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Cementerios nucleares

Ecologistas temen que el Gobierno recurra al interés general para aprobar el almacén nuclear de Villar de Cañas

Imagen de archivo de los trabajos en la ubicación elegida para albergar el ATC de Villar de Cañas (Cuenca).

El pasado martes, el proyecto de almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), propuesto por el Gobierno de Zapatero y con el visto bueno del Ejecutivo de Rajoy, sufría un varapalo judicial que podría ser definitivo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso del Ayuntamiento contra la decisión de la Junta de la Comunidad de anular el Plan de Ordenación Municipal (POM) que posibilitaba construir el cementerio nuclear. Sin embargo, el ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, reiteró "el compromiso del Gobierno con el proyecto de Villar de Cañas".

Con tan contundente sentencia judicial en contra, Ecologistas en Acción teme que el Ejecutivo se aferre al concepto de interés general para sacar adelante una infraestructura que considera necesaria para mantener el peso de la energía nuclear en el mix.interés generalmix Ya hay antecedentes de esa maniobra por parte del Gobierno: en concreto, con otro almacén nuclear, el situado en la central de Trillo (Guadalajara). Y, en cuanto a infraestructuras en general se refiere, hace unas semanas el Defensor del Pueblo denunciaba el supuesto abuso de esta figura legislativa para saltarse trámites de protección medioambiental.

Lo que el Gobierno de Rajoy quiere inaugurar en Villar de Cañas es un Almacén Temporal Centralizado (ATC), una de las clases disponibles de cementerios nucleares que se pueden construir para albergar los residuos de alta radioactividad que deja el proceso de fisión en las centrales. El otro tipo de cementerio nuclear más común es el Almacén Temporal Individualizado (ATI). Se diferencian en que el ATI solo puede servir a una central, por lo que se encuentran en las inmediaciones de la infraestructura para la que trabajan, y un ATC puede albergar la basura de varias centrales, por lo que concentra el riesgo y disminuye los costes. Los ATC tienen una vida útil de unos 100 años y, una vez expirado el plazo, se deben trasladar los residuos a un Almacén Geológico Profundo (AGP), que permite aislar la radioactividad durante miles de años y sí supone una solución definitiva.

El Ejecutivo socialista de Zapatero detectó en 2009 la necesidad de construir un ATC en España. Los residuos de alta actividad, en la actualidad, se reparten entre los ATI de Trillo, Zorita y Ascó. Otros se envían a instalaciones de Reino Unido y Francia, lo que dada la expiración del contrato ocasiona a España una multa de más de 67.000 euros diarios. En 2011, y tras presentarse varios municipios, se eligió a Villar de Cañas como la afortunada.

Los impedimentos comenzaron cuando el Gobierno socialista de Emiliano García-Page se alzó con el poder en Castilla-la Mancha. Page está en contra del ATC en el municipio conquense y en 2015 decidió ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna del Hito para incluir el emplazamiento aprobado para la construcción del cementerio. También decidió suspender el POM. Ambas acciones fueron llevadas al TSJ. La primera fue aprobada por el TSJ y rechazada por el Supremo, que consideró en enero de 2017 que el "interés general" del ATC estaba por encima del "interés general" de la protección de las aves. La segunda acción de la Junta ha sido ahora refrendada por el TSJ y no llegará al Supremo, puesto que el Ayuntamiento asume que no tiene nada que hacer: el POM preveía un aporte de agua de la Cuenca del Guadiana que la Confederación Hidrográfica aún no ha aprobado.

El antecedente

Así las cosas, el recorrido judicial del proyecto de ATC en Cuenca parece que ha acabado, pero el recorrido político está lejos de llegar a su fin, al menos según las palabras de Catalá. Francisco Castejón, coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, cree que el Ejecutivo puede aludir al interés general para sacar adelante el almacén de residuos contra viento y marea. "No nos han dicho nada, pero hay un precedente, el cementerio nuclear de Trillo. Las normas lo prohibían específicamente, pero no importó", asegura.

El 31 de julio de 1999, el Consejo de Ministros publicaba un acuerdo, a petición del Ministerio de Fomento de la época, para autorizar un ATI en la central nuclear de Trillo, en Guadalajara. El texto del acuerdo, según lo recoge el Tribunal Supremo, aludía al interés general de que la central pudiera albergar en sus instalaciones la basura que generaba. El Gobierno se apoyó en el artículo 244.2 de la Ley del Suelo por entonces en vigor, que daba potestad al Consejo de Ministros "cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan" para saltarse la disconformidad de un Ayuntamiento en materia urbanística. El Supremo, en 2001, dio la razón al Ejecutivo, al asegurar en su sentencia que el proyecto era urgente para mantener la actividad de la central y respondía a un interés público claro.

Así, el Supremo hasta en dos ocasiones ha acreditado el interés público de un cementerio nuclear. Los argumentos a favor del almacén de Cuenca como una instalación necesaria son numerosos: es más barato, nos evitamos pagar la multa por dejar nuestra basura en Francia y, según asegura un artículo firmado por la empresa de componentes nucleares Ensa, desmantelar una central es más barato y fácil cuando sus instalaciones no albergan basura. Castejón argumenta, en cambio, que lo que es de interés general es elaborar un plan de desmantelamiento de las nucleares y construir más ATIs si es necesario. "Garoña se paralizó y ya están construyendo un almacén para sus residuos. Si tuvieran que esperar al ATC, solo podríamos empezar a cerrarla a partir de 2030", argumenta. Con un ATI propio, en dos años se echa el cierre, defiende.

El Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) no ha contestado a la pregunta de infoLibre sobre si planea aludir al interés general para que el basurero nuclear de Villar de Cañas siga adelante. Su gabinete de prensa asegura que "el Gobierno va a utilizar todos los medios necesarios para tramitar el ATC, respetando siempre la legalidad". Señala que hay un camino más lento pero también viable, ya que la sentencia del TSJCM retrasa, pero no anula, el proyecto: "Queda la opción de revisarlo y adaptarlo a las exigencias de los tribunales". Sin embargo, el Ejecutivo no se ha cortado en otras ocasiones a la hora de amenazar con su potestad de aludir al interés público para acortar los plazos: "Si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales", aseguró Catalá en julio de 2015.

El Minetad aprovecha la pregunta para constatar a este medio su apoyo al ATC: "Facilita una solución eficiente y racional en el almacenamiento de los residuos radiactivos. Además, permite más capacidades técnicas que muchos almacenes individualizados sin olvidar la oportunidad de creación de empleo y desarrollo económico de la zona", afirma el gabinete.

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Los peligros del cementerio nuclear

"Los terrenos son inadecuados. El acuífero es demasiado superficial, por lo que en caso de accidente las aguas se contaminarían. La geografía del terreno es de arcillas expansivas, que se hinchan si llueve. Y es de composición kárstica, lo que implica que bajo la superficie se abren agujeros sin avisar". Y, además, está cerca de Yebra, donde se produjo un terremoto en 2007. Es el resumen de Castejón cuando se le pregunta sobre los peligros que entraña para la población del municipio la construcción de esta infraestructura. Las dudas sobre el terreno son compartidas por los geólogos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) –aunque este organismo aún no se ha pronunciado de manera definitiva– y por el Colegio de Geólogos.

Las voces en contra no han parado al Gobierno de Rajoy a la hora de adjudicar contratos en relación al proyecto con valor de 100 millones de euros. Falta, además, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, que debe emitir el Ministerio de Medio Ambiente. "Si aluden al interés público, lo tenemos claro: recurriremos a Europa", defiende el activista. "Si el tema va a la Unión Europea, el Gobierno tiene que demostrar que no hay alternativa. Y sí hay alternativa".

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