Elecciones 20-D

Las conversaciones de la Moncloa evidencian dos bloques enfrentados ante el reto catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este martes en la rueda de prensa en la Moncloa.

Las reuniones que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido durante los últimos días con los líderes de PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU –la ronda finalizará este martes con encuentros con UPyD y Unió– han servido para dejar clara la existencia de dos bloques enfrentados en lo referente a la independencia de Cataluña. Mientras el presidente ha encontrado un apoyo sin paliativos de los socialistas y el partido de Albert Rivera a corto plazo, Podemos e IU han mostrado su discrepancia casi absoluta con las tesis de Rajoy.

Las conversaciones de los últimos días no han hecho sino reflejar las tremendas diferencias entre unos y otros partidos. PSOE y Ciudadanos, pese a sus diferencias de fondo con el PP y el Gobierno, no han dudado en apoyar al presidente en su recurso a mecanismos como el Tribunal Constitucional, mientras Podemos e IU aseguran que esta corte no sirve para arreglar un problema que va más allá del mero quebrantamiento de la ley. Por su parte, UPyD ha sido más extrema y ya se ha querellado contra varios diputados catalanes por sedición.

A largo plazo, las diferencias entre los partidos son más palpables. Y es que todas las formaciones, a excepción del PP, proponen una reforma constitucional o incluso una nueva Constitución, en el caso de IU. Cada uno plantea unas prioridades: los socialistas proponen un modelo federal sin reconocer a Cataluña como nación; Podemos, incluir el derecho a la autodeterminación en la Carta Magna; y Ciudadanos, clarificar las competencias del Estado y las autonomías y eliminar el régimen fiscal vasco y navarro. Modelos territoriales muy diversos con difícil encaje entre sí.

PP

Rajoy es el único de los líderes de los grandes partidos estatales que no plantea una reforma constitucional. La hoja de ruta del presidente del Gobierno no es pública, pero sí que ha dejado entrever algunos retazos de la misma: recurrir ante el Tribunal Constitucional los pasos que el Parlamento de Cataluña y la Generalitat den hacia la independencia sería el primer mecanismo, aprovechando la reforma que entró en vigor hace unas semanas gracias a la mayoría absoluta del PP, que permite a la corte sancionar e incluso suspender a los cargos que no cumplan sus sentencias.

El segundo recurso con el que cuenta Rajoy es más extremo y, por tanto, el mandatario es mucho más cauto a la hora de plantearse recurrir a él, aunque no lo descarta: el artículo 155 de la Constitución. "Procuraré que no haya que llegar al 155", sostuvo hace unos días en una entrevista en la Cadena Ser. Y es que, además del terremoto político que desencadenaría aplicar este recurso por primera vez en la democracia, su ejecución reviste una gran complejidad y tendría "consecuencias imprevisibles", en opinión de los expertos.

En cualquier caso, tras sus reuniones con los líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, Rajoy quiso arrogarse la “responsabilidad de liderar la respuesta del Estado” ante el problema en Cataluña y mostró su sintonía con los socialistas y el partido de Albert Rivera, así como su claro desacuerdo con el de Pablo Iglesias. "Lo que les he pedido [a los partidos] es que no tengan debates estériles, que confíen en los servicios del Estado", planteó el pasado viernes, sin ofrecer más detalles sobre sus planes.

PSOE

El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se muestra de acuerdo con el Gobierno en "la defensa de la unidad de España" y en la "aplicación de la ley". “Por encima de todo está la defensa de la convivencia entre los españoles, la unidad de España y la defensa de la Constitución y las leyes”, señaló el número dos del PSOE, César Luena, después de que Sánchez se reuniese con Rajoy el pasado día 28. Luena rechazó el "inmovilismo" del presidente del Gobierno, pero afirmó que ante esta arbitrariedad antidemocrática” que es la resolución independentista presentada en el Parlamento catalán, “hay que estar juntos para dar confianza y seguridad”.

No obstante, a pesar del apoyo del PSOE al Gobierno en este asunto, Sánchez asegura que esos dos elementos no bastan para solucionar el problema del encaje territorial de Cataluña, y por ello el partido presentó hace unos días su propuesta de reforma constitucional, que plantea, entre otros objetivos, "caminar hacia la España federal en una Europa federal". Este planteamiento lleva siendo un mantra permanente de los socialistas desde hace dos años, si bien el documento base para las próximas elecciones aporta algo más de concreción a su iniciativa.

Según explica la propia iniciativa, el modelo federal busca fortalecer "simultánemanente la unidad del Estado, la autonomía territorial, la convergencia y el compromiso con la UE". En este escrito, el PSOE plantea "reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas", como la "lengua propia", la "cultura", la "foralidad" o los "derechos históricos". No obstante, Sánchez ya ha afirmado que no se plantea incluir el término "nación" en la Constitución para referirse a Cataluña, y que tampoco aprueba un "pacto fiscal" con esa comunidad.

La propuesta federal de los socialistas también establece la necesidad de "racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas". El Estado se encargaría de garantizar "la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida" y "el disfrute de los servicios básicos esenciales", mientras que la propia Constitución también tendría que recoger "los elementos fundamentales del sistema de financiación de las comunidades autónomas".

Este sistema de financiación, según boceta el PSOE, tendría que girar en torno a varios ejes: el "principio de solidaridad" interterritorial  "a través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos", un "esfuerzo fiscal similar en todos los territorios" que estableciera "tipos impositivos efectivos iguales" para todas las comunidades pero que "no coloque en peor condición relativa a quien contribuye", y "el reconocimiento de los imprescindibles instrumentos de cohesión, equilibrio y convergencia territorial". No se detalla cuáles son estos mecanismos ni su funcionamiento.

El Senado también sufriría cambios "para convertirlo en una auténtica cámara territorial". Por de pronto, se circunscribirían sus competencias para que afectaran tan sólo a "las que derivan de la dimensión territorial", como es la "legislación básica del Estado", las "leyes con incidencia territorial", las relativas a la financiación y las que tienen que ver con "asuntos de la UE que afecten a las comunidades". Los socialistas, de igual forma, proponen revisar la "estructura y composición" de la Cámara Alta, si bien no se deciden por un modelo concreto.

Podemos

El secretario general del partido, Pablo Iglesias, fue muy claro en la rueda de prensa que ofreció tras reunirse con Rajoy: Podemos rechaza formar parte de los "frentes antisecesión" como el que, a juicio de Iglesias, están conformando PP, PSOE y Ciudadanos. "Estamos en un momento en el que hace falta tender puentes" y no comportarse como un "búnker", sostuvo el pasado viernes Iglesias, que calificó de "teatro para la campaña electoral" los últimos pasos dados en torno al proceso de independencia.

La propuesta de Podemos a nivel territorial implica que se reconozca constitucionalmente el derecho a decidir, ya sea a través de una reforma de la Carta Magna actual o de la elaboración de una nueva. En paralelo a esa reforma, explicó Iglesias, el Estado debería permitir la celebración de un referéndum vinculante en Cataluña, una consulta que a juicio del líder del partido cabe dentro de los "mecanismos" que establece la actual Constitución. En esa votación, Podemos defendería que Cataluña permaneciese dentro de España.

En el corto plazo, Podemos también tiene fuertes discrepancias con los dos grandes partidos. El partido se muestra radicalmente en contra de la intención del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional los pasos que puedan dar las instituciones catalanas hacia la independencia, incluyendo la propuesta de resolución que Junts Pel Sí y la CUP han presentado en el Parlamento de Cataluña, cuando ésta se apruebe. "Los problemas políticos no se solucionan con tribunales", declaró Iglesias.

En este sentido, la dirección del partido propone para su programa electoral –cuyas medidas serán, hasta este martes, votadas por la militancia– introducir una iniciativa de "revisión del modelo de financiación" que, de forma inconcreta, "garantice la suficiencia del ámbito competencial autonómico".

De la misma forma, Podemos plantea, al igual que el PSOE, reformar el Senado para convertirlo en una verdadera "cámara de representación de derechos e intereses territoriales". Este nuevo Senado, al estilo del Bundesrat alemán, estaría formado por "representantes de los Gobiernos regionales" que tendrían dos funciones fundamentales: participar en la "aprobación de leyes que afecten a los intereses territoriales" y, asimismo, tomar parte en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para "fijar las partidas a atribuir a los distintos territorios de acuerdo con el sistema de financiación".

Ciudadanos

El líder de la formación, Albert Rivera, propuso a Rajoy durante la reunión que mantuvieron ambos el pasado viernes un "pacto por España" que asegure "que gobierne quien gobierne después del 20-D" España "no se va a romper". "Este país no está en juego, no se rompe y no se negocia”, aseguró Rivera tras el encuentro, en el que trasladó al presidente del Gobierno el "apoyo" de su partido "para que se cumplan las leyes democráticas en cada uno de los rincones de este país". 

A corto plazo, Ciudadanos propone –además de recurrir ya al Tribunal Constitucional la propuesta de resolución del Parlamento de Cataluña– firmar "con todos los partidos" que estén de acuerdo este pacto, que contempla cinco puntos básicos. El primero de ellos sostiene que "el Artículo 1 de la Constitución [que establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado"] ni se debate ni se toca, porque la soberanía de Cataluña reside en todos los españoles", y el segundo promueve la "defensa de la unidad de España".

Según este proyecto de acuerdo que propone el partido de Rivera, la Constitución es el "único marco para hacer reformas", por lo que también se establece en la propuesta que "los partidos firmantes" no gobernarían "con aquellas fuerzas que quieran romper España”. El pacto también incluye una referencia al "firme compromiso con la integración europea", aunque sin incluir más detalles, explicó Rivera tras su reunión con Rajoy.

Más allá de este acuerdo, sin embargo, Ciudadanos también plantea entre sus propuestas para las generales una reforma del Estado de las autonomías, aunque no su revocación. La iniciativa incluye, al igual que la de los socialistas, la "clarificación de competencias" entre las comunidades y el Estado central –lo que necesitaría una reforma de la Constitución–, así como la necesidad de garantizar que "educación, sanidad y servicios sociales, seguridad y justicia, comunicaciones e infraestructuras y prestaciones sociales y mecanismos de redistribución" se presten de forma equitativa en todo el territorio. Sin embargo, el partido no explica cómo se alcanzaría este objetivo.

"Controlar el gasto de las diferentes administraciones (central, autonómica y local) limitando su capacidad de endeudamiento" y "racionalizar y reordenar las administraciones adelgazando su estructura política y administrativa" son otras dos de las medidas que propone Ciudadanos en su programa. Su reforma del Senado, sin embargo, es más inconcreta que la de Podemos y el PSOE: el partido sólo especifica que debe jugar "un papel central en la cooperación horizontal entre autonomías y de éstas con el Estado, así como en la coordinación entre administraciones y especialmente la concertación vertical".

En cuanto a su proyecto de reforma de la financiación autonómica, Ciudadanos comparte algunas propuestas con el PSOE, como la de respetar el "principio de ordinalidad", consistente en "evitar que una vez aplicados los mecanismos de nivelación entre las comunidades, una comunidad receptora neta de transferencias supere en nivel de financiación per cápita a otra que aporta transferencias netas al sistema". De igual manera, Ciudadanos propone eliminar "los privilegios forales" y promueve que Navarra y el País Vasco se incorporen al régimen común.

IU

El candidato de la federación a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, mantuvo durante su reunión de este lunes con Mariano Rajoy un discurso muy parecido al de Pablo Iglesias: IU defiende la celebración de una consulta en Cataluña donde defendería el no a la independencia y, además, no quiere entrar en un "teatro que enfrente a las clases populares de Cataluña y España”. Eso implica que, al igual que Podemos, la federación de izquierdas rechaza los planes del PP de utilizar el Tribunal Constitucional para frenar los planes de los independentistas: "No se resuelve el problema de fondo yendo a los tribunales", afirmó Garzón.

Más allá de la consulta en Cataluña –que no sólo se circunscribiría a la independencia, sino que podría incluir otras preguntas para que los ciudadanos pudieran "expresarse sobre sus condiciones de vida"–, Garzón propuso a Rajoy el establecimiento de una "mesa de diálogo" destinada, además de a organizar el referéndum, a organizar un proceso constituyente "desde abajo" que desembocara en la elaboración de una nueva Constitución de carácter "federal".

El candidato de IU entregó a Rajoy una propuesta más detallada, que la formación también ha hecho pública. Este documento establece un nuevo modelo que poco tiene que ver con el actual de las autonomías, ya que las nuevas divisiones territoriales –que no reciben una denominación más concreta– estarán dotadas de mayores competencias, entre ellas "dotarse de una Constitución, con el único límite de observar las normas y límites contenidos en la Constitución federal". Uno de esos límites sería la forma de Estado republicana.

Una de estas normas sería la concepción bicameral del Estado, y una de ambas cámaras tendría que funcionar como "contrapeso que evite abusos por parte de la federación que afecten al desarrollo de las competencias que son propias de las unidades federadas". IU propone dos modelos: o bien un Senado que se componga "a partir de miembros electos que obran libremente según su propio juicio (caso de EEUU o Suiza), o por representantes de las unidades federadas que están sometidos a las instrucciones de sus respectivos Gobiernos (caso de Alemania)".

El Estado federal propuesto por la formación "se fundamentará en la igualdad de derechos de los Estados federados y no en la hegemonía de alguno o algunos de ellos", sostiene el documento, que plantea un "pacto entre iguales" pero, sin embargo, no hace referencia a diferencias territoriales como el régimen fiscal de Navarra y el País Vasco. De igual forma, IU promueve una Constitución que reconozca y garantice a partir de los principios de igualdad y solidaridad, el respeto a la cosoberanía de las unidades federadas en su pluralidad y diversidad".

La Carta Magna que promueve la federación establece, de igual forma, que se "mantendrán y ampliarán" los instrumentos destinados a hacer efectiva "la solidaridad interfederal entre las unidades federadas". Esta nueva constitución, según IU, "concretará el carácter solidario en su capacidad redistributiva entre las unidades federadas y los diversos sectores sociales como dimensión social de la federación", si bien no da más detalles al respecto.

UPyD

La reacción de UPyD al movimiento protagonizado por Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento de Cataluña ha sido el más expeditivo: presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un presunto delito de sedición contra la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, así como contra los diputados de Junts pel Sí y la CUP que presentaron la propuesta de resolución para iniciar el proceso de independencia.

En la reunión que mantendrá este martes con Mariano Rajoy, el líder de UPyD, Andrés Herzog, propondrá al presidente una "alianza por la democracia" que proteja a los ciudadanos catalanes de unos dirigentes "enloquecidos" que pretenden dar un "golpe de Estado". Y eso se traduce en cuatro acciones: presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propuesta de resolución del Parlamento catalán, que el Gobierno recurra –al igual que ya ha hecho UPyD– a la vía penal por un presunto delito de sedición, paralizar las transferencias de fondos a la Generalitat hasta que no se garantice su "lealtad a la Constitución y a la democracia" y, especialmente, utilizar ya mismo el artículo 155 de la Constitución para desmontar las estructuras de Estado que se han creado en Cataluña", como el Consejo Asesor para la Transición Nacional, un órgano consultivo.

Además de esta "alianza" de aplicación inmediata, UPyD también plantea una reforma constitucional que, entre otros aspectos, afectaría al modelo territorial. En este sentido, se propone una "redistribución de competencias entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos" de carácter recentralizador, ya que según la propuesta del partido se establecería en la Constitución que "las siguientes materias han de ser competencias exclusivas del Estado e intransferibles: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil y recursos naturales, sin desechar el estudio de otras materias". No se descarta en la iniciativa "la gestión descentralizada de algunas competencias estatales".

De igual manera, UPyD propone que reformar los estatutos de autonomía exija una mayoría de dos tercios en Congreso y Senado, y a nivel territorial se busca acabar con la distinción que existe en la Constitución entre "nacionalidades y regiones". Al igual que Ciudadanos, el partido exige acabar con el régimen fiscal vasco y navarro a través de la "supresión de la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de desigualdad y privilegio".

El Senado también sería objeto, según la propuesta de UPyD, de una profunda reforma "para que sea una verdadera cámara de representación territorial y en ella las diversas comunidades autónomas puedan defender sus intereses". "Tendrá una composición mixta: un número fijo de senadores por comunidad, elegidos por los Parlamentos autonómicos, y otra parte de senadores de elección directa, proporcional a la población de las Comunidades Autónomas", explica la formación, que deja claro que "la alternativa inevitable a su reforma es su supresión".

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