Los abogados progresistas rompen en la ONU el relato de la derecha judicial contra la amnistía fuera de España
El independentismo consiguió hace casi un lustro colocar el conflicto catalán en la agenda política internacional. Buena cuenta de ello dio el juicio del procés. Se acreditaron medio centenar de medios extranjeros. Y el Tribunal Supremo no dudó en emitir su sentencia en francés e inglés para evitar cualquier intento de tergiversación. Entonces, a la batalla por el relato fuera de nuestras fronteras se le daba una importancia crucial. Una internacionalización que ahora, cuatro años después de aquel proceso judicial histórico, se ha trasladado a la futura amnistía. La guerra abierta alrededor de este olvido jurídico con el que se pretende poner punto y final al conflicto político en Cataluña hace semanas que ha cruzado los Pirineos.
Los intentos por situar la amnistía en la agenda internacional habían partido, hasta ahora, de la derecha. Y se habían centrado en Bruselas. Pero en las últimas horas un grupo de abogados progresistas ha decidido situar el asunto en la órbita de la ONU. Y romper con el discurso unánime que la derecha judicial había intentado instalar fuera de nuestras fronteras. En su caso, no denuncian la norma, sino que cargan con dureza contra la ofensiva de parte de la judicatura contra la misma. Lo hacen a través de una queja remitida a la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados, Margaret Satterhwait. "Se ha producido una situación inédita de crispación de los actores judiciales que denotan una clara falta de neutralidad frente al poder ejecutivo y legislativo", resaltan desde la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).
El colectivo, fundado a finales de los ochenta y que ha ejercido de acusación popular en algunos de los procedimientos de corrupción que afectaban al PP –desde Kitchen hasta Gürtel o Lezo–, recuerda en su misiva la declaración institucional contra la amnistía forzada por el bloque conservador del caduco Consejo General del Poder Judicial antes incluso de que se conociese la literalidad del texto. O las manifestaciones de magistrados togados en diferentes ciudades, actos en los que no quiso participar Juezas y Jueces para la Democracia al considerar que quebraban la "imagen de imparcialidad y neutralidad". O los manifiestos emitidos, por ejemplo, desde las salas de gobierno del Supremo o la Audiencia Nacional.
"Los jueces no pueden contaminarse ni prejuzgar"
"Todo esto continúa elevando la presión y desprestigiando el sistema judicial", apunta Adade en su queja, en la que también recuerdan la falta de renovación de un órgano de gobierno de los jueces convertido en "pieza fundamental" de la estrategia del PP de "politización de la justicia". Con este contraataque, señalan fuentes del colectivo de letrados progresista a infoLibre, lo que se pretende es dar respuesta a una situación "insólita" y "bastante grave" en el marco de un clima de enorme tensión política. "Los jueces no pueden contaminarse ni prejuzgar. A lo único que todo esto está contribuyendo es a una crispación innecesaria y a la polarización radical que está sufriendo el país", completan esas mismas fuentes.
Los relatores especiales son expertos independientes que monitorean, informan y asesoran en materia de derechos humanos desde una perspectiva temática o específica. En el caso del mandato que ahora ostenta Satterhwait, fue creado a comienzos de los años noventa para registrar los ataques a la independencia de jueces, abogados y fiscales. Y en el marco de este trabajo, esta relatora especial puede elaborar informes, hacer visitas oficiales a los diferentes países o emitir cartas formales a los Estados y otras entidades –conocidas oficialmente como "comunicaciones"– para plantear preocupaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con la independencia de los operadores judiciales.
El hecho de que este mecanismo esté pensado en principio para actuar contra los ataques externos que puedan recibir estos operadores jurídicos no impide, según los expertos de Adade, que la relatora pueda pronunciarse también sobre las maniobras dentro de la propia judicatura. "Está pendiente de todo lo que tenga que ver con la independencia judicial", explica al otro lado del teléfono Emilio Ginés, abogado de la organización experto en derecho internacional que ha trabajado durante años en Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Aunque reconoce que los pronunciamientos de la relatora no tienen "fuerza ejecutiva", sostiene que un informe o comunicación negativa de Satterhwait en este sentido sería "demoledor".
Un relato dominado por los conservadores
El movimiento de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa supone un paso más en la internacionalización de la amnistía. Una batalla que la derecha se ha esforzado por trasladar a Bruselas. Así, el mismo día que los socialistas pusieron sobre la mesa del Congreso de los Diputados su proposición de ley, PP y Ciudadanos hicieron llegar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a otros miembros del Ejecutivo comunitario, Consejo Europeo y embajadores del resto de países ante la UE un dossier advirtiendo de que la amnistía "supone una grave vulneración del Estado de Derecho y de la separación de poderes". "Se incluyen delitos cometidos hasta hace una década entre los que figuran actos de corrupción y terrorismo", explicaban ambas formaciones.
No son los únicos. También la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), vinculada al sector conservador de la judicatura y que representa de corte conservador y que representa a un cuarto de toda la carrera, se ha esforzado por llevar la batalla contra la amnistía al terreno europeo. A comienzos de noviembre, antes incluso de conocerse los detalles del olvido jurídico propuesto, el colectivo emitió un duro comunicado alertando de que la futura amnistía supone "el principio del fin" de la democracia y hace saltar "por los aires" el Estado de Derecho. Y, tras traducirlo al francés, inglés y alemán, trató de hacérselo llegar por redes sociales al Ejecutivo comunitario, la Eurocámara, la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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El bloque conservador del caduco Consejo General del Poder Judicial, del mismo modo, se ha encargado de ir remitiendo a Bruselas todos los pronunciamientos que han forzado en el seno del órgano de gobierno de los jueces sobre el acuerdo político entre PSOE y Junts y la amnistía, una medida de gracia que, según señalaron en la declaración institucional acordada a comienzos de noviembre, supone una “degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho”.
Cinco días después de aquello, el comisario de Justicia, Didier Reynders, solicitó al Gobierno información sobre la amnistía ante las "serias preocupaciones" que la medida había suscitado. Unos días después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trasladó a Bruselas la proposición de ley registrada por los socialistas, una norma sobre la que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ya ha dado a Reynders las oportunas explicaciones. "Hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España", señaló Bolaños tras el encuentro. Por el momento, los servicios jurídicos comunitarios siguen estudiando el texto legal. Aún no hay ninguna decisión tomada.
La estrategia de internacionalización del PP ha hecho agua en más de una ocasión. Solo hay que recordar, por ejemplo, el poco interés que suscitó el Pleno de la Eurocámara sobre la amnistía o el rechazo del Comité de las Regiones a una enmienda de los presidentes autonómicos conservadores contra este olvido jurídico. Sin embargo, parte del éxito o fracaso de la futura norma dependerá de lo que suceda, también, fuera de nuestras fronteras. Además de la batalla en el Tribunal Constitucional, nadie descarta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga que hacer frente a un aluvión de cuestiones prejudiciales cursadas por los jueces españoles en relación a la amnistía. Un movimiento que podría paralizar el despliegue de efectos de la norma.
