Los abusos de la banca
Los exdirectivos detenidos de la CAM gastaron más de 100 millones en proyectos opacos en el Caribe
Los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) detenidos por orden del juez de la Audiencia Javier Gómez Bermúdez destinaron a proyectos opacos en el Caribe 160 millones de euros, según los últimos datos de la Guardia Civil. Bautizada como Mar Nuestro, la operación se salda a esta hora con 20 imputados por delito fiscal, apropiación indebida y blanqueo. De los 20 imputados, todos ellos vinculados a Madrid, Valencia, Alicante y Mallorca, nueve permanecen detenidos. Según la Guardia Civil, defraudaron al fisco “millones de euros”. La caja donde se produjo un saqueo como el descrito, la CAM, es la misma en cuyo auxilio y rescate acudió el Estado en 2011 con 5.249 millones de euros.
Esos 160 millones de euros (216 millones de dólares) es el importe de los préstamos que, sin control previo ni seguimiento posterior, concedió la caja a Valfensal, una sociedad donde la CAM solo controlaba el 30%, mientras que el 70% restante estaba en manos de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. Parte del dinero asignado a los proyectos, todos localizados en el Caribe salvo uno planeado en Tenerife, acabó en cuentas de empresas radicadas en paraísos fiscales.
Los datos sobre los préstamos otorgados al entramado empresarial manejado por Ferri y Baldó constan en un informe pericial de la auditora Deloitte. Anoche, infoLibre computó el importe total de los créditos y restó el de tres en los que aparentemente no había intervenido ninguna sociedad con sede en paraísos fiscales. El cálculo de la Guardia Civil, por el contrario, tiene en cuenta todo el dinero.
El proyecto más escandaloso tanto por la ausencia de controles como por el desvío de fondos al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes fue el de la compra en la costa mexicana del Hotel Gala. En total, la CAM libró 101 millones de dólares, de los que 41,5 millones acabaron en las cuentas de Caribbean Reservation Inc. Esa es la sociedad radicada en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal ligado al Reino Unido.
Según la Guardia Civil, “ se ha puesto de manifiesto la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe”. La cantidad defraudada a la Hacienda española se estima en “millones de euros” aunque todavía no hay una cifra final.
La intervención de abogados explica por qué la Guardia Civil registró el miércoles varios bufetes, entre ellos el de Garrigues en Alicante y el valenciano de Martínez y Ojeda Asociados, uno de cuyos fundadores es inspector de Hacienda en excedencia.
Desde el miércoles, y por orden del juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, permanecen detenidos el exdirector general de la CAM, Roberto López Abad, y el exdirector de participadas de la caja, Daniel Gil Mallebrera.
En esa misma situación se encuentra el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja, César Veliz.
Anoche, no había trascendido la identidad de los otros dos arrestados pero sí que uno de los registros practicados por la Guardia Civil tuvo por objeto en Mallorca la empresa Sandos Marconfort. El grupo Marconfort tiene como mascarón de proa a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
A su vez, Ferri y Baldó controlaban el 70% del accionariado de la compañía Valfensal, la auténtica clave de bóveda en este caso porque fue a través de ella como se vehicularon los créditos bajo sospecha. En Valfensan, la CAM participaba en su accionariado al 30% a través de su filial Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). Sin tener en cuenta las ampliaciones de capital suscritas por TIP, Valfensan recibió de la CAM a partir de 2004 nada menos que 163 millones de euros en préstamos.
En esa lluvia de millones que cayó sobre Valfensan y gracias a la cual los socios privados de la CAM tenían asegurada inversión sin riesgo propio se encuadran los vinculados a la compra y gestión del mexicano Hotel Gala, en la llamada Riviera azteca, se cifra en 101 millones y es fruto de la refundición de varios créditos anteriores. Lleva fecha de noviembre de 2007 y se firmó en condiciones extraordinarias para sus receptores: hasta febrero de 2014, Valfensan no deberá devolver ni un solo euro del capital. Así consta en otro de los informes del sumario, este procedente del Banco de España.
Y siendo el préstamo más voluminoso es también el de desarrollo más oscuro, porque la compra del Hotel Gala se produjo después de que Valfensan adquiriese por 41,5 millones de dólares la opción de compra sobre el edificio. ¿Y a quien adquirió esa opción a la que la posterior escritura de compraventa ni siquiera hace mención? A Caribbean Reservation Inc., una compañía de no sabe bien y con domicilio oficial en la colonia británica de las Islas Vírgenes, uno de cuyos principales atractivos reside en el blindaje que como paraíso fiscal ofrece a inversores que quieren ocultar su identidad.
El informe de Deloitte revela que en torno al grupo Marconfort de Ferri y Baldó gira una treintena de empresas satélite domiciliadas en México pero, también, en las Antillas Holandesas, otro activo paraíso fiscal. Es en ese archipiélago caribeño donde tiene su sede la empresa Jacksonport, que intervino en algunas operaciones inmobiliarias sin que Deloitte encuentre explicación a su presencia.
López Abad y Gil Mallebrera fueron imputados por el juez Gómez Bermúdez tras la querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB), que incluía también a los empresarios de Benidorm Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada por los empresarios y la CAM, llevó a cabo operaciones de inversión que carecían de "racionalidad económica". "En cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido ocultándolas bajo la apariencia de inversiones", se denunciaba en la querella
"Hasta ir a la cárcel"
Deloitte basa su informe en la existencia de numerosos correos electrónicos intercambiados entre los imputados en la causa, que según el Banco de España ponen de manifiesto que las operaciones de financiación al Grupo Valfensal, respecto a las que no se ejerció control alguno, eran decididas y controladas por López Abad y Gil Mallebrera, dos de los arrestados por orden de Gómez Bermúdez.
infoLibre ha tenido acceso a estos correos electrónicos. Y en concreto un grupo de fecha 3 de octubre de 2007, intercambiados entre Daniel Gil y López Abad, en los que citan la sociedad JacksonPort, radicada en el paraíso fiscal de Antillas holandesas, y a través de la que se han pagado comisiones millonarias. JacksonPort está participada por el Grupo Valfensal: "KPMG no está dispuesto a cerrarnos las auditoría sin una salvedad. He hablado con Juan que está en México y dice que no puede poner en transparencia la sociedad porque si no podría hasta ir a la cárcelhasta ir a la cárcel (han sido sus palabras). Mañana voy a intentar que los auditores esperen hasta el lunes que llega Juan y junto con el bufete Garrigues encuentren una solución".
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El 3 de marzo de 2006, Agustín Llorca, uno de los empleados de la caja, envía un mail a Daniel Gil Mallebrera en el que se pone de manifiesto la manipulación de las inversiones en el Grupo Valfensal: "Ayer hablamos respecto de la operación de Valfensal para reducirla y que no superara los 9 millones de euros. No es necesario reducirla porque dado que la operación va en dólares su contravalor en euros es de 8,3 millones de euros, por lo tanto, salvo otras instrucciones de tu parte le digo a Miguel que la eleve".
Otro grupo de correos pone de manifiesto, según Deloitte, que la dirección de la CAM no hizo caso a las advertencias internas del departamento de empresas de la caja sobre el sentido económico de las operaciones desarrolladas con el Grupo Valfensal, que no contaban con las garantías exigibles. De hecho "se le concedieron préstamos y financiación sin que la CAM contase con soporte documental para justificar el destino de los fondos". Y, por otra parte, en la mayoría de los casos el único socio que aporta fondos es la CAM. Pero la dirección general que representaba López Abad justificó la inversión por "motivos estratégicos": "No entendemos por qué nos solicitan 27 millones de euros adicionales de préstamos para ampliar capital de Valfensal. ¿Qué ponen realmente nuestros socios en este proyecto?", explica uno de los mensajes del Departamento de Empresas.
En concreto, las operaciones del Grupo Valfensal en las que Deloitte detecta irregularidades son seis:
- Adquisición del Hotel Caracol en la Riviera Maya (México). El 17 de marzo de 2004 la sociedad de la CAM Tenedora de Inversiones y Participaciones aprobó la adquisición del Hotel Caracol sin el permiso del comité de dirección de la caja por 60 millones de dólares. Además, el proyecto se modificó, aunque la cantidad invertida se mantuvo.
- Compra de una parcela en la República Dominicana. Deloitte ha verificado en su informe que en la adquisición de un terreno denominado H-3 (República Dominicana) se realizó el pago de una comisión de intermediación por importe de 10,4 millones de dólares a pesar de que las propuestas no la contemplaban. El terreno costó 5,2 millones de euros. La operación se realizó a través de dos empresas en paraísos fiscales, Jacksonport Corporation N. V. y Caribbean Holiday, cuando las sociedades que compran y venden el terreno se encuentran domiciliadas en la República Dominicana.
- Operación del Hotel Gala (México). La cesión de los derechos de comercialización del hotel hasta febrero de 2013 costaron 41,5 millones de dólares. Pero este gasto no constaba en el contrato de compraventa, que mantenía que el importe de adquisición del hotel fue de 22 millones, prácticamente la mitad. En esta operación también participaron sociedades radicadas en las Antillas Holandesas, consideradas un paraíso fiscal.
- Compra de un terreno en México. El Grupo Valfensol pagó tres comisiones que ascendieron a 950.000 dólares por otro terreno en la Riviera Maya. La primera de ellas a la sociedad mexicana Ocean Blue Resorts del Caribe por un importe de 150.000 dólares. Otra empresa, de nombre Caribeña, incluye un pago de otros dos millones de dólares para Ocean Blue Resorts del Caribe por la compraventa de los terrenos, situado en la urbanización Playa Car en Playa del Carmen. Otros 450.000 dólares acabaron en la empresa Crystalclear Services (sociedad con dirección en Nueva York). Y finalmente una comisión por importe de 325.000 euros que el gestor de la sociedad Sandos Internacional, Francisco Climent, comunica a César Veliz, y de la que no hay factura. El importe pagado por Valfensal al comprar la segunda mitad del terreno ascendió a 11,7 millones de dólares. La plusvalía por esta operación en 9 meses superó el 41%.
- Adquisición del 50% de la sociedad Eco Resort San Blas (Tenerife). La CAM vendió sin ningún análisis previo del impacto económico al Grupo Valfensal el 50% de las participaciones en Eco Resort San Blas por un importe de 1 euro, con el objetivo de que esta firma mejorara el porcentaje de ocupación de su hotel en Tenerife. Ahora la CAM no tiene el control de la sociedad. También la caja condonó a la empresa un préstamo de 1,3 millones de euros.
- Operación de un terreno en Playa Prieta (Costa Rica). Según Deloitte existe una diferencia significativa entre los 26.920 euros que una sociedad de Valfensal pagó por una empresa (Blendinvest BV) y el valor del terreno que la firma tenía en sus activos, que era de 16,5 millones de dólares.
