Las cloacas del Estado

La cúpula de Interior del PP salvó a Villarejo con un informe que le presentaba como mero gestor de su "patrimonio personal"

El comisario Villarejo en el programa Salvados de La Sexta

El levantamiento del secreto sobre el dinero movido en el exterior por el comisario José Manuel Villarejo –Panamá le ha bloqueado 600.00 euros– devuelve a escena uno de los puntos más oscuros del caso: el  momento en que, en abril de 2015 y con las bendiciones del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, un informe policial libró al comisario de un procedimiento disciplinario que habría podido destapar sus manejos dos años y medio antes de que fuese detenido y encarcelado. Fechado el 20 de abril de aquel año, de aquel informe ya había trascendido que la cúpula de Interior consideraba compatibles sus negocios privados con su puesto como funcionario público porque no entrañaban "menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes" ni guardaban "relación" con su actividad policial. Pero hasta ahora había permanecido oculto el principal argumento que dio sustento a aquella conclusión. Y ese argumento, plasmado en el informe, al que cinco años después ha tenido acceso infoLibre, es nada menos el que sigue: que la actividad privada de Villarejo se limitaba a "la gestión de un patrimonio personal generado durante los casi diez años que el funcionario estuvo en excedencia reglada y solicitada formalmente". En resumen y por acudir a un ejemplo: que tenía negocios pero se comportaba con ellos al modo de un rentista alejado de la ajetreada vida mercantil de las compañías que posee.

El periodo de excedencia de Villarejo comenzó el 13 de agosto de 1983 y acabó el 29 de junio de 1993. Según el informe policial, es lo amasado en esa década lo que el ya célebre comisario "se dedica a administrar cuando reingresa en el servicio activo, sin perder de vista que muchas de las empresas que se constituyeron en esa época actualmente están extinguidas".

Pero lo que el informe omite es que, justamente a los tres años de que volviera al Cuerpo –el 8 de agosto de 1996 según una información del Registro Mercantil accesible con un click– nació la empresa Cenyt SL. Buque insignia de la flota empresarial de Villarejo, Cenyt SL fue la mercantil utilizada entre 2004 y 2017 por el policía para acometer grandes operaciones de espionaje –del socialista Miguel Sebastián al fundador de Ausbanc, Luis Pineda– para entidades como el BBVA. O para empresarios de menos renombre que buscaban doblegar a rivales a golpe de extorsión. Hizo sus trabajos valiéndose de medios públicos y así lo atestiguan conversaciones grabadas por él mismo. Y solo del BBVA, esos "servicios" prestados reportaron a Cenyt SL 10,28 millones de euros. 

Las ocho páginas del informe policial, buena parte de ellas dedicadas a enumerar jurisprudencia sobre la Ley de Incompatibilidades, fueron redactadas como consecuencia de un extenso reportaje de investigación publicado por El País un mes antes, el 20 de marzo de 2015. Construido como un detallado informe, el texto explicaba cómo Villarejo participaba en 12 sociedades con 16 millones de capital. Una de ellas era Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), "la que puede ser la sociedad matriz de la mayoría de sus negocios", escribió ya en aquella fecha el periodista Javier Ayuso. 

Una solicitud de compatibilidad que ni "consta" ni "resulta necesaria"

Firmado por el inspector José Ángel Fuentes Gago bajo encargo directo del entonces jefe operativo de la Policía, el DAO Eugenio Pino, el informe se cerró sin que la Policía hiciera la menor comprobación sobre el carácter y alcance real de los negocios de Villarejo. En él no hay ni una sola referencia a información mercantil sobre la estructura societaria, donde la confluencia de ciertos elementos permite establecer conexiones y hurgar en quiénes son los verdaderos propietarios. Tampoco hay en el informe un solo dato sobre cuentas anuales o modelos de declaración tributaria que actúan siempre como un sismógrafo para detectar de dónde viene, adónde va y para quién trabaja una empresa.

Eugenio Pino también está imputado en la Operación Tándem o caso Villarejo. El 28 de enero de este año, poco antes de que la pandemia lo eclipsara todo, quien fue DAO hasta 2016 metió en un auténtico lío al exministro Jorge Fernández Díaz y al expresidente Mariano Rajoy durante una declaración ante el juez del caso, Manuel García Castellón. Lo que dijo Pino es que cuando quiso librarse de Villarejo, Fernández Díaz le reconvino y le trasladó un mensaje por supuesta indicación expresa de Rajoy: "Lo estás tratando mal". A Villarejo. Aquello llevó al juez a una situación que le hizo pronunciar la que ya es una de sus frases más conocidas: "Ha dejado usted un panorama devastador". Qué ocurrirá con el exministro del Interior una vez regrese la normalidad a los juzgados es todavía una incógnita.  

Que el informe policial contaba con el apoyo de Fernández Díaz no arroja dudas. Al día siguiente de que El País desvelara los negocios de Villarejo, el máximo responsable de Interior sostuvo que el informe enomendado a la Policía sobre las actividades privadas de Villarejo pretendía "deslindar el grano de la paja y que florezca la verdad" porque "hay cosas que se dicen que no se ajustan exactamente a la realidad". "El informe de la Policía –añadió– es el que nos debe acreditar efectivamente si todo, como yo presumo salvo que se demuestre lo contrario, se ha hecho en el marco de la estricta legalidad".

Exactamente eso es lo que venía a relatar Fuentes Gago en su informe: Villarejo lo había hecho todo bien. "Para finalizar –escribió–, si bien es cierto que NO consta solicitud de compatibilidad, desde nuestro punto de vista hay que resaltar que no resulta necesaria si se trata de una actividad compatible ex art. 12.1 [es decir, según el artículo 12.1] de la Ley 53/1984". Ese artículo regula todo lo que está expresamente prohibido como actividad privada a un funcionario público. Y el punto b) señala esta prohibición: "La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado". En 2015, y así lo hizo constar el citado reportaje de El País, el 50% de Cenyt SL estaba en manos de dos sociedades presididas por el comisario Villarejo. Para entonces, Cenyt SL llevaba dos lustros ofreciendo servicios de investigación, una de las tareas esenciales de la Policía. Las facturas del BBVA incorporadas al sumario de la Operación Tándem no ofrecen la menor duda de que ese era su cometido.

Imputado en la Operación Tándem por la pieza llamada Kitchen, donde se investiga el espionaje a Luis Bárcenas con el fin de impedir que conservase en su poder documentos incriminatorios para el PP, Fuentes Gago es uno de los supuestos integrantes de lo que se ha venido a llamar la policía patriótica. O sea, la que se movilizó para, entre otras misiones, localizar al margen de cualquier juez o fiscal trapos sucios de independentistas catalanes y elaborar un dossier falso contra Pablo Iglesias

Una vez que el informe vio la luz aunque solo de modo parcial, el entonces director general de la Policía y luego portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se pronunció así durante una visita a Valencia:  "Tenemos un régimen disciplinario, que es el que es, y lo que el informe concluye es que en este caso no hay una responsabilidad disciplinaria que se derive del informe que ha realizado la dirección adjunta operativa".

En realidad, lo que el informe hizo fue conceder absoluta credibilidad a la versión de Villarejo y dar carpetazo al asunto. El texto de Gago lo expone así: "A tenor de la información que obra en nuestro poder, en vista de lo manifestado en escrito con registro de entrada número 118 de fecha 18 de marzo del año en curso por el propio interesado (...) se entiende que no es preceptiva la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario".

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