Memoria histórica

Diez comunidades cuentan con su propia ley de memoria histórica y destinan más de 15 millones en 2021

Exhumación de restos en una fosa común.
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El férreo rechazo de la oposición no consiguió finalmente frenar el impulso memorialista del Gobierno cántabro. Socialistas y regionalistas del PRC, que comparten Ejecutivo, han hecho caer con sus votos hace unas semanas las enmiendas a la totalidad registradas por PP, Ciudadanos y Vox contra el proyecto de Ley de Memoria Histórica autonómica, "garantía de derechos, de futuro y de concordia" en palabras del vicepresidente autonómico, el socialista Pablo Zuloaga. Con el camino despejado, el texto podrá ahora continuar con su habitual tramitación parlamentaria para, salvo imprevistos, recibir luz verde en los próximos meses en el Parlamento. Cuando eso suceda, Cantabria se convertirá en la undécima región que disponga de su propia normativa memorialista. Una materia a la que las comunidades autónomas destinarán a lo largo del presente año algo más de 15 millones de euros, según se desprende del análisis de todos sus presupuestos generales.

El impulso a nivel autonómico arrancó hace poco más de un lustro, coincidiendo justamente con la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de secar a través de la retirada de fondos la norma de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2013, el primer año en el que no se dedicó a nivel estatal ni un solo céntimo a las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, Navarra dio luz verde a su Ley de Memoria Histórica. Una senda a la que poco a poco se fueron sumando otros territorios. Sobre todo, a raíz del cambio de ciclo que trajo consigo las elecciones autonómicas de 2015. Primero fueron Andalucía y Cataluña. Luego, Comunitat Valenciana, Baleares, Canarias y Aragón. Y en 2019, justo antes de unos nuevos comicios regionales, Asturias y Extremadura

Las normas se aprobaron, en la mayoría de los casos, con formaciones progresistas al frente del Ejecutivo. Sin embargo, en alguna comunidad históricamente conservadora también se dio luz verde a algún texto en este sentido. A comienzos de 2018, el Consejo de Gobierno liderado por Juan Vicente Herrera aprobó el decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. Un texto que los colectivos calificaron como "muy insuficiente" por ceñirse exclusivamente a los desaparecidos y olvidarse del resto de víctimas de la represión: funcionarios depurados, mujeres, trabajadores esclavos, prisioneros en campos de concentración... Asociaciones que, a pesar de las críticas, se congratularon por el giro de timón del Ejecutivo regional: "Agradecemos que, por fin, cambie el rumbo respecto a la memoria histórica y tome partido y aplaudimos que decida apoyar a un colectivo que trabaja por las víctimas de crímenes que, por su naturaleza, afectan a toda la humanidad".

Algunas de las leyes aprobadas a lo largo de este lustro han introducido cuestiones que no se contemplaban en la estatal de 2008. Por ejemplo, un cuadro sancionador concreto para castigar los incumplimientos, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende implantar con la reforma que en estos momentos está encallada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). O, en materia de enseñanza, competencia de las comunidades autónomas, la introducción de la memoria democrática en el currículo educativo. Las iniciativas regionales también trajeron algunos avances relacionados con la búsqueda de desaparecidos. Por ejemplo, la creación de bancos de ADN territoriales para almacenar muestras de unos familiares cada vez más envejecidos y facilitar así las identificaciones. Una iniciativa similar a la que pretende implantar ahora con la reforma el Gobierno de coalición a nivel nacional.

Las normas sirven solo si hay voluntad política

Los colectivos memorialistas siempre han avisado de que una norma no cose, por sí sola, una herida que lleva abierta más de ocho décadas en nuestro país. Es necesario que las instituciones se pongan las pilas, se dejen de fotografías de cara a la galería y conviertan las promesas en realidad. “Ninguna ley va a garantizar el cumplimiento de los deberes del Estado si no existe voluntad política”, avisa Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que considera que estas leyes –tanto a nivel autonómico como la reforma que se prepara a nivel estatal– “dejan algunas lagunas tremendas”. “¿Qué sucede con los verdugos, con la responsabilidad de las empresas, con la de la jerarquía de la Iglesia Católica?”, se pregunta al otro lado del teléfono. En este sentido, recuerda que a los familiares “no les importa” si se aprueban o no textos. Ellos lo que quieren, dice, son más “hechos concretos” y menos palabrería.

Las asociaciones ponen a Euskadi como ejemplo. En la comunidad autónoma, la más avanzada a ojos de los colectivos, no cuentan con una Ley de Memoria Histórica. Su normativa en esta materia se reduce a una ley para la creación del Instituto de Memoria y un par de decretos de 2002 y 2006 centrados en la compensación de todas aquellas personas que fueron privadas de libertad. Algo que no ha impedido a la región mostrar su compromiso con esta materia. Se ha elaborado un censo de víctimas mortales de la Guerra Civil en la comunidad que contiene unos 21.000 nombres. Y se lleva trabajando durante casi dos décadas en las fosas. Desde el año 2003, se han llevado a cabo 46 exhumaciones –de 128 localizaciones que tenían en el punto de mira– que han permitido recuperar los restos de 110 personas, según los datos del Ejecutivo regional. Unas labores de búsqueda e identificación que se realizan a través de un convenio de colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Exhumación en Legutio (Araba) en julio de 2013. | Instituto de la Memoria del Gobierno vasco

Junto con Euskadi y Cantabria, hay otras cinco regiones que no cuentan en estos momentos con leyes de memoria: Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Madrid y La Rioja. En esta última comunidad, la normativa se reduce a un decreto para la creación de un Consejo Asesor de la Memoria Histórica. En suelo madrileño, los programas electorales para los comicios del 4M dejaron entrever un interés de las formaciones progresistas por dar un impulso a esta materia en la comunidad. Más Madrid y Unidas Podemos no dudaron en plantear la aprobación de una ley memorialista autonómica, además de la creación de un mapa de fosas comunes que sirva de base para un futuro plan integral de exhumaciones, la eliminación de la publicidad turística del Valle de los Caídos hasta que no se resignifique o la creación de una red de lugares y espacios de memoria por todo el territorio.

Cataluña y Comunitat Valenciana, las que más fondos dedican

De las 17 comunidades, 13 destinarán a lo largo del presente año alguna partida de sus presupuestos a la recuperación de la memoria histórica. Entre todos ellos pondrán sobre la mesa en 2021 unos 15,1 millones de euros, según los cálculos que se desprenden de las diferentes cuentas públicas. Cataluña es, de lejos, la que más dinero dedica: 4,5 millones de euros, según consta en la prórroga presupuestaria. Le sigue la Comunitat Valenciana, donde se destina para el programa denominado "Calidad democrática" 3,16 millones de euros. Y Euskadi, donde el presupuesto del Instituto de Memoria será en 2021 de 2,06 millones de euros.

Por encima del millón se sitúan, por su parte, Navarra, Andalucía y Baleares. En la primera se ponen sobre la mesa 1,53 millones de euros a políticas públicas de memoria, fondos que se utilizarán para la retirada de simbología franquista, actividades relacionadas con el exilio navarro, convenios con sociedades de investigación e instituciones académicas o encargos relacionados con el Banco de ADN, entre otros. Mientras, en territorio andaluz y balear, la partida presupuestada se queda en 1,38 y 1,36 millones.

Por debajo del millón están siete comunidades. En Extremadura, el Ejecutivo regional dedica en 2021 a la materia 409.000 euros, mientras que en Aragón el montante se sitúa en los 200.000 euros y en Asturias y Canarias es de 194.000 y 149.500 euros, respectivamente. Las partidas más reducidas están en Castilla y León, Cantabria y La Rioja. En suelo castellanoleonés, asciende a 77.500 euros. Y en las otras dos comunidades se sitúa en los 30.000 y 25.000 euros, respectivamente. 

A estas cifras hay que añadir, además, los 3 millones de euros que el Ejecutivo central acordó el pasado mes de marzo repartir entre las comunidades autónomas para que estas puedan conceder subvenciones para la búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas, además de para actividades de divulgación o dignificación de los enterramientos. Los colectivos memorialistas siempre han rechazado categóricamente que el Estado recurra a la vía de las ayudas. Principalmente, porque deja todo el peso sobre los hombros de unos colectivos que siempre han recordado que es el Estado el que tiene la responsabilidad de cerrar la herida.

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