Comunidad de Madrid

El correo de Ayuso que la delata: "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para dejar morir la otra"

La dirigente del PP de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa.

El 14 de septiembre de 2011, Isabel Díaz Ayuso escribe un correo a un directivo de la entidad semipública Avalmadrid donde le comenta: "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra". La empresa a la que han dejado morir es MC Infortécnica SL, que el 15 de marzo de aquel año había recibido un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid, que tenía como avalistas solidarios a los padres de Ayuso y a los otros seis socios de la compañía. Y de quien la entonces diputada del PP sospecha que han podido montar empresas paralelas son precisamente los otros socios de MC Infortécnica SL. Ese correo, al que ha tenido acceso infoLibre, demuestra que Ayuso sabía ya que MC Infortécnica SL no podría devolver el préstamo que le había concedido Avalmadrid y que sus padres –Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente– tendrían que responder con sus bienes. Tres semanas después, el 7 de marzo de 2011, Isabel Díaz Ayuso aceptó que sus progenitores le donasen un piso en el centro de Madrid. Y en abril de 2012 recibió como donación un local de oficinas, también en Madrid. Ambas operaciones son sospechosas de un delito de alzamiento de bienes.

El conocimiento por parte de Ayuso de la situación es el elemento clave para determinar si la dirigente del PP pudo cometer un delito al aceptar la donación de los dos inmuebles realizada por sus padres. El artículo 257 del Código Penal castiga como alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión del bien.

En otras palabras: si Ayuso sabía que la donación se estaba realizando en fraude de acreedores, podría ser considerada cooperadora necesaria del delito de alzamiento de bienes; si lo desconocía, su actuación aprovechándose de las donaciones no tendría reproche penal posible.

En las explicaciones ofrecidas hasta ahora, Ayuso intenta a toda costa que la atención se fije en los donantes: su padre enfermo y su madre jubilada. Poniendo así a su familia como escudo –su padre falleció en 2014–, evita dar explicaciones sobre la actuación de la donataria: ella misma. Es decir, la política del PP habla en público de un asunto privado –el papel de sus padres–, para no explicar lo único que sí tiene relevancia pública: saber si la candidata del PP a la Comunidad de Madrid se convirtió en propietaria de dos inmuebles a través de una actuación castigada como delito en el Código Penal.

Para responder a esa incógnita es preciso analizar dos cuestiones: si Ayuso conocía el propósito de las donaciones y si éstas encajan en la definición del alzamiento de bienes del Código Penal.

  1. Lo que ayuso sabía

Isabel Díaz Ayuso contactó por primera vez con Avalmadrid para interesarse por el préstamo de MC Infortécnica SL el 14 de julio de 2011. Según ha podido saber infoLibre, fue la entonces viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre, Eva Piera Rojo, quien hizo de introductora a petición de Ayuso. Piera, que antes había sido presidenta de la propia Avalmadrid –entre 2006 y 2008–, habló primero con un empleado de la entidad y luego le envió un correo electrónico con el número de teléfono de Ayuso y dándole "mil gracias por anticipado". Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de Eva Piera, que ahora trabaja en el sector privado.

En ese primer correo del 14 de julio de 2011, cuyo contenido adelantó parcialmente El País este miércoles, la entonces recién elegida diputada del PP en la Asamblea de Madrid aporta los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica SL. "La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribe Ayuso. Según las fuentes de dicho periódico, la dirigente del PP contactó con los directivos de Avalmadrid para saber cómo podía afectar al patrimonio familiar el hecho de que sus progenitores fuesen avalistas solidarios de un préstamo de 400.000 euros: "Estaba preocupada. Quería entender el tema de las garantías y hasta qué punto respondían con su patrimonio".

Los socios del Grupo MC eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25% del capital. Al menos seis de los socios y varios de sus hijos trabajaron en algún momento en la compañía, fundada en 1991. El Grupo MC englobaba a 13 sociedades y cuando empezó el año 2011 tenía a 40 personas en plantilla, 18 de ellas en MC Infortécnica SL, que era la filial más importante. Desde hacía un par de años, Leonardo Díaz Álvarez ya no estaba en un puesto directivo –por su enfermedad– e Isabel Ayuso Puente tampoco trabajaba ya en el departamento financiero de la compañía. En las presentaciones que Grupo MC envió en 2011 a diversos bancos sí figuraban en la estructura organizativa los otros tres socios masculinos: José Luis Marcelino Santamaría en la presidencia, José Manuel Pitarch Divar como director de operaciones y Juan Carlos Herrero Casasola como director de marketing. Dedicado a la distribución, comercialización y mantenimiento de productos tecnológicos en las áreas de electromedicina e ingeniería clínica, el importe neto de la cifra de negocios total del grupo en 2010 ascendió a 12,08 millones de euros y declaró unos beneficios de 148.987 euros.

Dos meses después de aquel primer correo, Díaz Ayuso seguía en contacto con los directivos de Avalmadrid, pero el tono respecto a los socios de sus padres había cambiado por completo. Si el 14 de julio pensaba que la relación entre ellos seguiría siendo cordial "con seguridad", ahora sospechaba que formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad. Ese 14 de septiembre, Ayuso envía al menos cuatro correos a su contacto en Avalmadrid:

 

  • A las 18:34, la entonces diputada del PP escribe: "[...] dos datos nuevos. (Encontrados por internet). Están los tres socios metidos en el entramado". Y a continuación da el nombre de dos empresas: una fundada en Madrid en 2009 y cuyo domicilio social está en la casa de un familiar de José Luis Marcelino y otra constituida en 2010 en A Coruña donde figuran con diversos cargos un hijo de José Manuel Pitarch y una hija de Juan Carlos Herrero.

 

  • A las 18:46, envía un breve mensaje sobre las dos empresas citadas en el correo anterior: "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", le pregunta Ayuso a su contacto.

 

  • A las 18:58, manda el siguiente correo: "Otra hija de Juan Carlos Herrero (socio), que es muy joven y también vive con sus padres y curiosamente tiene empresa en Galicia. Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra". 

 

  • A las 19:18, escribe otro texto, simplemente con una cifra: "996.000 €", que es la facturación de una de las empresas que está investigando.

Las sospechas de Ayuso eran las mismas que las de algunos trabajadores del Grupo MC. Ya en marzo de 2011, algunos habían elaborado un documento en el que se citaban hasta seis empresas fuera del Grupo MC que tenían aparente vinculación con los socios o con sus familiares. En ese documento, al que ha tenido acceso infoLibre, se incluye información de las dos compañías citadas en los correos de Ayuso a Avalmadrid.

Este periódico se puso en contacto con el portavoz de la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid para conocer su versión sobre los correos, pero declinó realizar cualquier comentario.

En definitiva, lo que se puede afirmar con certeza es que, el 14 de septiembre de 2011, Ayuso había contactado gracias a un alto cargo del Gobierno de Aguirre con empleados de Avalmadrid para saber hasta qué punto respondían sus padres con su patrimonio del préstamo de 400.000 euros, había asumido que MC Infortécnica SL era una compañía que estaba muerta y había iniciado una investigación –es periodista de profesión– para averiguar si los tres socios de sus padres estaban desviando el negocio hacia empresas paralelas. Y en esa investigación había pedido ayuda a sus contactos en Avalmadrid para ver si le ofrecían datos comerciales de esas sociedades.  

  2. Los requisitos del alzamiento

El segundo aspecto a analizar es si las donaciones de los bienes realizadas por los padres de Ayuso encajan en el comportamiento que penaliza el Código Penal, en su artículo 257. En el momento de producirse los hechos estaba vigente la versión de 2010, aunque la tipificación de este delito era muy similar a la redacción actual. Se castigaba con penas de prisión de 1 a 4 años a quien "se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores", que se elevaba a un máximo de 6 años "en el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública". Una jurisprudencia consolidada establece que se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. Y, como hemos visto, quien adquiere el bien también puede ser considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la operación.

En otras palabras, se necesitan dos requisitos: que se produzca la transmisión de bienes para evitar su embargo y que, en ese momento, exista una deuda vencida y que el acreedor reclama o que sea previsible que lo haga. 

Veamos cómo se sucedieron los hechos en el caso Ayuso:

 

  • 15 de marzo de 2011: Avalmadrid presta 400.000 euros a MC Infortécnica SL. El crédito cuenta con una única garantía hipotecaria–una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas. Ese aval solidario obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.

 

  • 14 de julio de 2011: Ayuso se pone en contacto con directivos de Avalmadrid para saber si sus padres podían perder el patrimonio en caso de impago del préstamo de MC Infortécnica SL.

 

  • 14 de septiembre de 2011: Ayuso asume que MC Infortécnica SL es una empresa que está "muerta".

 

  • 23 de septiembre de 2011: El Grupo MC, que había iniciado el año con 40 trabajadores, despide a la práctica totalidad de la plantilla. Quedan sólo seis personas, las más vinculados a los ejecutivos de la compañía. Es la certificación, por tanto, de que Ayuso estaba en lo cierto: el grupo empresarial creado veinte años antes está en quiebra.

 

  • 5 de octubre de 2011: Leonardo Díaz Álvarez presenta su “renuncia irrevocable” como administrador mancomunado de Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, la matriz del grupo empresarial. Lo hizo ante notario mediante una escritura en la que justifica su dimisión "debido a que todas las gestiones y actuaciones diarias y no diarias de la sociedad son llevadas exclusivamente por los otros dos administradores mancomunados”. Esos otros dos administradores eran José Manuel Pitarch y Juan Carlos Herrero.

 

  • 7 de octubre de 2011: los padres de la dirigente del PP donan buena parte de sus bienes a sus dos hijos, Isabel y Tomás. A ella le correspondió la “nuda propiedad” de una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, cuyo usufructo se reservaron sus padres (ahora lo mantiene la madre). A Tomás le dieron el pleno dominio de una vivienda unifamiliar de 212 metros construida sobre un terreno de 700 metros en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).

 

  • 15 de diciembre de 2011: MC Infortécnica SL tiene que realizar el primer pago del préstamo de Avalmadrid por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses No devuelve ni un euro.

 

  • 2 de abril de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid decide cancelar el préstamo con MC Infortécnica SL, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios.

 

  • 16 de abril de 2012: Leonardo Díaz Álvarez dona el 100% de las participaciones de Sismédica SL a Isabel y Tomás. Dicha compañía era propietaria de un local de oficinas de 180 metros cuadrados en la calle Antonio López de Madrid.

En resumen, cuando se produjo la donación del 7 de octubre de 2011 la familia Díaz Ayuso tenía un conocimiento cierto de que MC Infortécnica no podría devolver el préstamo, porque estaba ya casi sin trabajadores y sin actividad, y cuando se produjo la donación del 12 de abril de 2012 la empresa ya estaba en mora con Avalmadrid, que había decidido proceder contra los avalistas (aunque lleva siete años sin cumplir ese acuerdo).

  3. Las penas y la prescripción

El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública.

La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. En la versión agravada del delito, cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años. En todos los demás casos prescribe a los cinco. Las dos operaciones en las que participó Isabel Díaz Ayuso se produjeron en 2011 y 2012, de forma que habrían prescrito salvo que se estableciese que la deuda era de Derecho público.

Las deudas de Derecho público más comunes son las de Hacienda y la Seguridad Social. Este periódico desconoce si los padres de Ayuso tenían deudas con dichos organismos. Se trata de datos reservados que sólo facilitan en caso de investigación policial o judicial.

Otro aspecto a considerar es si los fondos de Avalmadrid pueden considerarse públicos. El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo celebrado el 25 de mayo de 2017 estableció lo siguiente:

 

Los bienes, efectos, caudales o cualesquiera otros de cualquier índole que integren el patrimonio de las sociedades mercantiles participadas por el Estado u otras Administraciones u Organismos Públicos, deben tener la consideración de patrimonio público y, por tanto, pueden ser objeto material del delito de malversación siempre que concurra alguno de los supuestos siguientes: siempre que la sociedad pueda ser considerada como pública en atención a las circunstancias concretas que concurran, pudiéndose valorar las siguientes o cualesquiera otras de similar naturaleza [...]1.3.2.– Que la sociedad mixta se encuentre sometida directa o indirectamente a órganos de control, inspección, intervención o fiscalización del Estado o de otras Administraciones Públicas.

La Fiscalía de Madrid, en un informe fechado el pasado 23 de mayo, analizó esta resolución del Supremo precisamente en un informe relacionado con operaciones fraudulentas de Avalmadrid. El Ministerio Público admite en dicho escrito que esta entidad podría ser considerada pública según el punto 1.3.2 del acuerdo del Supremo, puesto que Avalmadrid está controlada por el Banco de España, pero inmediatamente añade que "no cabe la aplicación retroactiva" del mismo. Y concluye que "no puede entenderse" que los caudales de Avalmadrid tengan carácter público.

Otras fuentes jurídicas consultadas por este periódico cuestionan dicha interpretación de la Fiscalía de Madrid y llaman la atención sobre la normativa de la Unión Europea que podría ser aplicable a Avalmadrid y que el Ministerio Público no tuvo en cuenta en su escrito.

La Comunidad de Madrid es el principal accionista de Avalmadrid, con algo más del 31% del capital, seguido por Bankia, que controla algo más del 30%.

Tras la adjudicación judicial en favor de Avalmadrid de la nave en Sotillo de la Adrada puesta como garantía hipotecaria, en junio de 2018 por 272.000 euros, la deuda pendiente de MC Infortécnica SL supera los 260.000 euros. Esa es la cantidad que Avalmadrid tiene derecho a reclamar a cualquiera de los ochos avalistas del préstamo. De momento, no lo ha hecho.

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Dosier | Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre las actividades y el patrimonio de Isabel Díaz Ayuso.

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