Participación ciudadana

La consulta ciudadana de Madrid llega a su recta final para decidir el futuro urbanístico de la capital

La Gran Vía de Madrid, con las restricciones al tráfico impulsadas las pasadas navidades.

La consulta popular que el Ayuntamiento de Madrid ha trasladado a sus vecinos se encuentra en plena recta final. Desde el lunes 13 y hasta el próximo domingo 19, todos los ciudadanos mayores de 16 años y empadronados en la capital madrileña (2,7 millones) que deseen participar en el proceso de remodelación urbanística, podrán emitir su voto sobre las propuestas presentadas y el camino a seguir para tal cometido. Hasta el momento, según explica el concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto, en conversación con infoLibre, el sufragio por correo –puesto en marcha a mediados de enero y cerrado el pasado 12 de febrero– ha cosechado "algo más de 130.000 votos", según los últimos datos hasta el escrutinio del próximo lunes 20.

Se trata de la "gran consulta ciudadana" planteada por el Consistorio para decidir sobre el futuro de la céntrica Plaza de España y la transitada Gran Vía, que durante las pasadas navidades ya coqueteó con la peatonalización a través de la limitación del tráfico impulsada por el equipo municipal.

Una consulta sin "brechas de participación"

La remodelación de Plaza de España se encuentra, con la votación que llega a su fin el domingo, en su última etapa. El proceso de participación se inició a finales del 2015, con una primera consulta que cuestionaba la idoneidad de realizar o no la modificación urbanística, y que se completa ahora con la elección entre dos proyectos: Welcome mother nature y Un paseo por la cornisa.

El que concierne a Plaza de España es "un proceso largo que comenzó en diciembre de 2015 y a través del cual se ha ido definiendo de manera participativa si se quería remodelar, las bases, los proyectos presentados, y al final la última decisión con los dos modelos finalistas", señala Pablo Soto.

En cuanto a Gran Vía, el Ayuntamiento deja a sus espaldas un "debate público que se abrió después de la semipeatonalización de navidades" y, se reedita con la redacción de "un proyecto para llevarla adelante de forma permanente". En dicho procedimiento, el equipo de Manuela Carmena trata de "adaptar" el proyecto de Gran Vía a las decisiones que deriven de la consulta, y que de esta forma "la gente tome decisiones sobre la forma que queremos darle a la ciudad", recalca Soto. Las preguntas que se formulan respecto a Gran Vía son cuatro: "¿Estás de acuerdo con mejorar el espacio peatonal de la Gran Vía mediante la ampliación de sus aceras?", "¿consideras que sería necesario incrementar el número de pasos peatonales de la Gran Vía para mejorar la comunicación peatonal?", "¿consideras necesario mejorar las condiciones de las plazas traseras vinculadas a Gran Vía para que puedan ser utilizadas como espacio de descanso y/o de estancia?" y "¿estás de acuerdo en que el transporte público colectivo debe mantener su prioridad en la circulación rodada en la Gran Vía?".

Una tercera consulta promovida por el Gobierno municipal apunta a dos propuestas ciudadanas, que en fase previa han alcanzado el respaldo de 27.000 madrileños. Una de ellas, sobre un billete único para el transporte público, y la restante respecto a una ciudad 100% sostenible, "que no amanezca con una boina de contaminación gris, que desafíe a las eléctricas, potencie las renovables y se asegure de que a ninguna familia le corten la luz este invierno".

El próximo domingo 19 finalizará el plazo para participar de forma física mediante las urnas habilitadas en los 60 puntos físicos repartidos por la ciudad, que durante el fin de semana se incrementarán hasta un total de 80. Asimismo, y previo registro, los habitantes mayores de 16 años empadronados en Madrid podrán optar por participar de forma telemática en la web Decide Madrid.

Para lograr la máxima movilización, el Ayuntamiento se ha volcado en una campaña que interpela directamente a los ciudadanos. "Si queremos que verdaderamente decida la gente, tenemos que evitar las brechas participativas y conseguir que todo el mundo pueda participar", señala Soto. Para ello, el primer paso consistió en el envío de un sobre al buzón de cada potencial participante con la información necesaria para poder votar. A partir de este gesto, el Consistorio inició "una campaña para abrir el debate" y "anunciar que una cosa absolutamente nueva iba a ocurrir: que los madrileños podrían decidir de manera vinculante", mensaje que el Gobierno municipal trata de lanzar mediante el uso de mobiliario urbano –banderolas o marquesinas de autobús–, pero también a través de anuncios en los medios de comunicación y redes sociales.

Los gastos de la iniciativa y de la campaña pertenecen al "presupuesto del área de Gobierno" correspondiente, con el que se está "organizando todo, sin coste añadido", recalca Pablo Soto, quien añade que "el coste principal es el del franqueo del voto por correo y el coste de publicidad en los medios", pero apunta que a día de hoy no existen cifras concretas: "No tenemos la cifra porque el primero depende de cuánta gente vote, mientras que la publicidad en los medios es por registro, es decir, depende del número de personas que siguiendo la publicidad entran en la página municipal", de modo que los datos concretos "se sabrán al final del proceso". Según informó el diario El País, la selección de la empresa para realizar el conteo de votos esquivó el concurso público, al tratarse de dos contratos inferiores a los 18.000 euros, y recayó en Agora Voting, que ya había dotado de software a Ahora Madrid y a Barcelona en Comú en sus primarias. 

La ciudadanía decide

La Constitución, prosigue Soto, "prohíbe el mandato imperativo, y las consultas vinculantes de manera jurídica únicamente son posibles cuando se realizan para cambiar la Constitución". Cuando el Ayuntamiento de Madrid habla de consulta vinculante, por tanto, lo hace en términos políticos: "El Gobierno dice que está políticamente vinculado a esta decisión, no porque lo obligue la ley, sino porque la decisión se pone en manos de la ciudadanía", subraya Soto.

Se trata de algo que "para Madrid es muy nuevo, pero en otros lugares del mundo es totalmente habitual". En países como Suiza, el movimiento de la democracia directa nació en el siglo XIX ligado a la descentralización, mediante el aval de referéndums obligatorios para reformas constitucionales, cambios en determinadas leyes y la posibilidad de promover iniciativas ciudadanas. Desde entonces, los resultados registrados muestran que se trata de un mecanismo que "sirve para aprobar medidas de cuidado, que generan menos gastos, un uso racional del dinero público, mayor sostenibilidad, y van en favor de los derechos de las minorías", recalca Soto.

En España existen diversos ejemplos de consultas populares en materia urbanística. En 1986, la localidad de Arbúcies, en Girona, convocó un referéndum para decidir sobre la ampliación de un puente del municipio, decisión que el Ayuntamiento tomó como propia y materializó a través de sus políticas. Más recientemente, en el año 2006, la localidad castellana de Villalba de los Alcores (Valladolid), consultó a sus vecinos si avalaban la construcción de un hotel de cinco estrellas y un campo de golf. "¿Daría usted el visto bueno a que el Ayuntamiento se siente a negociar con la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI?", fue la pregunta que planteó el Consistorio, y que finalmente quedó resuelta con el no de sus habitantes.

En el 2015, Olesa de Montserrat (Barcelona), sometió a votación ciudadana el plan sobre el futuro urbanístico del municipio. La consulta giraba en torno a dos preguntas: si conservar los terrenos del campo de fútbol para uso exclusivo de equipamientos municipales y si mantener la calificación agrícola de Can Llimona, una zona delimitada por una riera y unas llanuras. Aunque no se trataba de una votación vinculante en términos jurídicos, el Consistorio catalán prometió acatar el resultado y llevarlo a cabo.

El Ayuntamiento gaditano de San Fernando aprobó, tras una consulta celebrada en 2016, la creación de una playa para mascotas, iniciativa respaldada mayoritariamente por los ciudadanos de la localidad.

Ya en el presente año 2017, paralelamente a la consulta que celebra Madrid, el Ayuntamiento de Mollerussa (Lleida) iniciará asimismo una votación popular destinada a escoger entre tres propuestas de remodelación de su centro urbano.

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