El discurso sobre la “prioridad nacional” ha entrado de lleno en el debate público de la mano de Vox, que ha arrastrado al Partido Popular a asumir sus postulados más ultras en materia migratoria para alcanzar un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón. La hostilidad contra los migrantes, envuelta en el celofán de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es una de las banderas de Vox desde su nacimiento, lo que ha provocado a su vez una radicalización del discurso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. Pero a esto también se le añade un elemento que no es nuevo pero que la ultraderecha explota cada vez más: la saturación de los servicios públicos por culpa de “los de fuera”.
La sensación de agravio en el acceso a los servicios del estado del bienestar como la sanidad, la educación o la vivienda de protección oficial es campo abonado para el rechazo al extranjero, de ahí que utilicen el concepto de “prioridad nacional” para el acceso a ese tipo de casas o y al alquiler social en ambas comunidades. Es una estrategia calcada de la del Frente Nacional francés, que desde la década de los ochenta defiende el llamado "chovinismo del bienestar", un proteccionismo excluyente que induce entre las capas más necesitadas un recelo hacia los inmigrantes. Una estrategia que ha demostrado ser una valiosa herramienta de la ultraderecha, sobre todo en momentos de crisis, para tratar de ampliar su base social.
El proceso de regularización de medio millón de migrantes, según las previsiones del Gobierno, al que se dio luz verde la pasada semana en el Consejo de Ministros, sirvió de excusa al líder de Vox, Santiago Abascal —y posteriormente a la dirección nacional del PP— para abonar este discurso. El ultra aseguró que va a “dar muchos problemas a la sociedad española, va a producir un efecto llamada, va a traer drama en los mares, muerte, inseguridad en las calles y colapso en los hospitales y en el mercado de la vivienda”. Y añadió: “Eso lo van a pagar los españoles, no los diputados que promueven la regularización”.
El PP asume el discurso de Vox con estadísticas diferenciadas
En los últimos días otros dirigentes de la formación, entre ellos el secretario general, Ignacio Garriga, y el candidato de la formación en Andalucía, Manuel Gavira, han insistido en esa tesis. “Todo ha colapsado, hay hasta cuatro millones de españoles esperando una cita con un especialista, con una demora media de hasta 96 días” y “cada 18 minutos muere una persona en lista de dependencia”, señaló el primero. Gavira afirmó que la "inmigración masiva" se nota "en las guarderías, en los comedores escolares, en los colegios, en la atención sanitaria, en la vivienda, en el empleo o en las ayudas sociales contributivas y no contributivas”.
Por su parte, desde el Partido Popular han asumido el marco discursivo de Vox y lo han integrado como propio. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró que la regularización va a “reventar” los servicios públicos pese a que los migrantes en situación irregular ya están haciendo uso de ellos. En Génova han seguido el mismo discurso. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, aseguró que la regularización es un “despropósito” y que va a “saturar” los servicios públicos. “Las consecuencias recaen directamente sobre las comunidades y los ayuntamientos”, manifestó.
Esto ya ha tenido sus primeras traslaciones a nivel legislativo. El PP valenciano aprobó el pasado octubre una resolución de Vox que pedía a la Generalitat incluir en sus estadísticas el uso que hacen los migrantes de las donaciones de sangre o emergencias sanitarias frente a la población nacional, además de medir el absentismo laboral de la población extranjera, entre otros indicadores. Según el PP, el propósito de la iniciativa era conocer los gastos reales en materia de sanidad y servicios sociales para administrar los recursos disponibles. No obstante, todo ello coincidió con la necesidad del entonces president, Carlos Mazón, de alcanzar un acuerdo para sobrevivir al aniversario de la dana.
De esta manera, las derechas desplazan problemas estructurales hacia una explicación identitaria y alimentan un relato excluyente en el que presentan los servicios públicos como un botín escaso que hay que reservar para los nacionales. Así, en lugar de asumir que las administraciones tienen que dedicar más recursos a esas áreas, culpan a los migrantes de su saturación.
El Banco de España y la AIReF desmienten el discurso xenófobo
Hace solo unos meses la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, publicó un informe titulado “La inmigración y su impacto económico negativo en el Estado de Bienestar”. La principal conclusión del informe, en el que no aparecían los nombres de sus autores, era que el inmigrante comienza a tener una contribución neta positiva a las arcas públicas cuando su salario medio es de al menos 45.150 euros anuales durante toda su vida laboral. El coste general de la inmigración es mayor que su aportación, añadía el informe, lo que agrava, según el texto, los problemas fiscales del estado de bienestar.
Para llegar a la conclusión señalada el informe analizaba varios ejemplos y calculaba, a lo largo de toda la vida de una persona, la diferencia entre la aportación del trabajador en forma de cotizaciones sociales e impuestos directos e indirectos y lo que recibe en forma de pensiones, subsidios de desempleo y ayudas sociales, además de los costes derivados de su educación y salud, así como gastos generales en materia de defensa, justicia e infraestructuras.
Sin embargo, desde el Banco de España desmontaban la tesis de la formación y señalaban que la tasa de actividad de los extranjeros residentes en España está entre las más altas de la UE, es superior a la de los nacionales, y que el efecto medio directo de la inmigración sobre el crecimiento del PIB per cápita fue positivo entre 2022 y 2024, sobre todo vía empleo.
Otro organismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), añadía que los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que los nativos, lo que aumenta su aportación a los ingresos públicos vía impuestos sobre el trabajo, y que los flujos migratorios suavizan la caída de la población en edad de trabajar y sostienen el crecimiento, aunque no basten por sí solos para compensar todo el envejecimiento.
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Vox también culpaba en ese informe a los migrantes del aumento de los precios de la vivienda. En ese sentido, el Banco de España reconoce que desde 2016 el crecimiento demográfico, debido en parte a los flujos migratorios y a la concentración territorial, ha sido un factor importante de aumento de la demanda y de los precios. Pero en el mismo análisis subraya que la presión sobre precios y accesibilidad también se explica por el escaso dinamismo de la oferta, la falta de suelo finalista y mano de obra para construir, el bajo peso del alquiler social, la incertidumbre regulatoria y el auge de usos alternativos como el alquiler vacacional o de temporada.
La preocupación por la inmigración crece
En cuanto a percepción de la inmigración como problema, ha subido con fuerza en la agenda pública, pero los datos oficiales muestran que esa percepción está siendo acompañada y amplificada por un ecosistema de discurso de odio que asocia migración con inseguridad, y por un racismo más normalizado y más digitalizado que sigue teniendo en el eje racista y xenófobo su manifestación más numerosa.
La preocupación social por la inmigración ha aumentado claramente respecto a hace dos años, aunque con picos y bajadas. Si tomamos como indicador el CIS —la mención espontánea de la inmigración como uno de los tres principales problemas de España— pasó del 11,7% en mayo de 2024 al 30,4% en septiembre de 2024. Después bajó, pero sigue en niveles relativamente altos: 20,3% en febrero de 2026 y 15,5% en abril. Así, la inmigración aparece en el barómetro como el cuarto problema nacional.
El discurso sobre la “prioridad nacional” ha entrado de lleno en el debate público de la mano de Vox, que ha arrastrado al Partido Popular a asumir sus postulados más ultras en materia migratoria para alcanzar un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón. La hostilidad contra los migrantes, envuelta en el celofán de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es una de las banderas de Vox desde su nacimiento, lo que ha provocado a su vez una radicalización del discurso de la formación de Alberto Núñez Feijóo. Pero a esto también se le añade un elemento que no es nuevo pero que la ultraderecha explota cada vez más: la saturación de los servicios públicos por culpa de “los de fuera”.