesar de esto, Rodríguez Teruel señala que los ritmos que sigue la economía no son tan previsibles. "No hay una relación directa entre que no haya Gobierno y que se produzca un deterioro en clave económica", apunta. Y, en este sentido, pone el ejemplo de Bélgica. El vecino europeo estuvo más de un año y medio paralizado. Sin embargo, su economía creció por encima del 2% entre los comicios celebrados en junio de 2010 y el mes de diciembre de 2011, cuando finalmente el socialdemócrata Elio di Rupo se convirtió en el primer ministro del país. Mientras tanto, la Eurozona avanzaba a un ritmo por debajo del 2%. "Aunque a largo plazo podría haber consecuencias", concede el politólogo de la UV.

Por el momento, los Presupuestos Generales para 2017 han tenido que ser prorrogados debido a la ausencia de Gobierno. Una prórroga que tiene carácter indefinido hasta que se consiga formar un nuevo Ejecutivo, algo que unas nuevas elecciones volvería a retrasar. Este stand by obliga a funcionar con las cuentas del año anterior. Así, quedan congeladas las inversiones y las subvenciones, el gasto en dependencia o en prestaciones de desempleo se mantendrá en los niveles del ejercicio actual independientemente de que las necesidades puedan ser mayores el próximo... Una situación que pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit.

En el ámbito económico, aunque con una importancia menor, los expertos también recuerdan que sacar las urnas de nuevo a la calle tiene un coste. Sin contar con las subvenciones que se otorgan a los partidos en función de la representación y votos conseguidos, un dinero que también sale de las arcas públicas, la suma del coste de los comicios del 20 de diciembre y del pasado 26 de junio asciende a 260 millones de euros. En caso de que el gasto fuera el mismo en unas futuribles terceras elecciones, el Estado se habría pulido unos 390 millones en menos de un año.

La política exterior

Los politólogos consultados por infoLibre también ponen el foco en el plano exterior. "No se está teniendo un papel relevante en una Unión Europea en la que están pasando cosas importantes", recuerda Rodríguez Teruel. "Un amigo diplomático me contaba el otro día que no se están pudiendo iniciar proyectos. Es evidente que una falta de gobierno tiene un coste de oportunidad: se está perdiendo la ocasión de situarse en algunos espacios clave", sostiene, por su parte, Barbet, que añade que España está perdiendo "legitimidad" al haberse convertido en un actor al que se ve "con más escepticismo".

Simón, por su parte, asegura que le consta que hay proyectos "en los que está involucrada España" que se encuentran a la espera de que se aclare el panorama político. "Y ese es un tiempo que estamos perdiendo", añade. Pero el politólogo también pone el acento en la "parálisis" de algunas instituciones españolas en el exterior. "Ahora hay cantidad de cargos de exteriores que no estamos nombrando, como por ejemplo embajadores", explica. Un Ejecutivo en funciones no puede hacer estos nombramientos a no ser que su designación se concretase antes de que el Gobierno pasase a ser interino.

Es el caso de Cacho Quesada, designado embajador en Papúa Nueva Guinea hace un año pero cuyo nombramiento no ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado hasta el pasado 1 de octubre. ¿El motivo? El país oceánico no había dado todavía luz verde. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores recuerdan que 44 embajadores tendrían que haber cambiado de destino en el sistema de rotaciones interino el pasado verano. En dos meses, señalan la cifra ascendería a 65.

¿Consecuencias positivas?

Barbet, por último, hace hincapié en el coste "sobre legitimidad o confianza". "Unas terceras elecciones tienen un coste sobre la opinión pública altísimo", completa Simón, que añade que una nueva repetición de los comicios podría considerarse como "un fracaso colectivo". Y alerta de que esta situación puede generar "reducción del interés y aumento de la fatiga", además de "conflictos más violentos" y "protestas". En este sentido, el politólogo recuerda los resultados que arrojó el último CIS: un 11,6% de los encuestados señala la falta de gobierno como el problema principal y el 87,1% valora la actual situación política como mala o muy mala.

"A mi juicio, unas terceras elecciones nos introducen en una crisis de sistema. Representa el fracaso de la clase política (de unos más que de otros) de llegar a un acuerdo sobre la base de las preferencias políticas que han manifestado los electores", apunta, por su parte, Martínez-Bascuñán. En este sentido, la politóloga afirma que la encuesta del CIS indica "que las preferencias siguen cristalizadas en conformidad con el sistema de partidos" resultante del 20-D. "La ciudadanía quería un parlamentarismo fuerte. Si vamos a terceras elecciones quiere decir que la clase política no ha entendido eso, y que la reconfiguración del sistema de partidos podría ir evolucionando progresivamente hacia otra cosa debido más a la desafección política que a un entusiasmo ciudadano genuino", completa.

Pero, ¿unas nuevas elecciones podrían poner fin al periodo de ingobernabilidad en el que está sumida España? Los expertos no se atreven a dar una opinión categórica. "Es una posibilidad, pero también es una ruleta rusa", señala Simón, que añade que si bien "todos pensamos que el PP iría para arriba" existe también la posibilidad de que se quede el Parlamento de nuevo "colgado". "Podría reconfigurarse el sistema de partidos dejando tres formaciones fuertes (PP, PSOE y Unidos Podemos) y una débil (Ciudadanos)", opina, por su parte, Martínez-Bascuñán. "El desbloqueo puede venir de dos formas: que con un equilibrio similar se logre formar un gobierno o que cambie el equilibrio, algo que puede ir acompañado de una pérdida de pluralismo parlamentaria", sentencia Barbet.

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