El futuro de Cataluña

Los equipos de Aragonès y Sánchez trabajan para reiniciar el diálogo sin límites de contenido ni plazos temporales

Los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès en la puerta de la Moncloa el pasado 29 de junio.

Los equipos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del president de la Generalitat, Pere Aragonès, trabajan ya en los detalles de lo que será la segunda reunión de la Mesa de Diálogo sobre Cataluña. Se celebrará durante la semana del 13 de septiembre, justo después de las celebraciones de la Diada del 11S, en la que las organizaciones sociales independentistas se proponen presionar a ERC para que deje de apostar por la negociación y vuelva a la estrategia de la ruptura.

Entre los asuntos pendientes de resolver está la composición de la mesa. Es decir, si como ocurrió en la primera reunión de febrero de 2019, con Quim Torra al timón, estarán presentes los jefes de ambos gobiernos o si, por el contrario, ambos ejecutivos darán paso a delegaciones de segundo nivel o con perfiles más técnicos. Aragonès quiere que la cita tenga el máximo relieve posible, sobre todo después de que la pandemia haya mantenido congelado el diálogo durante 19 meses. Por eso presiona para estar en la foto junto a Sánchez.

No hay que olvidar que la mesa es una idea de Esquerra y un compromiso que los republicanos arrancaron al PSOE a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Es la culminación institucional de la estrategia de diálogo marcada por su líder, Oriol Junqueras, inmediatamente después de que Mariano Rajoy pusiese fin, en apenas unas horas, a la declaración de independencia de Cataluña de octubre de 2017. Junqueras defiende desde entonces la necesidad de ampliar la base social a favor de un referéndum pactado. Sólo así, sostienen los republicanos, será posible crear las condiciones que hagan inevitable la convocatoria de una votación acordada y reconocida internacionalmente.

Para restar presión, sobre todo por parte del independentismo que reclama el fin del diálogo antes de que comience porque, aseguran, el Gobierno nunca aceptará amnistiar a los dirigentes políticos que huyeron de la justicia española, entre ellos Carles Puigdemont, el propio Aragonès dejó claro este pasado lunes que su horizonte para la celebración de un referéndum pactado se extiende hasta 2030. Lo que equivale a dar a la mesa casi una década para obtener resultados.

El Gobierno espera que el nuevo “pragmatismo” con el que Aragonès ha iniciado su mandato como president se extienda a la mesa de diálogo. El máximo representante de la Generalitat acaba de cumplir 100 días al frente del Govern sin que su gestión, sus proyectos de ley o sus declaraciones se hayan convertido en un quebradero de cabeza para la Moncloa, como ocurría antes con Quim Torra.

Las dos partes se sienten legitimadas para dar contiuidad a la mesa gracias, entre otras cosas, al resultado de las elecciones autonómicas de febrero. No hay que olvidar que los dos partidos más votados fueron precisamente los que apuestan por el diálogo: el PSC y Esquerra Republicana.

A la distensión entre las dos administraciones ha contribuido y mucho la decisión de Sánchez se indultar a los presos del procés a pesar de las voces en contra del Tribunal Supremo, de la derecha española y, a juzgar por las encuestas, de la mayoría de la opinión pública. También los avances en la normalización institucional: Aragonès no estuvo en la última Conferencia de Presidentes pero el Govern sí participó en la Comisión de Política Fiscal y Financiera —por primera vez en años— y en la comisión bilateral que creó el Estatuto para hablar de traspasos y asuntos pendientes.

Es verdad que quedan algunas aristas, como la demanda económica del Tribunal de Cuentas a los indultados y los avales que el Govern decidió otorgarles. Pero también han nacido nuevas complicidades en torno a grandes proyectos, como la multimillonaria inversión para ampliar el aeropuerto de El Prat o la candidatura de Pirineos-Barcelona para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030.

De hecho, la principal novedad del nuevo curso político en Cataluña es la desescalada del conflicto, siempre intenso en septiembre porque coincide con la celebración de la Diada y las grandes manifestaciones del independentismo. El nuevo ambiente es algo que no se vivía en Cataluña desde hace años y, a juicio de todas las fuentes consultadas por infoLibre, es fruto de los indultos y de las expectativas creadas por un diálogo que, mientras siga vivo, deja poco espacio para quienes siguen apostando por la ruptura.

Entre ellos están Junts, la CUP y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Y el objetivo común de los tres es presionar a Esquerra para que vuelva a la unilateralidad.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, la voz más relevante de los partidarios de Puigdemont, ya ha advertido de que el diálogo debe darse por “finiquitado” si en la reunión prevista no se habla de amnistía y autodeterminación. Y quiere resultados cuanto antes; no “estar dos años mareando la perdiz”, en alusión al límite temporal que el independentismo pactó para hacer posible la investidura de Aragonès.

Una Diada con mensaje para Esquerra

Elisenda Paluzie, responsable de la ANC, ya ha dejado claro que la manifestación de la Diada enviará este año un mensaje al Govern y a los electos independentistas para recordarles que quienes les apoyaron en las elecciones quieren que culminen el proceso independentista. Se refiere, sin mencionar ninguna sigla, a ERC. “No estamos dando un mensaje al Estado español, estamos dando un mensaje a nuestros electos, a los diputados independentistas, que tienen un reto muy complejo, y somos conscientes, que es culminar el proceso de independencia”, aseguró esta semana en una entrevista difundida por Europa Press.

El número dos de la ANC fue aún más directo. David Fernàndez defendió este martes que el objetivo es la independencia y “no un diálogo-monólogo que todos saben que es una tomadura de pelo”. “Hace muchos años que los independentistas estáis en el Govern”, añadió también en referencia a ERC. “Y no habéis hecho el trabajo, no vengáis a dar lecciones diciendo 'ahora no toca'. No tenéis excusa”.

También el expresident Quim Torra. No habrá nunca un referéndum pactado con el Estado y la mesa de diálogo no servirá para conseguirlo: “Ni en 2030 ni en 2080”, remachó en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Por la sencilla razón de que el Estado español está fundamentado en la indisoluble unidad de la patria y, además, garantizada por el ejército y el poder judicial”. Ese es el motivo por el que no entiende “los motivos de estos dos años de tregua de una mesa de diálogo que sabemos que es imposible que dé el resultado deun referéndum acordado imposible”.  El expresident no es otimista: el independentismo está desorientado y no tiene ningún plan, admitió. La única manera de avanzar hacia la independencia es a través de la movilización de la ciudadanía: “Yo reconozco que hemos descarrilado y, además, estamos desmovilizados”.

La manifestación por la Diada comenzará a las 17.14 horas del sábado 12 de septiembre en la plaza Urquinaona de Barcelona, seguirá por la Via Laietana y terminará en el Parlament con el lema 'Lluitem i guanyem la independència' ('Luchemos y ganemos la independencia'). El reto, este año, será precisamente lo que preocupa a Torra: mantener la movilización social después de los indultos y de la institucionalización del diálogo para resolver el conflicto.

ERC lleva como puede el escepticismo público de Junts. Su portavoz, Marta Vilalta, ha pedido a sus dirigentes que no menosprecien la mesa de diálogo y que afronten la negociación con el Gobierno central con la máxima cohesión. Es imprescindible, defendió esta semana, que el Gobierno de Pedro Sánchez no se desentienda de la mesa de diálogo, pero que también afronten la negociación con la máxima ambición “aquellos que la desacreditan y menosprecian continuamente”. “No se lo pongamos tan fácil al Gobierno español”.

Se trata de desafiar al adversario político, no de desacreditar el instrumento que nos tiene que servir para resolver el conflicto político”, remarcó. Las críticas de Junts debilitan y hacen un “flaco favor” a la posición del Govern en este asunto y al consenso que, según ella, hay alrededor de la autodeterminación y la amnistía en la sociedad catalana.

Aragonès ya ha confirmado que llevará a la cita la demanda de amnistía y el derecho de autodeterminación.Una reclamación que, previsiblemente, será rechazada por Sánchez. No es nada nuevo. Es exactamente lo que hizo Torra en febrero de 2019 lo que hizo Torray la negativa del Gobierno no le impidió dar continuidad al diálogo.

En La Moncloa trabajan en la preparación de la reunión el nuevo jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, y los ministros de Presidencia (Félix Bolaños) y Política Territorial (Isabel Rodríguez), los tres en permanente contacto con el propio Pedro Sánchez. El Gobierno insistirá en la “agenda para el reencuentro” que planteó en su día al Govern y volverá a pedir a Aragonès que abra un espacio de diálogo dentro de Cataluña entre partidos independentstas y no independentistas.

Este es un asunto en el que el president no ha dado pasos, pese a la insistencia del Gobierno y del PSC. En vez de eso promete un acuerdo nacional —de independentistas— por la amnistía y la autodeterminación.

En ese diálogo entre catalanes independentistas y no independentistas que Sánchez lleva reclamando desde hace tres años no estarán previsiblemente los partidos de la derecha española. Vox, Ciudadanos y el PP, son contrarios a cualquier conversación que implique modificar el actual estatus de Cataluña. Ni siquiera siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución y el Estatut. Si Junts, la CUP y a ANC presionan a Esquerra, los tres partidos de la derecha hacen lo mismo con el PSOE. 

El líder de esta última formación, Pablo Casado, se opone frontalmente: Es “aberrante”, dijo esta semana, “que el Gobierno de España se siente en una mesa en la que ya de entrada se pretende sortear la legalidad y pactar sobre cuestiones sobre las que no tiene autoridad”. Se refiere, explicó más tarde, a que según él el presidente va a ofrecer al independentismo una amnistía y un referéndum de autodeterminación (el Gobierno siempre ha rechazado ambas demandas, habituales por parte del independentismo desde las condenas del procés).

La solución, concluyó Casado, es “rebelarse” y “defenderse”. “Hay que impedir que Sánchez consolide” un “pacto de sumisión” con el independentismo. Hay que rechazar la interlocución privilegiada con los secesionistas que siguen sin reconocer la Constitución y la ley”.

El punto de partida

Lo cierto es que ni el Govern ni el Gobierno esperan en esta fase avances significativos más allá de reiniciar los contactos que la pandemia obligó a posponer. El punto de partida es el acuerdo alcanzado en febrero de 2020 sobre algunas ideas relevantes para iniciar el diálogo. En primer lugar, la constatación de “la naturaleza política del conflicto y que éste requiere de una solución política”. Que es tanto como decir que no puede quedar en manos de los tribunales.

En segundo lugar, que la mesa es “un instrumento para vehicular una solución” y “continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo”.

¿Con qué metodología? Un grupo de trabajo de segundo nivel integrado por representantes de ambas partes será el que plantee alternativas y ensaye fórmulas de aproximación que, si llegan, tendrán que ser ratificadas en presencia de Sánchez y Aragonès.

¿Y con qué límites? La primera y única mesa celebrada hasta ahora dejó claro que “cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”.

La segunda reunión, si se celebra al más alto nivel, reflejará los cambios de la política española en los últimos meses. Aragonès sustituirá a Torra; faltará Salvador Illa, que ya no forma parte del Gobierno. Habrá que ver si le releva Miquel Iceta, ministro de Cultura y todavía primer secretario del PSC (hasta diciembre, fecha en la que previsiblemente le sustituirá el propio Illa). Y el asiento de Pablo Iglesias —que hace un año y medio no acudió a la cita por razones de salud— será ocupado por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Después de la cita será el tiempo de los presupuestos para 2022, esenciales para aprovechar los fondos europeos. Sánchez necesita a Esquerra para sacar adelante los suyos y,º aunque es verdad que los republicanos esperan llegar a un acuerdo con la CUP, el PSC ya se ha encargado de recordar que ahí están sus diputados si Aragonès necesita negociar apoyo fuera del bloque independentista.

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