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A la espera del punto y aparte de Sánchez: las medidas de regeneración todavía pendientes

El presidente Pedro Sánchez, en un mitin de la campaña electoral europea.

“He decidido seguir al frente de la Presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades”.

Con esta rotundidad se expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes 29 de abril, hace ya seis semanas, después de dedicar cinco días a reflexionar en privado sobre la “degradación de la vida pública”. Pero no hubo propuestas. Planteó el debate —que incluye al menos la impunidad con la que circulan los bulos, la situación de la justicia y la crispación que polariza cada vez más la política española—, pero, para decepción de muchos, aplazó hasta después de las elecciones europeas poner encima de la mesa iniciativas concretas con las que atacar el problema.

Completada la cita electoral, y a las puertas del verano, seguimos sin noticias sobre regeneración democrática. Ni siquiera sabemos su alcance. Moncloa y el Ministerio de Presidencia no sueltan prenda, a pesar de que hay numerosas evidencias de que hace tiempo que están consultando con expertos.

Grupo de trabajo

Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, hace tiempo que pidió a los socialistas la creación de un grupo de trabajo para llenar de contenido de manera inmediata ese “punto y aparte” que anunció Sánchez, y ya incluyen entre ellas la derogación inmediata de la Ley Mordaza —la parte de la ley de Seguridad Ciudadana que afecta al derecho a la información y a las libertades públicas— y una reforma legal que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP mantiene secuestrado desde hace casi seis años.

Encima de la mesa se acumulan las propuestas para luchar contra la desinformación. En primer lugar, trasponer a nuestro país la Ley Europea de Libertad de Medios que obliga a declarar la propiedad de los medios en aras de la transparencia y el pluralismo mediático y a detallar el reparto de la publicidad institucional y cualquier otra clase de fondos públicos. Una de las estrategias que defienden los expertos para acabar con la desinformación es limitar precisamente el acceso de los llamados pseudomedios al dinero público. Esa es una de las conclusiones de un estudio publicado estos días por la revista Nature: la vía más efectiva para combatir la desinformación es tratar de que las webs que las difunden reciban menos ingresos por publicidad.

La ley europea ofrece además a España una gran oportunidad de regular también la responsabilidad de las plataformas de redes sociales a la hora de difundir una u otra información utilizando determinados algoritmos.

Autorregulación

El Gobierno tendrá también que decidir si atiende la demanda de los colegios profesionales de periodistas, que reclaman un Consejo General para autorregular la profesión y vigilar el cumplimiento del código deontológico. O si opta por impulsar un consejo más amplio, con participación de entidades sociales y una encomienda de supervisión de la desinformación.

Todos los expertos coinciden en la necesidad de implementar estrategias preventivas para combatir la desinformación, dotando a los niños y a los jóvenes de herramientas para distinguir los bulos. Pero para eso hacen falta campañas de alfabetización mediática e incluso programas permanentes en las escuelas, los institutos y las universidades, especialmente ahora que la inteligencia artificial hace todavía más difícil distinguir la verdad de las mentiras fabricadas.

Se sabe mucho menos sobre lo que el Gobierno puede hacer en materia de justicia, en particular en relación con la situación límite a la que ha llegado el CGPJ por culpa de la negativa del PP a renovar su composición de acuerdo con la Ley del Poder Judicial, que lleva en vigor desde hace casi 40 años.

Sánchez ha descartado en varias ocasiones rebajar la mayoría de votos necesaria para elegir a sus miembros en el Congreso y en el Senado. Fuentes del Ejecutivo hablan de “democratizar” este órgano, pero no concretan cómo hacerlo. El presidente del Consejo, Vicente Guilarte, ha propuesto “buscar una fórmula” para que la designación de la “élite judicial” responda a “criterios de mérito y capacidad” y eliminar así cualquier interés político por controlar el CGPJ. Otros plantean sistemas de sorteo.

Conciencia social

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No obstante, fuentes próximas al presidente recuerdan que la regeneración democrática no se conseguirá exclusivamente con la aprobación de nuevas normas. Para acabar con la “máquina del fango” que alimenta la crispación es imprescindible avanzar en una “conciencia social” de un problema en cuya génesis participan, a menudo de manera coordinada, los propagadores de bulos, medios de comunicación supuestamente homologados, miembros de la judicatura y partidos políticos de la entidad del PP. Sin su participación activa, reconocen, será muy difícil contener el problema.

De momento, medios de comunicación, colegios profesionales, periodistas, sindicatos, juristas y asociaciones judiciales, además de diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso, han comenzado a plantear propuestas, atendiendo así el llamamiento del presidente Sánchez. A partir de ellas, el Gobierno planteará sus propias iniciativas “en tiempo y forma”, aseguró hace semanas la portavoz y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría.

En el registro de la Cámara Baja ya hay textos de ERC en torno a la lucha contra “la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en el Estado español” que proponen modificar la ley reguladora del CNI, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley de Secretos Oficiales, así como derogar íntegramente la denominada Ley Mordaza. Podemos, por su parte, también ha registrado una proposición de ley de registro de intereses de las personas propietarias o directivas de medios de comunicación con el objetivo de “democratizar el poder mediático en España”.--

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