Educación

El curso escolar empieza con una ley educativa en transición, pero todavía vigente en sus aspectos polémicos

Más de ocho millones de alumnos inician en los próximos días el curso escolar.

Más de ocho millones de alumnos de enseñanzas no universitarias se incorporan en los próximos días a las aulas en un curso en el que la polémica reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert y aprobada en solitario por el rodillo parlamentario del PP en 2013 seguirá marcando la pauta en los centros educativos. La nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, se comprometió el pasado 11 de julio en una comparecencia en el Congreso a derogar algunos de los artículos más cuestionados de esa norma. Pero no será para este curso, pues su modificación requiere de la aprobación en sede parlamentaria de iniciativas que estarán sujetas a futuros consensos.

Así, seguirán vigentes cuestiones tan controvertidas como el estatus de la asignatura de Religión, que con el PP volvió a contar para la media y para acceder a becas; los conciertos con los colegios que separan en clase a niños y niñas, que en su mayoría están adscritos al Opus Dei y tienen un coste para la Administración pública de 110 millones de euros anuales; o la pérdida de poder de los consejos escolares, que pasaron a ser meramente "consultivos" con la reforma de 2013. 

Tampoco se pondrá en marcha este curso una asignatura centrada en los valores cívicos y éticos, heredera de la desaparecida Educación para la Ciudadanía que el PP fulminó en la Lomce. Y seguirá en vigor el concepto de "demanda social" a la hora de planificar la oferta de plazas, lo que se ha interpretado como una vía para favorecer la creación de nuevos conciertos o la obligación para las administraciones educativas de garantizar "la existencia de plazas suficientes", sin especificar –como se había hecho desde 1985– que debe utilizarse para ello la red pública de forma preferente.

También seguirán en suspenso algunas de las medidas de la Lomce que el anterior Gobierno del PP se vio obligado a paralizar por la presión de la comunidad educativa y de los gobiernos autonómicos. Entre ellas, la suspensión del carácter académico de las pruebas externas de ESO y Bachillerato que el Ejecutivo conservador anunció en octubre de 2016 hasta que se pudiera acordar un nuevo pacto educativo que está paralizado en el Congreso después de que el PSOE y Podemos lo abandonaran el pasado marzo.

En los últimos dos cursos, la polémica reválida prevista al finalizar 4º de ESO se ha realizado, pero con carácter muestral, no obligatoria para todos los alumnos; y sin ser necesaria para obtener el título y poder seguir estudiando. En el caso de la de Bachillerato, la prueba que se sigue haciendo es muy similar a la antigua selectividad porque no sirve para titularse, pero sí para acceder a la Universidad. Además, el Ejecutivo conservador también accedió a reducir el impacto de las pruebas de diagnóstico previstas en Primaria, permitiendo a las comunidades escoger si las hacen todos los alumnos o sólo una selección de ellos.

Por otro lado, el Ejecutivo del PP también accedió en otoño de 2016 a eliminar los itinerarios previstos ya en 4º de ESO y que suponían distintas vías de salida en función de si los alumnos pretendían estudiar el Bachillerato de Letras, el de Ciencias o FP. Asimismo, el Gobierno de Rajoy aceptó que los alumnos puedan obtener el título de la ESO con menos de un 5 de nota media y con dos asignaturas suspensas que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas, tal y como ocurría antes de la Lomce.

A todas las medidas citadas se refirió Celaá en su comparecencia en el Congreso, donde se comprometió a derogarlas definitivamente, si bien ya advirtió de que todos esos cambios se llevarían a cabo "de acuerdo con el rango legal de los aspectos que se vayan a cambiar". Y aunque admitió las "dificultades" para llegar a acuerdos, se mostró dispuesta a recuperar los acuerdos logrados en la subcomisión del pacto educativo, que tras casi un año de trabajos fueron más bien escasos

Limitar el impacto de la Lomce  

En todo caso, en los últimos cursos principalmente comunidades que no están en manos del PP sí han intentado minimizar el impacto de la Lomce en el ámbito de sus competencias. Y es que aunque se trata de una ley de ámbito estatal, las autonomías tienen cierto margen de maniobra en cuanto a su aplicación curricular: pueden definir los horarios lectivos máximos, complementar los contenidos de algunas materias o determinar cuáles serán las asignaturas de libre configuración autonómica.

Andalucía y Extremadura (PSOE), por ejemplo, han mantenido la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Primaria en el bloque de libre configuración autonómica, que incluye a la Lengua Cooficial (en el caso de que se tenga) y otras a determinar por la autonomía. Además, la Junta andaluza tampoco adaptó el proceso selectivo de los directores de colegios e institutos a la Lomce, que prevé dar más poder a la administración en su designación porque recorta el número de representantes de la comunidad educativa en las comisiones de selección.

En relación a materias concretas, Cataluña (Junts per Catalunya y ERC) y Andalucía, Extremadura y Asturias (PSOE) han blindado Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato en contra del espíritu de la Lomce, con la que perdió su carácter obligatorio. Este curso también se sumarán a este blindaje Galicia (PP) y la Comunitat Valenciana (PSOE-Compromís). En mayo del año pasado, la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, reconoció ante los periodistas que su partido se había equivocado eliminando esta materia y afirmó que su voluntad era reintroducirla también en Secundaria.   

Por otro lado, Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura, todas ellas en manos de los socialistas, han intentado limitar el impacto de la asignatura de Religión reduciendo su horario, si bien se han encontrado con la oposición de los tribunales tras los recursos presentados por los obispos y los profesores de esta materia confesional. La Justicia también está poniendo límites a la pretensión de los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana (PSPV-Compromís) y Aragón de reducir progresivamente la red educativa concertada, privada subvencionada con fondos públicos y mayoritariamente religiosa. 

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