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Ibon Uría

El alcalde de Sestao, Josu Bergara (PNV), quedó marcado este jueves. Primero, por dos grabaciones realizadas en reuniones con representantes de inmobiliarias, en la que se le escucha llamar "mierda" a inmigrantes, afirmar que incumple la ley "todos los días, a todas horas" y asegurar que "gitanos buenos hay muy pocos". Segundo, por la denuncia en el juzgado de SOS Racismo, que lo acusa de denegar empadronamientos basándose en criterios étnicos.

Horas más tarde, Bergara se disculpó mediante la lectura de un comunicado, pero se negó a dimitir y aseguró que en ningún caso había insultado a los inmigrantes que residen en la localidad vizcaína. "Me refería –dijo el alcalde– a quienes buscan alterar la convivencia y generan un clima de inseguridad". "La cinta –agregó el edil, que exigió no ser sometido a un "juicio sumarísimo"– ha sido editada y manipulada".

Este viernes, el contenido de las cintas –"La mierda ya no viene a Sestao; si no, la echo yo. Ya me encargo yo de que se vayan; a base de hostias, claro". "Desde el Ayuntamiento se puede hacer mucho daño". "No voy a prohibir que venga gente extranjera porque es imposible, pero la gente que no quiere nadie que no venga"– amenaza con tapar el fondo de la cuestión: ¿Son las palabras de Bergara un desliz o la manifestación de políticas contra los inmigrantes ya en marcha en ese municipio?

Objetivo: frenar la polémica

Conocida la denuncia en los medios de comunicación, el propósito del Ayuntamiento fue detener la polémica, que crecía ya en medios y redes sociales. Según explica a infoLibre la representante de SOS Racismo, Nekane García, el secretario del Ayuntamiento la telefoneó este jueves a las 11.00 de la mañana. ¿La petición? Que lo "parara todo". ¿La oferta? Una reunión con el consistorio que la organización llevaba tres meses solicitando, siempre con una negativa por respuesta. García dijo no.

La integrante de SOS Racismo rechaza las acusaciones de las que el colectivo ha sido objeto en las últimas horas. La más frecuente, calificar la denuncia de electoralista, pues apenas ha llegado con 72 horas de antelación con respecto a la votación de las elecciones europeas. García lo niega y explica que, aunque las grabaciones son de hace meses, no estuvieron en poder de SOS Racismo hasta esta misma semana.

"La persona que grabó esas reuniones no sabía qué hacer con los audios", agrega. García señala además que la organización de la que forma parte había agotado ya la vía adminsitrativa, con quejas al Ararteko (el Defensor del Pueblo vasco), escritos dirigidos al INE y peticiones para reunirse con el alcalde. Todo en vano. "Fue cuando redactábamos la denuncia cuando recibimos las grabaciones", subraya.

Abuso de poder

Este viernes, el PNV ha tratado de apagar el asunto. La ejecutiva nacionalista en Bizkaia ha desautorizado a Bergara por sus palabras "inadecuadas, inapropiadas y contrarias a los valores del PNV". Pero, a la vez, la dirección nacionalista ha aceptado la versión del alcalde –"las únicas destinatarias de sus declaraciones son las personas incívicas", ha dicho el PNV– y ha subrayado que su "trayectoria vital y política" no puede verse sometida a una "condena sumarísima".

Sobre el contenido de la denuncia de SOS Racismo no hay comentarios. Nekane García explica, en primer lugar, el contenido de las reuniones en las que se captaron las grabaciones. "El alcalde convocó a las inmobiliarias para acordar un protocolo entre consistorio y empresas o crear un registro", indica. El objetivo de la medida facilitar a los arrendadores información sobre inmigrantes interesados en alquilar sus pisos, con el fin de conocer si eran buenos inquilinos.

Tampoco hay aclaraciones –ni Bergara ni el PNV se han pronunciado– sobre el núcleo de la denuncia: que el alcalde, basándose exclusivamente en criterios étnicos, ha denegado el empadronamiento a las cinco familias y dos jóvenes que cita la denuncia de SOS Racismo. Y el número de afectados podría ser mayor: "Hay otras dos familias que han acudido a nosotros y una más a quien también se le denegó a ha regresado a Rumanía", indica García.

El Defensor del Pueblo ya lo denunció

García añade que denegar el empadronamiento supone la imposibilidad para los afectados de acceder a servicios públicos esenciales como la Sanidad o la Educación. La activista tacha de "hipócrita" al alcalde al recordar los apercibimientos por absentismo escolar que han recibido algunas de las familias afectadas: "¡Pero si no pueden ir al colegio si no están empadronados!", exclama.

En esa linea, recuerda que el Ararteko llamó la atención al Ayuntamiento en su último informe anual, en el que subrayó que el alcalde de Sestao continuaba "sin atender los requerimientos planteados", es decir, que no facilitaba información a la institución, y alertaba sobre el alto número de quejas sobre la gestión del padrón municipal. "Se recomienda [al Ayuntamiento de Sestao] que adecue a la legalidad algunas prácticas en materia de empadronamiento", señaló la institución.

Por su parte, tras reunirse con el primer edil este viernes, David Esso, de la asociación de marfileños de Bizkaia, ha exigido al alcalde que "respete la norma" y le ha recordado las dificultades sufridas por algunos ciudadanos para empadronarse, y las asociaciones de rumanos y gitanos han calificado de "insuficientes" las disculpas de Bergara, de quien han reclamado una dimisión inmediata.

La oposición señala al alcalde

El alcalde de Sestao se niega a dimitir y vincula inmigración y delincuencia

Finalmente, desde la oposición se critica al alcalde por sus declaraciones. El PSE local asegura que Bergara ha aplicado recortes en materia de servicios sociales y seguridad, como el cese de los programas de vigilantes de barrio y de agentes de convivencia y que eso ha empeorado la situación. "El PNV debe tomar medidas", ha agregado el candidato del PSOE a las elecciones europeas Ramón Jáuregui.

En relación a las palabras del edil, EH Bildu ha tachado de "muy preocupante" que miembros del PNV "se echen en brazos del populismo" en lugar de abordar "verdaderas soluciones sociales" y la diputada de UPyD, Irene Lozano, ha afirmado que es "una brutalidad" que alguien se manifieste en esos términos y que "por mucho que se retracte como ha hecho, de aquella manera", queda invalidado para ejercer como servidor público.

SOS Racismo exige, por su parte, que el alcalde deje de vincular inmigración y delincuencia, que ponga fin a la práctica de denegar el empadronamiento a inmigrantes y que cese la "vulneración de derechos" hacia estas personas. "Hay crimen y delincuencia –dice García–, pero eso es de hace 20 años, y la forma de erradicarla no es incumplir la ley".

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