Energía nuclear

El regulador nuclear español y sus demonios: opacidad, politización y quiebra entre la cúpula y los técnicos

Campaña de Greenpeace frente a la central nuclear de Almaraz.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), institución pública que vela por la seguridad radiológica y de las instalaciones que usan este tipo de energía, es bien claro en sus principios. Reza que es "el único organismo competente en España" en esta materia y que su misión es "proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes". No hace falta profundizar en la explicación para entender lo importante de su función. Y no solo porque el CSN nos proteja de un fatal accidente en una central nuclear, sino porque la radiación está presente, de manera no tan visible, en una explotación de uranio, en un cementerio de residuos o incluso en su casa, en forma del peligroso gas radón.

En estos últimos años se ha hecho más evidente la necesidad de una transición energética ambiciosa, justa y planificada, que descarbonice el sector y apuntale el crecimiento sostenible. En ese escenario, las nucleares tienen mucho que decir: sucias, por los residuos que generan, más caras de lo que parecen, pero prácticamente nulas en emisiones de gases de efecto invernadero y garantes de la seguridad del suministro. Los ecologistas, como es bien sabido, son firmes detractores, al contrario del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Energía. Y en este debate, el CSN tiene mucho que decir, al ser el encargado de dar su visto bueno a las nuevas instalaciones y de dilucidar el impacto ambiental y sanitario de las infraestructuras nucleares. Pero las sospechas sobre su papel y las quejas de politización y opacidad son cada vez más frecuentes.

La  Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (Astecsn) está formada por funcionarios del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que nace en 2015 para cubrir un hueco en la reivindicación de los trabajadores del organismo. Hasta entonces, la representación sindical estaba copada por los sindicatos tradicionales, CCOO, UGT y CSI-F, que se centraban sobre todo en cuestiones laborales (horarios, condiciones), alejadas de los temas de fondo del regulador nuclear. Lo explica su presidenta, Nieves Sánchez, técnica del CSN. Y desde que se fundaron, no han dejado de dar guerra, a pesar de que no son mayoritarios.

La última batalla es la concerniente a un proyecto de Real Decreto que aprueba un reglamento con un nombre muy largo: sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Como la mayoría de los que se aprueban de este tema, se trata de la transposición de una directiva europea al respecto. Y, una vez esté en vigor, regulará todas las situaciones y todas las categorías de exposición a elementos radioactivos peligrosos de trabajadores o de ciudadanos. El periodo de consulta pública se cerró a finales de abril y el Astecsn dirigió sus propuestas al Ministerio de Energía directamente. Para ellos, explica Sánchez, lo ideal hubiera sido mantener un debate abierto y participativo en el seno del CSN y que la propuesta del regulador representara a los técnicos. "Pero el consejo no nos da opción a eso. Ese es el problema", afirma Sánchez.

El conflicto, que parece puntual, es sistemático. Hay una división entre los miembros del pleno del CSN y al menos una parte de los técnicos, que son los que dominan el lenguaje, las fórmulas, los procedimientos y, en definitiva, la materia. No se les tiene en cuenta en las decisiones y lo que formula la institución no tiene respaldo entre muchos de los de abajo, según el testimonio del Astecsn. Según la normativa, el Gobierno propone a los consejeros y el Congreso, a través de la comisión del ramo correspondiente, se puede negar a un nombramiento con una mayoría de tres quintos, pero los opositores tienen que proponer un candidato alternativo que suscite esos mismos tres quintos de apoyos. Actualmente, tres de los cinco miembros del pleno han sido propuestos y tienen el apoyo del PP. "El regulador español no tiene gente adecuada, sino incompetente. Y la estructura no les deja hacer todo lo que ellos querrían. No les llega toda la información o no les da tiempo. No conocen el lenguaje técnico…", asegura Sánchez, cuyo juicio a los consejeros del órgano es muy duro.

Plenos públicos

A juicio del Astecsn, y de otras muchas voces, hay dos problemas: la transparencia y la independencia. Y son dos cuestiones ligadas. "Los plenos del CSN no son públicos y deberían serlo", asegura Sánchez. Así se eliminan, a su juicio, las posibles sospechas sobre los intereses de los consejeros, que deberían ser siempre a favor de la protección máxima del ciudadano y no a favor de las compañías, con el negocio nuclear en sus manos, ni a favor necesariamente del Gobierno. Haciendo esos plenos públicos, a juicio de la técnica, se genera un debate público muy favorecedor para el regulador y mucho más democrático. Y, con una estructura más horizontal, las voces de los trabajadores del CSN que elaboran los informes serían escuchadas desde el principio, en vez de tener que acudir al Ministerio de turno para que sus posturas se vean reflejadas en la ley.

Es una vieja reivindicación. En julio, la Comisión de Energía del Congreso sacó adelante una proposición no de ley que instaba a reforzar "la transparencia en su toma de decisiones y la independencia en la elección de sus cinco consejeros", con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE y la abstención del resto de grupos. La propuesta incluía que los plenos se retransmitan en abierto y en directo, y que posteriormente se publiquen los diarios de sesiones y no solo el orden del día, como hasta ahora. Además, el texto insta a reformar la elección de los miembros del pleno, con la participación de una comisión técnica "independiente", y defiende que el CSN publique un informe al final de cada mandato que recoja las incidencias y las quejas sobre su labor. No parece que la proposición no de ley haya calado demasiado, a juzgar por las propias actuaciones del regulador, que a finales de abril publicó su plan de comunicación con cuatro años de retraso desde la primera petición del Congreso, apoyada en las recomendaciones de la Comisión Europea.

 

Jura del cargo de consejeros del CSN.

Entre las múltiples propuestas del Astecsn al reglamento, se reivindicaba un mayor protagonismo del CSN en algunos aspectos. Por ejemplo, la ofensiva contra el gas radón –un elemento radioactivo que se cuela desde el subsuelo y puede aparecer tanto en estaciones de metro como en hogares, y que es la segunda causa de muerte de cáncer de pulmón– va a estar comandada, según propone el Ejecutivo, por el Ministerio de Sanidad, algo que no convence a los funcionarios de la organización: "Lo lógico es que el CSN ejerza esta potestad en exclusiva como único organismo competente en materia de protección radiológica", tal y como viene en sus principios, argumentan.

El departamento de prensa del CSN no ha querido contestar a infoLibre ni acerca de estas alegaciones de la asociación, ni acerca de las acusaciones de falta de transparencia.

No es el único proyecto de Real Decreto sobre el que ha alzado la voz Astecsn. También mandó sus alegaciones el pasado año sobre el reglamento de seguridad en instalaciones nucleares. Sánchez carga las tintas contra un punto clave, a su parecer: el proceso de selección de esas instalaciones. Es decir, decidir dónde va a ir una central nuclear, una mina de uranio o un cementerio de residuos nucleares. "Entendemos que el proceso de selección debería estar tratado en la normativa", explica. Que se analice concienzudamente cuál es el lugar ideal para una infraestructura de este tipo y que se sigan criterios especificados, y no al revés: decidir un lugar y posteriormente, a través de una evaluación de impacto ambiental, comprobar si es el sitio idóneo, lo que se hace ahora y lo que causa muchas más tensiones y costes, explica la presidenta de Astecsn. Es lo que ha pasado con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas, emplazamiento escogido por el Consejo de Ministros, envuelto en polémica desde el principio y ejemplo, a juicio de estos técnicos, de las insuficiencias del CSN.

El ejemplo de Villar de Cañas y el tesón del Gobierno

Este cementerio nuclear, diseñado, como todos los ATC, para recoger los residuos de todas las centrales de España, sufrió un varapalo en enero de este año por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el Gobierno podría declararlo de "interés general" para saltarse el veto de la justicia y, de hecho, le ha dedicado una buena suma en los Presupuestos Generales del Estado. El ATC ha estado puesto en duda por, precisamente, encontrarse donde se encuentra. "Los terrenos son inadecuados. El acuífero es demasiado superficial, por lo que en caso de accidente las aguas se contaminarían. La geografía del terreno es de arcillas expansivas, que se hinchan si llueve. Y es de composición kárstica, lo que implica que bajo la superficie se abren agujeros sin avisar", explica el coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear y miembro del Comité Asesor del CSN, Francisco Castejón.

El razonamiento parece lógico: estudiar el terreno antes de proyectar nada. Poner ahí el cementerio fue "una decisión política, en vez de una técnica", resume Sánchez. El ATC de Villar de Cañas necesita el tercer de los aprobados del CSN, el relativo ya a la construcción de la infraestructura, un visto bueno necesario para que el Ministerio de Energía otorgue también su beneplácito. Sus trabajadores ya han denunciado que se les está presionando para dar el ok cuanto antes. El caso, por las incertidumbres que genera, ilustra todas las dudas que se ciernen sobre el CSN, el organismo que representa la línea entre la seguridad y la inseguridad radiológica. Y más cuando el Gobierno apuesta contra viento, marea y fotovoltaica por las nucleares. No solo contra el criterio del movimiento ecologista o de los tribunales regionales: también contra el criterio de las propias eléctricas propietarias de las centrales.

Dos iniciativas legislativas del Ejecutivo apuntan en ese sentido. Una, el decreto con el que el Gobierno pretende poner trabas al hipotético cierre de centrales de generación de energía eléctrica, poniendo impedimentos a la determinación de empresas como Endesa. Finalmente, será tramitado como ley. Y otra, aún sin concretar: la intención anunciada de la cartera de Álvaro Nadal de hacer que las propias compañías paguen la gestión de los residuos nucleares que acompaña a un eventual desmantelamiento, lo que encarecería la factura para ellas.

El papel que está jugando el Gobierno está claro. Falta una absoluta certeza sobre la independencia del CSN con respecto a ese tesón gubernamental, puesta en duda por técnicos, por ecologistas y por partidos. En un momento tan crítico para la transición energética, en el que, en el fondo, se decide en qué clase de país y de planeta queremos vivir, las dudas sobre el papel del regulador no ayudan a la confianza que, se supone, hay que depositar en las instituciones.

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