“Resulta evidente que algunos requisitos, en su conjunto, son atribuibles de manera unívoca a un fabricante específico y a una determinada configuración industrial, con el riesgo concreto de excluir a operadores económicos capaces de ofrecer aeronaves plenamente idóneas para satisfacer las necesidades del servicio sanitario de Galicia”. Quien así se pronuncia es una posible candidata al concurso público convocado por el 061 para renovar el servicio de sus dos helicópteros de emergencias sanitarias, con base en Santiago y Ourense. Un servicio que viene registrando decenas de deficiencias en los últimos años, pese a lo cual la Xunta viene demorando la renovación de su contrato, que puede ascender a unos 7 millones al año durante 8 años.
Ahora, ante las sospechas de varias empresas de que los pliegos de condiciones del concurso pudieran estar orientados a favorecer a un concreto fabricante o prestador del servicio, el 061 afirma que diferentes fabricantes pueden “satisfacer la prestación del servicio de transporte urgente aéreo en condiciones de idoneidad pero no todos permiten una correcta prestación”, por lo que argumenta que no está limitando la competencia sino que define “las condiciones que requiere la infraestructura logística actual”.
El servicio de emergencias sanitarias aéreas del Sergas, con helicópteros en Santiago y Ourense, fue adjudicado hace dos años por 4,3 millones al año a la empresa Eliance, la misma que ya lo venía prestando. Apenas un año después ya acumulaba 77 expedientes por incumplimientos, con helicópteros inoperativos durante días e incluso semanas pese a su obligación de sustituirlos en caso de avería. Ante los incumplimientos, la Xunta decidió rescindirle el contrato, pero tardó un año en convocar un nuevo concurso y, mientras este no se adjudique, va a seguir prestando el servicio la misma empresa.
El nuevo contrato mejorará las condiciones del anterior con más dinero, pasando de 4,3 a 7 millones al año, y prevé que “tras un período de transición de 20 meses” la nueva adjudicataria incorpore un helicóptero con capacidad para volar de noche y en condiciones adversas. Pero las condiciones establecidas en sus pliegos restringen tanto las posibles ofertas que ya hay quien ve una posible vulneración de la libre competencia.
Una posible ofertante en el nuevo concurso hizo llegar a la Xunta el pasado diciembre sus dudas sobre la altura máxima de hasta 18.000 pies, unos 5.500 metros, a la que se exige que puedan volar los nuevos helicópteros. Una condición que considera “excluyente para determinadas aeronaves” y que contrapuso con que en Galicia la altura máxima son los 2.127 metros de Pena Trevinca y en toda la Península los 3.482 metros del Mulhacén. La respuesta que le dio la Xunta fue que puede recibir peticiones de asistencia desde otros lugares de la Unión Europea o incluso tener que desplazarse a Canarias viajando hasta allí a alturas de vuelo elevadas por exigencia del control del tráfico aéreo.
Las dudas que formuló en enero otra posible empresa ofertante sobre las restricciones de los pliegos son mucho más amplias. Además de la altitud de vuelo, analiza otros varios requisitos exigidos en relación con el peso máximo al despegue, el tamaño de la cabina o el tipo de tren de aterrizaje y concluye que la combinación de los mismos “conduce inevitablemente a una única solución posible, coincidente con los modelos Airbus, también debido a la referencia explícita a patentes de titularidad exclusiva de dicho fabricante”.
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La Xunta respondió oficialmente a esas consideraciones con argumentos sobre cada uno de los criterios por separado, asegurando que en cada caso dan cabida “a diferentes fabricantes y operadores”, pero sin analizar si el efecto conjunto de todas las restricciones apunta a una única oferta posible. Según afirma, “son diferentes los fabricantes y gamas/modelos los que permiten satisfacer la prestación del servicio de transporte urgente aéreo en condiciones de idoneidad pero no todos los fabricantes, gamas y modelos permiten una correcta prestación, lo que no implica limitar la concurrencia sino definir las necesidades administrativas a satisfacer y el objeto del contrato en las condiciones que requiere la infraestructura logística actual”.
Una fuente conocedora del funcionamiento interno del servicio admite las ventajas en Galicia de algunas de las exigencias del contrato. Que se pida tren de aterrizaje de patines y no de ruedas facilita la operación en terrenos blandos, o que se exija un rotor de cola protegido tipo Fenestron, patente de Airbus, ofrecerá más seguridad ante el arbolado y la dispersión poblacional gallega. Pero admite que la combinación de todos los condicionantes parece encaminada a que se preste con un modelo concreto de Airbus, que incluso considera “acertado” pero de dudoso encaje en cuanto a la defensa de la libre competencia en un concurso público.
Para conocer el impacto de estas restricciones en el concurso habrá que esperar al 28 de febrero, cuando finaliza el plazo de presentación de ofertas. Después aún habrá que valorar las candidaturas presentadas y determinar si cumplen con los requisitos de la Xunta, proceso en el que pueden presentarse recursos por parte de las empresas que se consideren perjudicadas, lo que demoraría la adjudicación. Mientras tanto, el servicio seguirá en manos de la empresa que lo viene prestando hasta ahora con todo tipo de incumplimientos y que también puede concurrir e incluso ganar el nuevo concurso.
“Resulta evidente que algunos requisitos, en su conjunto, son atribuibles de manera unívoca a un fabricante específico y a una determinada configuración industrial, con el riesgo concreto de excluir a operadores económicos capaces de ofrecer aeronaves plenamente idóneas para satisfacer las necesidades del servicio sanitario de Galicia”. Quien así se pronuncia es una posible candidata al concurso público convocado por el 061 para renovar el servicio de sus dos helicópteros de emergencias sanitarias, con base en Santiago y Ourense. Un servicio que viene registrando decenas de deficiencias en los últimos años, pese a lo cual la Xunta viene demorando la renovación de su contrato, que puede ascender a unos 7 millones al año durante 8 años.