Dinero público en beneficio privado

El escándalo del capital riesgo: Madrid perdió cinco millones públicos por no tomar las mínimas "precauciones" contra una estafa

Esperanza Aguirre, con el consejero delegado del Grupo Nupcial Novissima, Moisés Amselem, y su hija, durante la inauguración de la tienda que la firma abrió en México DF en septiembre de 2009

La querella del sindicato CGT y la asociación Observatorio CODE por malversación a gran escala en las empresas de capital riesgo CRM SA e Inicap desvela un dato inédito sobre cómo manejaron el dinero público ambas sociedades: la Audiencia de Madrid ya tumbó la denuncia penal con que CRM SA, controlada por el Ejecutivo regional y gestionada por una filial de la extinta Caja Madrid, pretendía recuperar lo invertido en Grupo Nupcial Novissima durante 2009.  El 11 de octubre de 2012, el tribunal rechazó el recurso con que CRM pretendía revocar el archivo de su querella por estafa contra el principal accionista de Novissima. Pero lo rechazó no porque negase la existencia del engaño invocado por la empresa pública sino porque esta no había adoptado las mínimas "precauciones" exigibles antes de inyectarle a la firma de moda nada menos que cinco millones de euros de mayoritario origen público. [pincha aquí para leer la sentencia en la versión que, sin datos personales, difunde el Poder Judicial en su web]

En 2008, CRM SA, siglas de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA, entró con tres millones en el accionariado de Novissima pese a que jamás había depositado siquiera cuentas en el Registro Mercantil; y esos tres millones se fueron ya aquel año por el desagüe. Al siguiente, justo el día de Nochebuena y la víspera, CRM le aportó a Novissima esos otros cinco millones a que se refiere el auto de la Audiencia madrileña. Lo hizo por tres vías: mediante dos ampliaciones de capital (3.452.064 euros en total), a través de otros dos préstamos (de 1.306.062 y de 114.250 euros) y con un aval por 177.557 que la propia sociedad de capital riesgo canceló al año siguiente.

CRM perdió todo lo invertido en Novissima. Es más: cuando Novissima fue declarada culpable del concurso de acreedores en que acabó entrando, la sociedad de capital riesgo tuvo que pagar otros 850.000 euros en concepto de finiquito. La fallida inversión en moda nupcial, una de las que la querella inscribe dentro de una trama textil donde involucra a creadores como Javier Larrainzar, Miguel Palacio y empresas como Artesanos Camiseros, costó a Madrid nueve millones de euros.

Solo cuando Novissima se declaró en concurso de acreedores en noviembre de 2010, los gestores de CRM se percataron de que el consejero delegado de Novissima, Moises Anselem, había vaciado de activos la sociedad antes de que CRM le transfiriera en diciembre de 2009 aquellos cinco millones. Anselem le había traspasado a su esposa las filiales de Novissima y las marcas de moda que explotaban para su negocio nupcial, entre ellas Agatha Ruiz de la Prada, Elio Bernhayer, Javier Larrainzar, Devota & Lomba y Duyos. 

Este periódico no ha podido localizar a Anselem. Pero que su figura resultaba importante para la Administración madrileña del momento lo confirma un episodio datado el 25 de septiembre de 2009. Ese día, y así lo atestiguan las fotos de la Agencia Efe y una noticia de la revista empresaexterior.com, Esperanza Aguirre asistió en México DF a la inauguración de "la primera flagship store" –en español, la tienda principal– que abría Novissima en ese país.

Tres meses después, Anselem movía las fichas de sitio y ponía las filiales y las marcas a nombre de su mujer, que al igual que él aparece como querellada en la denuncia formulada este miércoles en la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación Observatorio contra los Delitos Económicos (CODE).  CRM, sentenció luego la Audiencia de Madrid en un auto que no admitía apelación, "infringió su deber de autotutela, por lo que el perjuicio patrimonial sufrido no es imputable objetivamente a los querellados desde un punto de vista estrictamente penal".

"No adoptó las precauciones propias"

La resolución de la Audiencia considera "evidente" que la sociedad de capital riesgo "no adoptó las precauciones propias de una operación de estas características, mediante, por ejemplo, una auditoría secundaria a la que le presentó GNN [Grupo Nupcial Novissima] para autoprotegerse".

Los autores de la querella van más allá y no creen que lo sucedido con CRM SA y el fondo Inicap obedezca a una mera negligencia: había, sostienen en su escrito, una "asociación ilícita". O, como los portavoces de CGT y CODE tradujeron ayer en rueda de prensa, una "trama criminal" destinada a trasvasar fondos públicos de Madrid a determinados empresarios. Las ruinosas operaciones de las dos empresas de capital riesgo les acarrearon pérdidas superiores a 60 millones entre 2006 y 2015.  

Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011. 

El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA.

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público.

En la querella destaca un nombre: el de Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid, imputado en las operaciones Lezo y Púnica y gestor del fondo de capital riesgo Inicap, del que cobró al menos 600.000 euros. López Madrid es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que se dirige la querella.

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