El caso de Pedro Antonio Sánchez

El expresidente de Murcia, imputado por corrupción, deja el PP afirmando que le ofrecieron sobornos pero no los denunció

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

El huracán de Cataluña ha grabado otra muesca en el panel de asuntos de relevancia eclipsados: un día después de que su antecesor en la Presidencia de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, le instara de manera tácita pero inequívoca a marcharse del PP, Pedro Antonio Sánchez entregó este martes su acta de diputado regional y anunció que deja la política.

Imputado en dos casos de corrupción por los que se arriesga a penas de cárcel –la pieza murciana de la Operación Púnica y el llamado caso Auditorio–, Sánchez materializó su abandono de la política y su automática pérdida de aforamiento ante el Tribunal Superior de Murcia (TSJM) tras haberle concedido una entrevista al diario La Verdad.

En esa entrevista, el político hace una afirmación sorprendente que algunas fuentes jurídicas consultadas por infoLibre consideran el potencial germen de una nueva imputación. "¿Sabe qué?", espeta Sánchez en un momento como respuesta a una pregunta sobre el controvertido Auditorio de Puerto Lumbreras. Y prosigue así: "Pude haberme hinchado a dinero cobrando comisiones... Algunas me ofrecieron". De inmediato, el periodista replica: "...Pero no las denunció". El expresidente murciano responde entonces con un monosílabo: "No". El Código Penal prevé hasta dos años de inhabilitación para la autoridad o funcionario "que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia".

Al carecer ya de aforamiento, lo previsible –y así lo remarcaron a este diario distintas fuentes jurídicas– es que la pieza murciana de Púnica vuelva a la Audiencia Nacional y el caso Auditorio, al juzgado 1 de Lorca. Con ese trámite, Sánchez gana tiempo de manera objetiva.

Varios juristas que intervienen en esas causas y con los que ayer consultó infoLibre difieren sobre las consecuencias del regreso de ambos casos a sus tribunales de origen. "Creo que al principio Sánchez pensó que el TSJ sería más benévolo y que ahora lo veía en cambio todo demasiado negro para su futuro", opina una fuente que conoce los dos casos desde su origen. "Que regrese la pieza de Púnica a la Audiencia Nacional –opina en cambio una segunda fuente– me ofrece más garantías y elimina el riesgo de que el enjuiciamiento de los mismos hechos por dos tribunales diferentes se traduzca en sentencias de distinto sentido".

La fuente dice eso último en alusión a un punto sustancial: que los hechos atribuidos a Pedro Antonio Sánchez en Púnica y hasta ahora investigados por el TSJ también afectan a quienes por no haber gozado nunca de aforamiento han mantenido su condición de investigados en la causa que tramita la Audiencia Nacional.

El abogado que representa a Adade , Francisco Montiel, coincide en que "es bueno y más sencillo enjuiciar de manera conjunta a corruptores y corrompidos y que eso lo haga un tribunal profesional y no un jurado en Murcia, que es su tierra". La Fiscalía Anticorrupción consideraba en cambio que la vista de esa pieza murciana, en la que todavía no se ha dictado auto de apertura de juicio, debía quedar en manos de un jurado popular, decisión que estaba pendiente de recurso.

El nuevo titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha mantenido intactas las posiciones del primer instructor del caso, Eloy Velasco, y así lo constata uno de sus últimos autos. En esa resolución, el magistrado tumba los recursos de varios investigados de Murcia y se reafirma en que los políticos involucrados utilizaron los servicios de reputación online que ofrecía el presunto conseguidor Alejandro de Pedro para lavar su imagen en Internet con vistas a las elecciones autonómicas de 2015. Y que esos servicios iban a cargo del erario público. Sánchez sostiene que jamás contrató nada. Basándose en distintos indicios, entre ellos las conversaciones intervenidas, los investigadores entienden que no llegó a contratar nada por una sola razón: que el estallido de la Operación Púnica, en octubre de 2014, dinamitó sus planes.

 

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