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El 'caso Ayuso'

Cs calla sobre el trato de favor de Avalmadrid a Ayuso pese a que en abril lo tachaba de "chiringuito" que "rezuma irregularidades"

Los líderes de PP y Cs en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.

Ciudadanos sigue haciendo oídos sordos ante las informaciones publicadas en infoLibre sobre las presuntas irregularidades que habría cometido Isabel Díaz Ayuso, que previsiblemente se convertirá en presidenta de la Comunidad de Madrid la próxima semana con su apoyo. El partido naranja guarda silencio sobre el escándalo y, junto a PP y Vox, ha conseguido dilatar la petición de información del resto de los grupos de la Asamblea de Madrid en relación a empresas como Avalmadrid, la entidad de carácter semipúblico que se encuentra en el ojo del huracán por haber dado un presunto trato de favor a la familia de Ayuso. Y eso a pesar de que Ciudadanos hizo bandera la pasada legislatura de la necesidad de "regenerar" Avalmadrid, a la que su líder autonómico, Ignacio Aguado, llegó a tachar de "chiringuito" ideado "para unos pocos".

Según se explica en su propia página web, esta empresa –participada en un 31% por la Comunidad de Madrid y en un 30% por Bankia– está enfocada en apoyar económicamente a pymes y autónomos de la región "en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional". Pero, desde hace años, su gestión se ha visto salpicada por irregularidades y de hecho, el pasado julio, fue sancionada con una multa de 100.000 euros por el Banco de España por los avales concedidos en 2012 a las empresas de los expresidentes de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de CEIM, Arturo Fernández. La Fiscalía, de hecho, se encuentra investigando algunos de estos avales sospechosos, y es conocido que Avalmadrid ha estado financiando durante años a sociedades vinculadas a sus propios consejeros.

En el caso concreto de Díaz Ayuso, la entidad semipública se encuentra en el punto de mira por el supuesto trato de favor a la antigua empresa de los padres de la dirigente del PP, MC Infortécnica, a la que concedió en 2011 un préstamo de 400.000 euros. Ese crédito quedó sin pagar por la quiebra de la compañía, pero la cúpula de Avalmadrid decidió no embargar los bienes de los ocho socios –entre los que se encontraba la familia de Ayuso–  a pesar de que su propio Comité de Morosidad aprobó hacerlo con el fin de recuperar el dinero prestado. Los padres de Ayuso habían justificado su solvencia con dos viviendas –una en Madrid y otra en Sotillo de la Adrada (Ávila)– y dos naves –las dos en el municipio abulense–: las propiedades que acabaron donando a sus hijos Tomás e Isabel y por los que la dirigente del PP habría podido cometer un delito de alzamiento de bienes.

No obstante, Ciudadanos ha achacado las presuntas irregularidades cometidas por Ayuso a un problema familiar sin relevancia política, ha asegurado que las informaciones publicadas tienen la intención de "desprestigiar" a la dirigente y no le ha pedido explicaciones. De igual forma, el partido naranja tampoco ha hecho ninguna crítica al papel desempeñado por Avalmadrid, un silencio que contrasta con las duras críticas que vertió durante toda la legislatura pasada y hasta hace apenas cuatro meses contra la entidad semipública. Una entidad de la que Ignacio Aguado aseguraba el pasado abril que "rezuma irregularidades de épocas pasadas" porque funcionaba a modo de "chiringuito".

"Regeneración" para "una estructura muy opaca"

En esas mismas declaraciones, Aguado señalaba que Ciudadanos era perfectamente consciente desde su entrada en la Asamblea, en el año 2015, de que "no se habían hecho las cosas bien" en Avalmadrid, por lo que pidió al Gobierno regional que apoyaba que hiciera "reformas". "Nada ha sucedido, prácticamente, y nos seguimos encontrando una estructura muy opaca que rezuma irregularidades de épocas pasadas", denunciaba entonces el líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que insistía en que Avalmadrid actualmente no sirve "para nada, solo para favorecer a los suyos", y planteaba que la entidad "tiene que ser un aliado de las pequeñas y medianas empresas, no un chiringuito pensado para unos pocos".

A Aguado no le faltaba razón en que Ciudadanos se preocupó desde el principio de la pasada legislatura de la gestión de Avalmadrid. En marzo de 2016, por ejemplo, su diputada Susana Solís –ahora en el Parlamento Europeo– preguntaba a la entonces consejera de Economía, Engracia Hidalgo, "a quién se dan las operaciones de Avalmadrid" y le inquiría sobre las "garantías" existentes "de que no se otorgan operaciones a empresas relacionadas o vinculadas con determinados socios protectores o con sus representantes". "Les exigimos regeneración y transparencia" para una institución que "lleva demasiados años en las mismas manos", planteaba Solís ante el pleno de la Asamblea de Madrid.

Apenas una semana después, el 17 de marzo de 2016, era el propio Aguado el que se mostraba preocupado por el funcionamiento de Avalmadrid y preguntaba en el pleno a la entonces presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, si estaba en condiciones de "garantizar que no se ha utilizado Avalmadrid para beneficiar a sus socios protectores avalando a sus propias empresas privadas". "Señora Cifuentes, si Avalmadrid funcionaba bien, ¿por qué ha destituido en secreto a su director general?", le preguntó también Aguado a la presidenta madrileña después de que ésta cesara a ese responsable, Juan Luis Fernández-Rubíes, sin ofrecer ninguna explicación a los grupos de la Asamblea.

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Avalmadrid, una entidad para ayudar a "amiguetes"

Asimismo, Ciudadanos solicitó en 2017 y 2018 la comparecencia en comisión de los directores generales de Avalmadrid, y en octubre de ese segundo año, la diputada naranja Susana Solís volvió a poner en duda la buena gestión de la que presumía Pedro Embid, sustituto de Jorge Morán en el cargo de director general de la empresa semipública, quien a su vez sustituyó en 2017 a Juan Luis Fernández-Rubíes. "Cada año, la Comunidad de Madrid da aportaciones a Avalmadrid que yo creo que caen en saco roto y que no sé si sirven para ayudar a los autónomos, que es el objetivo, o para financiar los negocios de algunos amiguetes", denunció Solís, que puso cifras encima de la mesa y aseguró que entre 2016 y 2018 "las operaciones concedidas a empresas vinculadas a miembros del Consejo de administración han pasado a multiplicarse por dos" hasta llegar a ser un total de 24, por un montante total "de 4,7 millones de euros".

"Esto yo ya no lo entiendo", criticó la diputada de Ciudadanos entonces. Y la misma incomprensión expresó apenas un mes después, en noviembre del año pasado, en una pregunta a la consejera Hidalgo ante el pleno de la Asamblea de Madrid. "Tres directores generales en tres años y medio, así podemos resumir cuál ha sido la gestión de Avalmadrid", denunció Solís, que exigió a la responsable de Economía de la Comunidad de Madrid "explicaciones" porque "cada año los madrileños ponemos muchos millones de nuestros bolsillos en los presupuestos para Avalmadrid". Unos presupuestos, detalló, "que en el año 2017 tenían tres millones de euros, pero descubrimos que al final del año firmaron un convenio por el que inyectaban 10 millones de euros más". "¿Me pueden explicar a dónde van estos 10 millones?", inquirió.

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