Extrema derecha

Cuatro partidos exigen ilegalizar los grupos ultras que atacaron en la Diada

Ibon Uría

Sánchez Llibre relata cómo vivió el violento altercado en la Diada. ATLAS

Menos de 24 horas después de que dos decenas de personas vinculadas a formaciones de ultraderecha atacaran la sede cultural de la Generalitat en Madrid durante la Diada, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, ha sido en primero en lanzar la pregunta: ¿Por qué el Gobierno no promueve la ilegalización de grupos como Alianza Nacional? Llamazares, que es además portavoz de Justicia de Izquierda Plural, ha incluido esta cuestión en una batería de cuatro preguntas registradas en el Congreso y dirigidas al Gobierno.

En concreto, quiere saber cuál es la valoración del Ejecutivo sobre lo ocurrido, qué medidas preventivas se habían tomado para evitar el ataque –en el que llegó a utilizarse con gas pimienta– y qué acciones planeael  Gobierno ante el avance de las "agresiones perpetradas por grupos criminales de extrema derecha". Llamazares cita documentos de la propia Alianza Nacional para justificar su petición. En esos textos, el partido se declara heredero ideológico de los fascismos europeos y reclama "acción directa" para la consecución de sus objetivos políticos.

Otras fuerzas del hemiciclo comulgan con la posición de Izquierda Plural. Es el caso de Esquerra: "Ya que hay una Ley de Partidos que busca excluir conductas violentas e ilegalizar partidos vinculados a esas conductas, nos parece lógico que se ilegalicen partidos como Falange o Plataforma per Catalunya", comentan en el partido. Y también del Bloque Nacionalista Galego (BNG): "La Policía y la Justicia deben actuar de acuerdo a la legislación vigente, porque una sociedad democrática no puede admitir organizaciones que impiden la libre expresión", defiende Olaia Fernández Davila, diputada y portavoz de la formación en la Cámara baja.

ERC y BNG comparten además una fuerte crítica a la Ley de Partidos. "Siempre hemos defendido que no se pueden ilegalizar partidos por su ideología", insisten desde el grupo catalán. "No somos partidarios de los criterios del PP en relación a la Ley de Partidos", dice Fernández. Pero, pese a su rechazo a la norma, que consideran creada ad hoc para el caso Batasuna, defienden que, mientras esté vigente, se aplique de igual modo a izquierda y derecha. Y a su juicio, eso debe afectar a los grupos extremistas que han protagonizado a lo largo de los últimos meses ataques como el de este miércoles en Madrid y que, por el momento, gozan de un estatus de legalidad.

No son los únicos que reclaman acciones contra los ultras. En Compromís existe una sensación de hartazgo generalizado ante el avance de la derecha radical: "Ya están tardando en ilegalizarla", insisten, y relatan ataques que la coalición ha sufrido, especialmente en la Comunidad Valenciana. La esperanza ahora, dicen, es que lo ocurrido en el centro cultural Blanquerna sirva para "poner el foco" sobre las agresiones y para motivar la adopción de medidas contundenes. Porque hasta ahora no ha habido consecuencias: "Campan a sus anchas en Valencia. Nos han tirado piedras, nos han insultado y nunca hay detenidos", explican.

Críticas al dispositivo de seguridad

El resto del arco parlamentario tampoco se ha mostrado indiferente ante la gravedad de los hechos ocurridos este miércoles. El secretario de organización de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Josep Rull, ha avanzado que el partido explorará vías para actuar contra los violentos. Fuentes de CiU rebajan el tono e insisten en que no se tomarán decisiones en caliente. Como primer paso, la federación pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. "A partir de ahí, escucharemos y tomaremos decisiones, pero no hay que actuar a la ligera", concluyen.

Por su parte, Germán Rodríguez, diputado del PSC por Barcelona, estuvo presente durante la agresión y observó indicios de una "insuficiente planificación" en términos de prevención y seguridad. Además, advierte de que la situación pudo haber concluido con consecuencias más graves. Preguntado sobre cuáles deben ser las acciones contra los ultras, exige total contundencia. "Existen instrumentos legales y judiciales para responder", dice, y aunque engloba la Ley de Partidos dentro de ese catálogo de recursos, pide conocer las explicaciones de Fernández Díaz, cuya comparecencia pedirán los socialistas catalanes, antes de dar más pasos adelante.

"¿Qué información previa tenía el Gobierno? ¿Y si la tenía, qué dispositivo se había establecido?", insiste. Rodríguez recuerda que hace algunos meses, en abril, el Gobierno le aseguró en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en febrero, que existían mecanismos para vigilar a la ultraderecha y grupos especializados en los servicios de información del Estado, y se pregunta qué ha fallado ahora, algo que también quiere saber UPyD: la formación ha registrado en la tarde de este miércoles una pregunta en la Cámara baja.

En ese texto, Rosa Díez interpela al Gobierno acerca de la información previa con la que contaba Interior y se pregunta por qué no se desplegó un dispositivo de seguridad en el lugar. El partido también quiere, de cara al futuro, cómo piensa contener Rajoy "una posible escalada de tensión social que degenere en hechos violentos por las exigencias secesionistas catalanas". Sobre una hipotética ilegalización, no hay respuesta. La cuestión aún no se ha planteado.

Silencio en torno a la Ley de Partidos

Tampoco hay respuesta de la Fiscalía General del Estado o de la Abogacía del Estado en torno a la posibilidad de ilegalizar formaciones de extrema derecha. A preguntas de este medio, fuentes de ambas instituciones han declinado responder. Pero, más allá de las declaraciones políticas, ¿qué dice exactamente la ley? ¿Podría aplicarse a supuestos como el vivido durante la Diada?

Aprobada en 2002, la Ley de Partidos establece una serie de requisitos que todas las formaciones han de cumplir. En caso contrario, pesa sobre los partidos la amenaza de la ilegalización. Entre las causas de ilegalidad se mencionan, entre otras, las siguientes: "Vulnerar las libertades", "promover, justificar o exculpar la persecución de personas por razón de su ideología, nacionalidad u orientación sexual", "fomentar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos" o "dar cobertura a las acciones de desorden o coacción social vinculadas al terrorrismo o la violencia".

En resumen: los ataques al pluralismo y las actividades violentas ejecutadas de forma "reiterada y grave" conducen a la disolución o suspensión judicial de una fuerza política, procedimiento que puede iniciarse a instancias del Gobierno, del Ministerio Fiscal y que puede ser también reclamado por cualquiera de las Cámaras al Ejecutivo. La pregunta ahora es: ¿encajan los grupos como Alianza Nacional o Falange en estos supuestos?

Un amplio historial

Echando la vista atrás, en febrero de 2008, decenas de militantes de España 2000 irrumpieron en un mitin de Esquerra Republicana del País Valencià y profirieron toda clase de insultos. Por su parte, en el escrito registrado en el Congreso de los Diputados este miércoles, Gaspar Llamazares recuerda que, en 1993, Alianza Nacional presentó como candidato por Chiva (Valencia) a un condenado por el asesinato del joven Guillem Agulló, que participaba con frecuencia en movimientos de la izquierda independentista. Entre las consignas habituales de este mismo partido está la consideración de la multiculturalidad como un "atentado", la petición de expulsar a los inmigrantes y la defensa de las políticas "antiliberales, antidemocráticas y antipacifistas".

Además, los grupos de extrema derecha han optado en el último año por unir fuerzas para, según indican fuentes del entorno de Nudo Patriota, plantar cara en la calle a la izquierda. En el marco de esa estrategia, cinco organizaciones ultra –La Falange, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional, Movimiento Católico Español y Democracia Nacional– suscribieron un manifiesto común el 18 de julio bajo el título "La España en marcha", donde proclaman la necesidad de emprender "una revolución nacional siguiendo el ejemplo de nuestro antepasados". Así, Nudo Patriota reconoce abiertamente su "admiración por la figura de Franco" y el ideario de Alianza Nacional añade: "Concebimos el Estado como un instrumento totalitario".

En esta misma línea, las mismas cinco organizaciones han convocado para el día 28 de septiembre una "gran quema de trapos separatistas". Fuentes de la Falange y de Nudo Patriota han insistido en que el acto es de carácter "festivo" y "privado", y en que sólo se quemarán esteladas. "Esas banderas no son constitucionales, así que no hay problema en hacerlo", insisten desde Falange.

Fuentes de Nudo Patriota han explicado que esa convocatoria busca conseguir fondos para un viaje a Barcelona el 12 de octubre, fecha en la que los planean manifestarse en la ciudad condal en lugar de en Madrid, como venían haciendo hasta ahora.

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