Operación Púnica

Un exconsejero ratifica que Aguirre fue a la reunión donde se les animó a contratar a la empresa que financió al PP

Juan José Güemes, Manuel Lamela y Esperanza Aguirre, en un acto oficial en febrero de 2008.

Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, ratificó este lunes ante el juez del caso Púnica que Esperanza Aguirre participó en una reunión de comienzos de 2004 en la que Daniel Horacio Mercado, dueño del grupo Over Marketing, les fue presentado a distintos consejeros, a los que se animó a contar con esa empresa para sucesivos contratos. Mercado es una figura clave en la investigación sobre la financiación ilegal del PP porque él mismo ha reconocido en sede judicial que cobró parte de los trabajos electorales de 2007 en negro o con facturas falsas endosadas a empresarios de la construcción.

Con esa declaración, Lamela confirma lo que le contó a la Guardia Civil hace dos años, entonces como testigo. Pero lo hace suavizando el tono al asegurar que no es que en aquella reunión, convocada por teléfono menos de una hora antes, celebrada en la Puerta del Sol –sede de la Presidencia del Ejecutivo– y a la que asistieron miembros del gabinente de Aguirre además de personajes como Ignacio González y Francisco Granados recibieran "instrucciones precisas" de adjudicar contratos a Over, que es lo que se desprendía de su testimonio ante la UCO. Lo que se les dijo en aquel encuentro, ha declarado Lamela ahora en calidad de imputado, fue que se tuviera en cuenta a Over dada la calidad del lema que había diseñado para la Comunidad de Madrid, "La Suma de Todos", por el que –sostiene el exconsejero– la firma no había cobrado.

Lamela aflojó así la presión sobre Aguirre, a quien la Fiscalía y el juez Manuel García Castellón consideran la cabeza que "supervisaba" un "plan preconcebido" para desviar fondos públicos en beneficio del PP. Y en contrapartida aumentó la presión sobre quien durante años fue directora de comunicación del Ejecutivo regional, Isabel Gallego, y sobre el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, ahora condenado por el caso Gürtel y de quien ya era conocida su cercanía a Aguirre y su papel como el del dirigente que decidía qué empresa prepararía cada acto de la presidenta. Según Lamela, era Isabel Gallego quien acumulaba las potestades en cuanto a autorización de gasto para campañas de publicidad. La antigua directora de comunicación de Madrid, también imputada en la causa, ya le envió al juez hace meses un documento donde niega haber ostentado una responsabilidad estelar en esa materia.

El préstamo de Madrid Network

Lamela saltó en 2008 de la vida pública a la privada. Y logró para un proyecto de turismo sanitario un préstamo de 500.000 euros públicos otorgado por Madrid Network, una asociación privada controlada por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Según las últimas informaciones disponibles, Lamela no devolvió ese crédito, por cuya existencia le preguntó la Fiscalía este lunes.

Respecto de uno de los puntos más conflictivos de la pieza donde en Púnica se investiga la financiación del PP, Lamela ha ofrecido una versión peculiar. Ese punto es la existencia de una cláusula que obligaba a las empresas constructoras de hospitales a destinar a publicidad un 1% del presupuesto global de la obra. Y ese 1% se lo encargaba el Gobierno de Madrid a las empresas que quería –generalmente, al grupo Over– sin concurso previo. 

Pues bien, según Lamela introducir la obligatoriedad del 1% para publicidad fue una propuesta suya a la comisión delegada de asuntos económicos, órgano que presidía Esperanza Aguirre aunque podía delegar sus facultades en su número 2, Ignacio González. Y ese 1% obligatorio, relató Lamela, se basa en una norma vigente desde comienzos de los años setenta que permite añadir al pliego de condiciones lo que definió como cláusulas "accesorias"  que fueron validadas por la junta consultiva de contratación en los años noventa.

Tanto Anticorrupción como el juez sostienen que ese impuesto del 1% solo sirvió para incrementar el coste de los contratos de construcción de los nuevos hospitales. Y que todos los que aplicaron dicha cláusula sabían de su carácter nulo. Lamela, por el contrario, adujo que la publicidad no se contrataba aparte con un expediente administrativo propio porque la maquinaria administrativa no habría permitido ajustar ese procedimiento a la evolución real de las obras de cada hospital o centro de salud.

La de Lamela, cuya declaración se produjo tras la de su sucesor en la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes –básicamente ha venido a decir que no sabe nada relevante–, es la primera de una semana clave para el futuro judicial de Esperanza Aguirre. El jueves desfilará ante el juez su antiguo delfín, Ignacio González, el primer presidente de la Comunidad de Madrid que cayó preso por corrupción en el denominado caso Lezo. Ese mismo día prestará también declaración Gádor Ongil, que en 2010 tomó el relevo de Esperanza Aguirre al frente de Fundescam, una fundación que financió las campañas del PP madrileño. Y el viernes será Esperanza Aguirre quien declare.

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